Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas

Informe del Secretario General sobre la Trata de Mujeres y Niñas, 2010

 

Trata de mujeres y niñas

 

 

                     Informe del Secretario General

 

 

I. Introducción

 

 

1. En su resolución 63/156 sobre la trata de mujeres y niñas, la Asamblea General instó a los gobiernos a que reforzaran las medidas para combatir y eliminar todas las formas de trata de mujeres y niñas, y a que aplicaran medidas en los planos bilateral, subregional, regional e internacional, en cooperación con todos los agentes pertinentes. La Asamblea alentó a los gobiernos a que hicieran frente a los factores que aumentaban la vulnerabilidad de las mujeres a la trata, tipificaran como delito la trata de personas en todas sus formas, reforzaran las medidas preventivas, apoyaran a las víctimas y supervivientes de la trata y mejoraran el intercambio de información y la reunión de datos. La Asamblea pidió al Secretario General que le presentara, en su sexagésimo quinto período de sesiones, un informe que incluyera las actividades y estrategias que hubieran servido para hacer frente al problema de la trata de personas en sus dimensiones de género, así como las deficiencias encontradas, y ofreciera recomendaciones sobre cómo consolidar enfoques en función del género y la edad en los diversos aspectos de las actividades de lucha contra la trata de personas. El presente informe se ha elaborado en respuesta a esa solicitud y está basado, entre otras cosas, en la información recibida de los Estados Miembros, las entidades del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones. Se refiere al período transcurrido desde que se presentó el informe anterior (A/63/215).

 

 

II. Medidas adoptadas por los Estados Miembros

 

 

2. Al 27 de mayo de 2010, 59 Estados Miembros habían respondido a la solicitud de información del Secretario General[1]. Entre las actividades y medidas declaradas que se han adoptado para combatir la trata de mujeres y niñas se incluyen la ratificación de instrumentos internacionales al respecto, el refuerzo de marcos jurídicos y normativas, la mejora de la coordinación y la cooperación con diferentes partes interesadas y la intensificación de las medidas de prevención y de las actividades encaminadas a enjuiciar a los autores y apoyar a las víctimas y supervivientes.

 

 

A. Instrumentos internacionales

 

 

3. La legislación internacional impone obligaciones a los Estados y los orienta con respecto a la adopción de leyes y políticas de lucha contra la trata; la adhesión de los Estados a los instrumentos internacionales es un indicio de su compromiso con esas actividades. Desde el informe anterior ha continuado aumentando el número de Estados partes en instrumentos jurídicos internacionales relativos a la lucha contra la trata de mujeres y niñas. De los países que presentaron información para el presente informe, Indonesia y la República Árabe Siria han pasado a ser parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, así como el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. El Yemen ha pasado a ser parte en la Convención; China y Qatar, en el Protocolo contra la trata de personas; y el Níger y el Paraguay, en el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes.

4. De los Estados que presentaron información, Alemania y el Congo han pasado a ser parte en el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño; y Australia, Mauricio y Suiza han pasado a ser parte en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Finlandia y Nueva Zelandia han firmado el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, mientras que el Congo ha firmado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

5. Los Estados destacaron la existencia de instrumentos regionales relativos a la cuestión de la trata de mujeres y niñas, como el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos; el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual; la Convención Interamericana sobre tráfico internacional de menores; y la Declaración de Abu Dhabi (ley uniforme) sobre la lucha contra la trata de seres humanos en los países del Golfo.

 

 

B. Legislación y sistema de justicia

 

 

6. La existencia de un marco jurídico amplio sienta las bases para la adopción de medidas eficaces contra la trata de mujeres y niñas en el plano nacional. Por tanto, los avances para reforzar ese marco y hacer que se ajuste a las normas internacionales y regionales son esenciales para luchar contra la trata de mujeres y niñas. No obstante, la ausencia de legislación específica contra la trata o las demoras en la aprobación de esa legislación constituyen obstáculos para una respuesta efectiva al problema.

7. En numerosos Estados, el código penal y las leyes sobre la inmigración, el asilo o asuntos conexos, ya tipifican explícitamente delitos penales relacionados con la trata de personas (Argelia, Australia, Azerbaiyán, Bolivia (Estado Plurinacional de), Bulgaria, Canadá, Colombia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Federación de Rusia, Finlandia, Georgia, Lituania, Malta, Mauricio, Nicaragua, Nueva Zelandia, Países Bajos, Paraguay, Portugal, República de Corea, Serbia, Suecia, Suiza y Ucrania). En algunos Estados, esas leyes abarcan varias formas de trata, como la realizada con fines de explotación sexual, de trabajo o servicios forzosos, o de extracción de órganos (Bulgaria, Federación de Rusia, Lituania, Malta, Países Bajos, Portugal, Serbia, Suecia y Suiza), así como la trata dentro del país (Bulgaria, Canadá, Colombia, Georgia, Portugal y Suecia). Numerosos Estados han reforzado las penas para los responsables de la trata a fin de equipararlas a las impuestas para otros delitos graves. Entre los castigos impuestos figuran multas y penas de entre 5 y 15 años de prisión que tienden a aumentar por circunstancias agravantes, especialmente cuando la víctima es menor de edad. Las personas que, con conocimiento de causa, hagan uso de los servicios de víctimas o supervivientes de la trata incurren en responsabilidad penal en países como Croacia, Georgia, Portugal y Serbia. En Dinamarca, los Países Bajos y Suecia, el derecho penal recoge delitos de trata de personas cometidos en otros países. Colombia y el Paraguay prohíben la trata de personas en sus respectivos textos constitucionales.

8. La trata también puede quedar incluida en otros delitos, como la extracción de órganos (España), la inducción u obligación a ejercer la prostitución (Polonia), la esclavitud (Camerún, Eslovenia y Sudán), los trabajos forzosos (Arabia Saudita, Camerún y Djibouti), el secuestro (Sudán), la violencia sexual (Argelia), la explotación sexual y comercial de niños (Congo) o la adopción ilegal (Croacia, España y Serbia).

9. Un número creciente de países, además de tipificar la trata en el marco de la legislación penal, utilizan la prometedora práctica de promulgar leyes amplias, que abarcan delitos relacionados con la trata y establecen otras medidas diversas entre las que se incluyen servicios de protección y apoyo para las víctimas y supervivientes, como permisos de residencia temporales; la indemnización por daños a las víctimas y supervivientes; medidas de prevención; y la creación de órganos nacionales de coordinación sobre la trata de personas (Bulgaria, Chipre, Djibouti, Filipinas, Georgia, Mauricio, México y Senegal). Otros Estados aplican una ley específica sobre la trata de personas (Arabia Saudita, Argentina, Azerbaiyán, Belarús, Brunei Darussalam, Indonesia, Jamaica, Kenya, República Árabe Siria, República Dominicana, República Unida de Tanzanía y Uganda) o la trata de niños (Camerún). Los servicios de protección, asistencia y reintegración para las víctimas y supervivientes también están cada vez más consagrados en las leyes o disposiciones legislativas (Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Canadá, Colombia, Eslovaquia, Finlandia, Indonesia, Italia, Malta, Nueva Zelandia, Suecia y Suiza), al igual que la expedición de permisos de residencia para las víctimas y supervivientes (Austria, Belarús, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suecia), la reparación a las víctimas y supervivientes (Austria, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia y Lituania), y la vigilancia y reglamentación de las agencias matrimoniales internacionales (República de Corea). En varios Estados se están llevando a cabo actividades encaminadas a enmendar o promulgar legislación contra la trata (Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, España, Líbano, Níger, Paraguay, Polonia, Qatar, República Dominicana, Suecia, Ucrania y Yemen).

10. Se han obtenido progresos en la protección y la asistencia a las víctimas y supervivientes de la trata durante las actuaciones penales. Existe una amplia diversidad de medidas, tales como los programas de protección de testigos (Austria, Belarús, Eslovaquia, Eslovenia, España, Federación de Rusia, Filipinas y Georgia); apoyo a las víctimas y supervivientes que aportan pruebas (Canadá, Dinamarca, Eslovaquia, Indonesia y Polonia) mediante el uso de videoconferencias (Suecia); y audiencias a puerta cerrada (Georgia e Italia). Se han establecido unidades especiales de policía o de la fiscalía en cierto número de países (Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Filipinas, Jamaica, Lituania, México, Polonia, República Dominicana, República Unida de Tanzanía y Suiza). En la mayor parte de los países que han facilitado información se han impartido programas de capacitación y se ha facilitado a la policía o la fiscalía material relativo a la trata de personas, incluidas directrices para la investigación y el enjuiciamiento, a veces dedicados especialmente a la trata de niños o la extracción de órganos. Sin embargo, los índices de enjuiciamiento declarados siguen siendo bajos. Aunque la aplicación inadecuada de la ley se mencionó como uno de los motivos posibles de esta situación, los Estados hicieron hincapié en la necesidad de enjuiciar y sancionar a todos los autores, incluidos los funcionarios públicos implicados en las actividades de bandas de tratantes.

 

 

C. Planes de acción, estrategias y mecanismos de
coordinación nacionales

 

 

11. Los planes de acción y las estrategias nacionales ofrecen marcos generales para prevenir y combatir la trata de personas y mejorar la coordinación entre los sectores y los interesados pertinentes. Cada vez se están aplicando más planes dedicados a la lucha contra la trata y muchos de ellos incluyen medidas específicas relativas a la trata de mujeres o de niños (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Bulgaria, China, Chipre, Colombia, Congo, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Filipinas, Finlandia, Georgia, Líbano, Lituania, México, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, República de Corea, República Dominicana, Senegal, Serbia, Suecia, Ucrania y Yemen). Sobre la base de la experiencia adquirida, esos planes y estrategias suelen incluir medidas en todos los ámbitos necesarios para la labor sistemática de lucha contra la trata y, en particular, encaminadas a aumentar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de la trata; detectar, proteger, rehabilitar y reintegrar a las víctimas y supervivientes; elaborar o enmendar legislación; realizar investigaciones, elaborar informes y recopilar datos; impartir capacitación a gran variedad de profesionales que se ocupan de las víctimas y supervivientes de la trata; sensibilizar e informar al público en general así como a las posibles víctimas y supervivientes; y fomentar la cooperación entre todos los agentes dedicados a la lucha contra la trata de personas. Algunos de los planes de acción incluyen metas y plazos específicos para las actividades, y en varios países se están llevando a cabo estudios sobre sus repercusiones.

12. Algunos Estados están ejecutando planes o estrategias específicos sobre la trata de mujeres o niños, o bien sobre la explotación sexual. Por ejemplo, Indonesia tiene un plan de acción nacional para combatir la trata de mujeres y niños y la explotación sexual de los niños; la República de Corea tiene un plan para prevenir la explotación sexual; y el Congo, Croacia y el Yemen han adoptado estrategias para combatir la trata de niños. Australia y España tienen estrategias dedicadas específicamente a la trata con fines de explotación sexual. Haití ha puesto en marcha un plan de acción para proteger a los niños vulnerables, incluidos los que han sido víctimas o supervivientes de la trata. El Brasil incluyó disposiciones sobre la trata de mujeres y niños en sus estrategias relativas a la violencia contra la mujer y contra los niños. En el Senegal se han puesto en marcha planes de acción locales para combatir la trata de niños.

13. Los mecanismos nacionales dedicados a mejorar la coordinación entre todos los agentes participantes en la elaboración y la aplicación de leyes y políticas se reconocen como un instrumento importante en la lucha contra la trata. La mayoría de los Estados que han presentado informes tienen instituciones de ese tipo en funcionamiento, mientras que Haití y la República Árabe Siria están planificando su creación. En muchos países, esos mecanismos son multisectoriales y están compuestos por representantes de las autoridades públicas, entre ellas la policía, la fiscalía y el servicio de inmigración; los prestadores de servicios; y la sociedad civil. Bulgaria, Colombia, Filipinas e Indonesia han creado órganos de coordinación provinciales o locales, o de ambos tipos. Algunos países han nombrado relatores nacionales sobre la trata (Finlandia, Países Bajos y Suecia), mientras que otros han establecido una red de centros (Brasil) o dependencias especializadas en la trata dentro de autoridades gubernamentales clave (Azerbaiyán, Belarús, Colombia, Federación de Rusia, Lituania, Malta, Nicaragua, Paraguay, Polonia y República Dominicana) o de la institución nacional de derechos humanos (Arabia Saudita).

 

 

D. Cooperación y acuerdos bilaterales, regionales
e internacionales

 

 

14. Los Estados han reconocido que la cooperación bilateral y multilateral es clave para combatir y eliminar la trata de mujeres y niñas, y muchos de ellos han intensificado sus actividades destinadas a ampliar y fortalecer ese tipo de cooperación.

15. En el plano regional, se han aprobado o se están preparando varios tipos de acuerdos y estrategias. Por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos aplica estrategias para combatir la trata de personas, al tiempo que miembros del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) han concertado un acuerdo para prevenir la trata y el contrabando de niños y adolescentes con fines de explotación sexual. Nicaragua mencionó una coalición subregional para luchar contra la trata y proteger a las víctimas y supervivientes. Australia, el Canadá, Indonesia, Nueva Zelandia, la República Árabe Siria y la República de Corea informaron sobre el proceso de Bali, un esfuerzo colaborativo de más de 50 países y organismos internacionales para mejorar la cooperación y la coordinación regionales sobre el contrabando y la trata de personas y la delincuencia transnacional conexa. Otros países hicieron referencia a un memorando de entendimiento y un plan de acción conjunto sobre la cooperación contra la trata de personas en la subregión del Gran Mekong, aprobados en el marco de la iniciativa ministerial coordinada del Mekong contra la trata. La Federación de Rusia resaltó un programa de coordinación en la Comunidad de Estados Independientes que incluye la preparación de leyes modelo sobre la lucha contra la trata y la prestación de asistencia a las víctimas y supervivientes. La Unión Europea ha aprobado un plan sobre mejores prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla. En Europa Sudoriental se han elaborado programas multilaterales para reforzar la respuesta a la trata y la protección de las víctimas. El Camerún, el Congo y el Senegal hicieron referencia a un acuerdo de cooperación para combatir la trata de personas en África central y oriental, así como a un plan de acción contra la trata de personas en el marco de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental y la Comunidad Económica de los Estados de África Central, ambos dedicados especialmente a las mujeres y los niños. Varios Estados de África occidental están preparando una política regional para proteger y prestar asistencia a las víctimas y supervivientes de la trata, así como planes de acción o acuerdos subregionales para luchar contra la trata de niños.

16. Numerosos países han concertado acuerdos bilaterales o iniciado asociaciones de colaboración, frecuentemente con miras a mejorar las iniciativas policiales y judiciales (Argelia, Austria, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Congo, Eslovenia, España, Finlandia, Georgia, Lituania, México, Nicaragua, Nueva Zelandia, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal, República de Corea, República Unida de Tanzanía, Senegal, Serbia, Ucrania y Yemen). Varios Estados resaltaron su cooperación con la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Oficina Europea de Policía (Europol) o Eurojust, o bien en equipos de trabajo o redes regionales contra la trata de personas o la delincuencia organizada, como los establecidos bajo los auspicios de los Estados del Báltico. Algunos Estados, como Finlandia, han destacado a oficiales de enlace en los países de origen.

17. La mayoría de los Estados que presentaron informes cooperan en programas bilaterales o multilaterales de lucha contra el tráfico de personas, o prestan apoyo para los mismos, junto con entidades de las Naciones Unidas y regionales, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otros Estados, incluidos proyectos de desarrollo en los países de origen y en colaboración con esos países. Esos proyectos abarcan una gama de iniciativas encaminadas a prevenir y combatir la trata, como la capacitación del personal policial, judicial, diplomático, de inmigración y de otro tipo; la mejora del apoyo y la asistencia prestados a las víctimas; la rehabilitación y reintegración de víctimas y supervivientes rescatados; la sensibilización; el examen de los marcos legislativos e institucionales; el intercambio de información y mejores prácticas; la respuesta a las causas fundamentales de la trata; la promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas; y la realización de estudios sobre el alcance, la índole y las consecuencias de la trata. Muchos Estados han organizado o participado en conferencias y reuniones bilaterales, regionales o internacionales sobre la trata de personas.

 

 

E. Medidas de prevención, incluida la sensibilización,
y fomento de la capacidad

 

 

18. La prevención es un elemento fundamental de toda estrategia destinada a eliminar la trata de mujeres y niñas, y los Estados están llevando a cabo una creciente variedad de medidas al efecto. La mayor parte de los Estados que han presentado informes consideran que los programas educativos sobre la igualdad entre los géneros, los derechos humanos de la mujer, la violencia contra la mujer, la explotación sexual y el trabajo forzoso, así como las campañas de sensibilización e información encaminadas a aumentar el conocimiento y la conciencia sobre la trata de personas y los riesgos que conlleva, y sobre las medidas contra la trata existentes, son herramientas útiles y los están utilizando. Entre otras actividades se incluyen la publicación de artículos, carteles, anuncios y folletos en medios electrónicos e impresos; la emisión de programas de radio y televisión, así como de vídeos, y la creación de sitios web contra la trata; la presentación de películas y documentales; y la inclusión en los planes de estudios escolares de temas relativos a la trata de personas. También se están utilizando los deportes y concursos, junto con espectáculos públicos, obras de teatro, exposiciones, seminarios y conferencias, para crear conciencia y generar conocimiento al respecto. Muchas de esas actividades se llevan a cabo en varios idiomas y en cooperación con asociados, como organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y regionales, instituciones nacionales de derechos humanos, medios de comunicación y el sector empresarial.

19. Se han efectuado campañas informativas generales y específicas, en particular para abordar el problema de la demanda. En la República de Corea, una campaña se centró en la prevención de la explotación sexual y la prostitución, mientras que en los Países Bajos se llevó a cabo una campaña de sensibilización destinada a las personas que hacen uso de servicios sexuales. En Croacia y Dinamarca hubo campañas dirigidas a los usuarios potenciales de los servicios de víctimas y supervivientes de la trata con fines de explotación sexual así como laboral. Suecia está evaluando las medidas puestas en marcha para frenar la demanda de servicios sexuales y Australia está ejecutando una estrategia de sensibilización sobre la trata para educar a las personas que trabajan en el sector del sexo y las que entran en contacto con ellas. Otras campañas en marcha o previstas están dirigidas a aumentar la conciencia sobre los trabajos forzosos y la explotación laboral (Bulgaria, Camerún y Polonia), las actividades delictivas en torno a los actos multitudinarios (Canadá) y el abuso de menores (Kenya). Se han llevado a cabo campañas específicas acerca de la trata junto con actividades de extensión y distribución de material informativo, en zonas presuntamente de riesgo (China y Nicaragua), en centros de detención para extranjeros (Eslovaquia) o aeropuertos (Chile), y dirigidas a posibles víctimas; a alumnos y padres, así como a niños en modalidades alternativas de cuidado; a desempleados; a miembros de grupos minoritarios; a migrantes, personas que estén pensando en emigrar o trabajadores extranjeros temporales, en particular mujeres, y sus posibles empleadores (Arabia Saudita, Austria, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Canadá, China, Eslovaquia, Finlandia, Georgia, Jamaica, Lituania, Malta, México, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, Serbia y Ucrania). En España, México y el Senegal se llevaron a cabo campañas informativas contra la trata para sensibilizar a quienes trabajan en el sector del turismo.

20. Los Estados hicieron cada vez más hincapié en la necesidad de que las estrategias de prevención se ocupen de las condiciones que hacen a las mujeres y los niños vulnerables a la trata, como la pobreza y la falta de oportunidades de empleo y educación. Con ese fin, hubo Estados que informaron sobre programas para erradicar la pobreza y ampliar las redes de seguridad social (Argelia, México y Yemen); actividades de erradicación de la pobreza dirigidas a mujeres (Djibouti y Sudán); medidas para mejorar el acceso de las niñas y las mujeres a la educación (Camerún, Djibouti y Sudán); y formación profesional para mujeres (Colombia y Senegal).

21. Todos aquellos que responden a la trata de mujeres y niñas necesitan tener la capacidad de manejar la cuestión de manera eficaz y con una perspectiva de género. La mayoría de los Estados ofrecían programas de capacitación, directrices y manuales sobre la trata de mujeres y niñas y, más en general, sobre los derechos humanos de las mujeres y los niños. Con frecuencia esos programas iban dirigidos a funcionarios públicos, en particular personal diplomático y de inmigración, agentes de policía y personal de juzgados; trabajadores sociales; trabajadores de la salud; maestros; trabajadores de centros de empleo; inspectores de trabajo; personal de centros de detención y de modalidades alternativas de cuidado; operadores de líneas telefónicas de asistencia; capacitadores acerca de la trata; y otras personas que pudieran entrar en contacto con víctimas y supervivientes. Frecuentemente, la capacitación era impartida por, o en cooperación con, organizaciones no gubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos, asociados regionales e internacionales y otros Estados. Los temas tratados incluían la investigación y el enjuiciamiento de los autores, y la detección, la protección y el apoyo a las víctimas y supervivientes. Varios países impartían capacitación sobre la trata al personal que prestaba servicios en operaciones de mantenimiento de la paz u otras operaciones internacionales.

22. Las iniciativas de fomento de la capacidad también abarcaban la creación de centros especializados. Por ejemplo, en Dinamarca se creó un centro contra la trata de personas para mejorar el apoyo a las víctimas y supervivientes, coordinar la colaboración entre las organizaciones sociales y otras autoridades públicas, y reunir y transmitir información sobre la trata de seres humanos. En Belarús se estableció un centro de capacitación internacional sobre la migración y la prevención de la trata.

23. Los Estados reconocieron la necesidad de intensificar las actividades de prevención. La conciencia y el conocimiento generales sobre la trata de mujeres y niñas siguen siendo bajos y obtener la financiación necesaria para las iniciativas, incluidas las de fomento de la capacidad, continúa siendo un problema.

 

 

F. Servicios y apoyo a las víctimas y supervivientes

 

 

24. Es preciso detectar correctamente a las víctimas de la trata para poder ofrecerles un nivel apropiado de protección y apoyo. Para que se recuperen del trauma es esencial contar con servicios tales como medidas de apoyo social, rehabilitación e integración. En numerosos países se han reforzado las iniciativas encaminadas a detectar mejor a las víctimas y supervivientes, por ejemplo mediante la elaboración de material de orientación, incluso sobre los factores de riesgo y las normas empleadas para la detección (Austria, Azerbaiyán, Croacia, Eslovaquia, Georgia, Lituania, México, Países Bajos, Portugal y Serbia); la creación de mecanismos para detectar a las víctimas y supervivientes durante los procedimientos de asilo (Eslovenia); y la inclusión de la detección de víctimas y supervivientes en el mandato de las instituciones nacionales sobre la trata (Argentina). Austria está examinando la posibilidad de crear un centro nacional para mejorar la detección de víctimas y supervivientes de la trata. Algunos Estados notificaron iniciativas para informar a las víctimas y supervivientes sobre sus derechos. Por ejemplo, Chipre y España han elaborado folletos en los que se resumen los derechos de las víctimas y supervivientes y los recursos a su alcance. En varios países, como Finlandia y la República Eslovaca, la policía está obligada a facilitar esa información.

25. En un número creciente de países existen servicios especializados a disposición de las víctimas y supervivientes de la trata, a veces dirigidos especialmente a las mujeres o los niños. Esos servicios pueden consistir en asistencia psicológica, médica, jurídica, social o financiera, así como refugios, con frecuencia gestionados por, o en cooperación con, organizaciones no gubernamentales y otros asociados, y con el apoyo financiero de los Estados (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chipre, Colombia, Congo, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Federación de Rusia, Filipinas, Georgia, Indonesia, Italia, Jamaica, Líbano, Lituania, Malta, México, Nueva Zelandia, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, República de Corea, República Dominicana, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania, Uganda y Yemen). Numerosos países han establecido líneas telefónicas permanentes de ayuda a las víctimas y supervivientes de la trata o para denunciar casos de trata. Ciertos países también llevan a cabo programas para la rehabilitación, la reintegración y el retorno de las víctimas y supervivientes, con frecuencia en cooperación con la OIM u organizaciones no gubernamentales (Australia, Austria, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Filipinas, Finlandia, Georgia, Indonesia, Italia, Lituania, México, Nicaragua, Polonia, República Dominicana, Sudán, Suecia, Suiza, Ucrania y Yemen).

26. Una vez localizadas las víctimas y supervivientes, cada vez es más frecuente que los países de destino les otorguen períodos de recuperación y reflexión, generalmente de uno a tres meses, para que estudien sus posibilidades (Austria, Bulgaria, Canadá, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Lituania, Malta, Países Bajos, Portugal, Suecia y Suiza). Muchos Estados conceden permisos de residencia o de estancia a las víctimas y supervivientes, o se están preparando para ello (Australia, Austria, Belarús, Brasil, Canadá, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Georgia, Italia, Lituania, Malta, México, Nueva Zelandia, Países Bajos, Portugal, Suecia y Suiza).

27. Existe una tendencia creciente a crear mecanismos o procedimientos nacionales de remisión y redes nacionales o multilaterales para velar por la prestación eficaz de apoyo y por la protección de las víctimas y supervivientes, especialmente de los niños, con frecuencia en colaboración con la sociedad civil (Argentina, Austria, Azerbaiyán, Brasil, Bulgaria, Chipre, Colombia, Croacia, Dinamarca, Filipinas, Georgia, Malta, Nicaragua, Países Bajos, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Serbia y Ucrania). El Brasil está ejecutando un proyecto piloto por el que se crea una red de asistencia específicamente para las mujeres víctimas y supervivientes de la trata. Muchos países emplean protocolos, manuales y orientaciones para los prestadores de servicios acerca de la protección y el apoyo de las víctimas y supervivientes de la trata, tales como Alemania, Azerbaiyán, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Canadá, Colombia, Croacia, España, Filipinas, México, Nicaragua, el Paraguay y Portugal. Algunos manuales incluyen disposiciones específicas para los niños y las mujeres.

28. Muchos de los servicios ofrecidos a las víctimas y supervivientes solamente están disponibles en zonas urbanas o en ubicaciones limitadas. Además, en varios países, la asistencia a las víctimas y supervivientes sigue condicionada a su participación en las acciones judiciales.

 

 

G. La función del sector empresarial y los medios
de comunicación

 

 

29. Los Estados reconocen la importante función que puede ejercer el sector privado para combatir y prevenir la trata de mujeres y niñas, así como la necesidad de intensificar la colaboración con ese sector. Simultáneamente, la comunidad empresarial sigue creando y adoptando mecanismos de autorregulación, como códigos de conducta, y estableciendo parámetros de medición e instrumentos para prevenir y combatir la trata. En el sector del turismo de Bulgaria y Suecia se han firmado códigos de conducta para la prevención de la trata y la explotación sexual de niños. Las empresas de telecomunicaciones de Suecia han puesto en práctica programas de responsabilidad social empresarial, incluidos los que apoyan las líneas telefónicas para la denuncia de casos de trata. Los Países Bajos cooperan con el sector turístico en la sensibilización acerca de la utilización de niños en el turismo sexual y están alentando a los operadores turísticos a que apliquen un código de conducta sobre ese tipo de turismo. En Colombia se han firmado declaraciones conjuntas del sector público y el privado para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Italia declaró un proyecto para reforzar la cooperación entre el sector público y el privado en materia de detección y apoyo a los niños víctimas y supervivientes de la trata, así como a los que están en situación de riesgo al respecto, en tanto que Malta está llevando a cabo una campaña de sensibilización para combatir la trata de niños y adolescentes, colaborando para ello con una empresa de cosméticos que también hace donaciones para servicios de apoyo a las víctimas y supervivientes. La Arabia Saudita está planificando la supervisión de las agencias de empleo.

30. Los medios de comunicación son asociados importantes para sensibilizar y difundir información. También tienen un papel fundamental en la difusión de publicidad e información que pueden alimentar la demanda de actividades de trata de mujeres y niñas. Bulgaria, Chipre y Colombia informaron sobre programas de capacitación en materia de trata de personas destinados a periodistas. En España, el plan de acción nacional de lucha contra la trata tiene como objetivo reducir la publicidad de servicios sexuales en los medios de comunicación. En Polonia, los medios de comunicación han llevado a cabo campañas publicitarias sobre la trata, mientras que las cadenas de televisión de Colombia y Ucrania incluyen información sobre la trata en sus programas, dentro de campañas de concienciación.

 

 

H. Reunión de datos e investigación

 

 

31. Los Estados reconocen que siguen disponiendo de escasa documentación acerca de la trata de mujeres y niñas. La investigación, así como la disponibilidad y el intercambio de datos, son esenciales para la elaboración y aplicación de legislación y políticas mejores, así como de otras medidas al efecto, como servicios para las víctimas y supervivientes, y la evaluación de los resultados. Aunque algunos Estados facilitaron ciertos datos disponibles sobre víctimas y supervivientes, investigaciones, juicios y sentencias en casos de trata de seres humanos, el número de casos que llega a manos de la policía, los tribunales o los proveedores de servicios es reducido, las metodologías para la reunión de esos datos difieren y las estimaciones sobre el número de víctimas y supervivientes varían.

32. Los Estados han intensificado sus actividades para iniciar o mejorar la reunión y el análisis de datos relativos a la trata de personas. Lo hacen, por ejemplo, mediante programas de investigación, capacitación y estudios, con frecuencia en colaboración con organizaciones internacionales o no gubernamentales. Los temas abarcan los siguientes: causas de la trata de mujeres y niños, diferentes formas de explotación laboral, demanda de servicios para las víctimas y supervivientes de la trata, o voluntad de las víctimas para testificar en acciones judiciales (Alemania, Australia, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Dinamarca, Djibouti, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Indonesia, Líbano, México, Níger, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, República Dominicana, Samoa, Serbia, Sudán, Suecia, Ucrania, Uganda y Yemen). En Chipre, los Países Bajos y Suecia, el mecanismo nacional de coordinación dedicado o el relator sobre la trata tienen el mandato de reunir esos datos.

33. Los Estados han resaltado medidas prometedoras para aumentar la base de conocimientos sobre la trata, como las siguientes: un estudio de viabilidad sobre la preparación de un marco nacional para la recopilación de datos (Canadá); creación de un sistema nacional de supervisión (Colombia e Italia); elaboración de bases de datos y otros sistemas de reunión de datos (Argelia, Argentina, Brasil, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Filipinas, Georgia, Lituania, México y Senegal); creación de un sistema para el registro de casos de trata de personas (Paraguay y Portugal); redacción de orientaciones para la reunión de datos en el plano regional y elaboración de un índice sobre la trata basado en indicadores (Austria y Suecia); definición de indicadores (Dinamarca, Malta y Polonia); cartografía de las rutas de la trata (Nicaragua); creación de un centro multidisciplinar de conocimientos sobre la trata de seres humanos y el contrabando de personas (Países Bajos); y observatorio sobre la trata de personas (Portugal). Finlandia indicó que el Instituto Europeo de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia afiliado a las Naciones Unidas reúne y analiza datos sobre la trata de seres humanos.

 

 

III.   Actividades emprendidas en el sistema de
las Naciones Unidas

 

 

34. Algunos órganos intergubernamentales y de expertos continúan ocupándose de la trata de mujeres y niñas, y se han celebrado debates mundiales sobre la cuestión. Varias entidades de las Naciones Unidas ejecutaron actividades y elaboraron nuevas iniciativas, especialmente en apoyo de los esfuerzos nacionales. Al 27 de mayo de 2010, 11 entidades del sistema de las Naciones Unidas habían respondido a la solicitud de información del Secretario General[2].

 

 

I. Desarrollo jurídico y normativo en el mundo

 

 

Resoluciones, recomendaciones y debates

 

35. Los órganos intergubernamentales y de expertos de las Naciones Unidas siguieron aprobando resoluciones y recomendaciones para hacer frente a la trata de personas, en particular de mujeres y niñas. Por ejemplo, la Asamblea General aprobó, en su sexagésimo cuarto período de sesiones, celebrado en 2009, la resolución 64/178 sobre medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la trata de personas, y el Consejo Económico y Social, en su período de sesiones de 2008, aprobó la resolución 2008/33 sobre el fortalecimiento de la coordinación de las actividades de las Naciones Unidas y otros esfuerzos en la lucha contra la trata de personas. En su 11º período de sesiones (celebrado del 2 al 19 de junio de 2009), el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución 11/3 sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

36. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, durante sus períodos de sesiones tercero a octavo, celebrados entre diciembre de 2008 y mayo de 2010, continuó haciendo recomendaciones sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, para 75 de los 96 países que examinó, destacando la necesidad de que los Estados en cuestión prosiguieran o intensificaran sus esfuerzos para combatir y prevenir la trata y para facilitar protección y apoyo a las víctimas y supervivientes. El Grupo de Trabajo recomendó a los Estados que evaluaran y supervisaran las medidas adoptadas para medir su eficacia; se ocuparan de las causas de la trata; intensificaran los esfuerzos encaminados a enjuiciar y sancionar a todos los autores, incluidos los funcionarios públicos; y tuvieran en cuenta los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) al elaborar o aplicar esas medidas.

37. Los órganos creados en virtud de los principales tratados internacionales de derechos humanos siguieron ocupándose de la cuestión de la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, en sus observaciones finales sobre los informes de los Estados partes[3]. Expresaron preocupación por la persistencia, el incremento y la prevalencia de la trata de personas, así como por la falta de datos y de estudios al respecto. Recomendaron que los Estados intensificaran sus esfuerzos por aplicar eficazmente las leyes, los planes de acción y las políticas, y evaluaran las repercusiones de todas las medidas adoptadas. En particular, los órganos creados en virtud de tratados han recomendado lo siguiente: reforzar la legislación y las políticas; asignar financiación adecuada para la ejecución de todas las medidas iniciadas; recopilar y analizar sistemáticamente los datos y los estudios para hacer una evaluación plena de las causas, las consecuencias y el alcance de la trata de mujeres y niñas; llevar a cabo la investigación, el enjuiciamiento y la sanción eficaces de los autores e imponer penas acordes con la gravedad de los actos cometidos; detectar adecuadamente las víctimas y supervivientes, protegerlas y darles acceso a servicios de apoyo, independientemente de si cooperan o no con las autoridades judiciales; reforzar la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino; reforzar las medidas preventivas, incluida la sensibilización, y ocuparse de las causas de la trata, en particular la situación económica y social de las mujeres, que aumenta su vulnerabilidad; e impartir capacitación y fomentar la capacidad de las fuerzas del orden público y los agentes de patrulla fronteriza y de inmigración, así como de los profesionales del derecho, los parlamentarios, los profesionales de la salud, los trabajadores sociales, los profesionales de los medios de comunicación, el personal docente y los administradores de colegios.

38. Los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos siguieron emitiendo recomendaciones sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Por ejemplo, la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños[4], recomendó que los Estados ofrecieran a todas las personas objeto de trata acceso a servicios de apoyo y asistencia especializada, independientemente de su situación de inmigración, y velaran por que el estatuto de residencia y el acceso a los servicios no dependiera de su colaboración en actuaciones penales. La Relatora Especial recomendó también que los Estados se aseguraran de que las disposiciones adoptadas con el fin de prevenir y combatir la trata no tuvieran un impacto negativo sobre los derechos y la dignidad de las personas que hubieran sido objeto de trata. Además, la Relatora recomendó que se crearan órganos regionales de supervisión que pudieran examinar periódicamente la ejecución de los instrumentos normativos y los planes de trabajo y hacer recomendaciones[5].

39. El 13 de mayo de 2009, la Asamblea General celebró un diálogo temático interactivo sobre el tema de la acción colectiva para poner fin a la trata de personas. En marzo, abril, mayo y junio de 2010 se celebraron consultas oficiosas de la Asamblea General para examinar la elaboración de un plan de acción mundial de las Naciones Unidas para luchar contra la trata de personas, como se indicó en la resolución 64/178 de la Asamblea General.

 

 

B. Iniciativas de las entidades de las Naciones Unidas,
incluidas las actividades en apoyo de los esfuerzos
nacionales

 

 

1. Labor de coordinación

 

40. La Iniciativa mundial de las Naciones Unidas para luchar contra la trata de personas, promovida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)[6], lleva a cabo diversas actividades en las siguientes esferas: promoción para contribuir a la sensibilización sobre la trata de seres humanos; aumento de la información sobre la trata de seres humanos para la elaboración de políticas en los planos mundial, regional y nacional; coordinación entre las organizaciones internacionales y las asociaciones de colaboración innovadoras entre el sector público y el privado; y fomento de la capacidad de los interesados. El Grupo Interinstitucional de cooperación contra la trata de seres humanos, presidido por la UNODC[7], celebró varias reuniones y continuó su labor encaminada a mejorar la cooperación y la coordinación entre las entidades de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y a facilitar un enfoque global para prevenir y combatir la trata de personas, así como a proteger y apoyar a las víctimas y supervivientes.

 

2. Estudios e informes

 

41. Las entidades del sistema de las Naciones Unidas continúan celebrando reuniones y preparando informes y análisis para facilitar la labor de los órganos intergubernamentales y de expertos y contribuir a la elaboración de respuestas mundiales al problema de la trata de mujeres y niñas. En el informe mundial sobre la trata de personas de la UNODC correspondiente a 2009 se reúne información sobre la situación de la respuesta internacional a la trata de seres humanos y se incluyen datos sobre la labor nacional en materia legislativa y de ejecución. En 2009 se publicó un estudio conjunto de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa sobre el tráfico de órganos, tejidos y células y la trata de seres humanos con fines de extirpación de órganos, en el que se incluyeron diversas recomendaciones para responder a ese fenómeno.

42. La trata de mujeres y niñas se examinó en el informe del Secretario General, preparado por la División para el Adelanto de la Mujer del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría con ocasión del examen de los 15 años de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing[8], especialmente en las secciones dedicadas a la violencia contra la mujer. En ese informe se ofreció una sinopsis de las tendencias de la aplicación a nivel nacional, las lagunas y dificultades que subsistían, y las esferas prioritarias para medidas futuras. Con arreglo a la resolución 11/3 del Consejo de Derechos Humanos sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el ACNUDH organizó en mayo de 2010 un seminario con objeto de determinar las oportunidades y dificultades en la búsqueda de soluciones basadas en derechos al problema de la trata de personas, y presentará al Consejo un informe sobre las deliberaciones y los resultados.

 

3. Reunión de datos, investigación y apoyo a la elaboración de políticas

 

43. Las entidades de las Naciones Unidas y otras organizaciones continúan llevando a cabo actividades encaminadas a mejorar la disponibilidad de datos, así como el análisis y la investigación sobre la trata de mujeres y niñas. La OIM mantiene una base de datos mundial sobre la trata de seres humanos, al tiempo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) mantiene una base de datos en línea con estadísticas sobre la trata de personas en Asia, ambas con datos desglosados por sexo y edad. La OIM publicó un manual sobre indicadores de resultados para los proyectos de lucha contra la trata en 2008, algunos de ellos relacionados con las mujeres y las niñas, y está efectuando un examen de cuestiones metodológicas y éticas relacionadas con la investigación sobre la trata de seres humanos. En marzo de 2009 se presentó la base de datos del Secretario General sobre la violencia contra la mujer, en respuesta a la resolución 61/143 de la Asamblea General sobre la intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. La base de datos, gestionada por la División para el Adelanto de la Mujer, es el primer sitio mundial que aporta información completa sobre las medidas emprendidas por los Estados Miembros para responder a todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la trata de mujeres y niñas. Hasta la fecha, 87 Estados Miembros han hecho aportaciones para la base de datos[9]. La División efectúa un inventario de las actividades del sistema de las Naciones Unidas relacionadas con la violencia contra la mujer, incluida la trata, y lo actualiza dos veces al año gracias a la labor llevada a cabo por el Equipo de Tareas sobre la violencia contra la mujer de la Red interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la mujer y la igualdad entre los géneros.

44. Las iniciativas de investigación, llevadas a cabo o promovidas por entidades de las Naciones Unidas en el plano nacional, han servido de base para la evolución legislativa y en materia de políticas. El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) ha apoyado estudios encaminados a mejorar la recopilación de datos sobre la trata de seres humanos, incluidos datos relacionados con el género, y a evaluar la trata en la República de Moldova y Maldivas, respectivamente. En la India, el UNIFEM apoyó un foro ministerial sobre las alianzas en relación con la trata, la violencia de género y el VIH/SIDA, como resultado del cual se aprobó una carta sobre la rendición de cuentas. La UNESCO organizó un diálogo sobre políticas para combatir la violencia contra la mujer y la trata de mujeres y niñas durante un foro de los Ministros de Asuntos de la Mujer de la región de los Grandes Lagos, con miras a elaborar o reforzar planes de acción nacionales y crear mecanismos de supervisión. La UNESCO llevó a cabo una investigación sobre las causas de la trata de mujeres y niñas y difundió información sobre mejores prácticas entre los responsables de la elaboración de políticas de varios países de África. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) llevó a cabo un estudio sobre el riesgo que sufren los refugiados de Tailandia de ser víctimas de trata, mientras que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), junto con miembros del Grupo Mundial sobre Migración, publicó un informe sobre la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes en relación con la trata. En Mongolia, con el apoyo financiero prestado por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra la mujer, se hizo un estudio sobre la trata con fines de explotación sexual. El UNIFEM, en alianza con la UNODC, impulsó la creación de un grupo de estudios contra la trata en Asia meridional, que actúa como mecanismo de diálogo para mejorar las iniciativas de coordinación nacionales y regionales destinadas a luchar contra la trata de mujeres y niños.

 

4. Fomento de la capacidad

 

45. Las entidades de las Naciones Unidas continuaron apoyando las medidas de fomento de la capacidad en el ámbito de la trata de mujeres y niñas en beneficio de diferentes interesados. Entre esas iniciativas se cuentan las siguientes: capacitación de la policía de Nigeria por el UNIFEM en colaboración con el UNICEF, el UNFPA y agentes nacionales; capacitación impartida por el ACNUR a funcionarios públicos, empleados de refugios para víctimas de la trata y otros destinatarios, en Tailandia; capacitación impartida con el apoyo de la UNESCO a locutoras de radio en materia de violencia doméstica y trata de seres humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia, y capacitación de guardas fronterizos y personal de la Dirección General de Refugiados del Ecuador; y capacitación impartida conjuntamente por el ACNUR y la OIM a agentes de la policía fronteriza de Albania. En la República de Moldova, el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas apoya las iniciativas de capacitación de la sociedad civil dirigidas a profesionales dedicados a las víctimas y supervivientes de la trata. En Ghana, el UNIFEM ayudó a crear un comité nacional con el mandato de coordinar las medidas encaminadas a combatir la trata de mujeres.

46. La elaboración y difusión de herramientas y manuales de capacitación es parte integrante de las iniciativas de fomento de capacidad llevadas a cabo por las entidades de las Naciones Unidas en beneficio de los interesados. La UNODC ha diseñado un marco internacional para la acción con objeto de aplicar el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y ha actualizado su conjunto de herramientas en el que ofrece orientación, recursos recomendados y prácticas prometedoras a los interesados para que respondan de manera más eficaz a la trata de seres humanos. Otros materiales de capacitación incluyen los siguientes: un manual de capacitación de la Organización Internacional del Trabajo y el UNICEF para luchar contra la trata de niños con fines de explotación laboral, sexual y de otros tipos; un manual de la UNODC y la Unión Interparlamentaria destinado a parlamentarios; un manual de la OIM para proveedores de servicios de salud y otro sobre asistencia directa a las víctimas y supervivientes de la trata; un documento del marco conjunto del ACNUR y la OIM sobre la preparación de procedimientos operativos normalizados para facilitar la protección de las personas sometidas a trata; un manual del UNIFEM sobre el acceso a la justicia para las víctimas y supervivientes de la trata en Nigeria; procedimientos operativos de la UNODC para la investigación de delitos de explotación sexual con fines comerciales en Asia meridional; un protocolo para la repatriación de niños víctimas y supervivientes de la trata en Costa Rica, elaborado con el apoyo del ACNUR; y un manual de capacitación interinstitucional de las Naciones Unidas para luchar contra la trata de mujeres y niños en la subregión del Gran Mekong.

 

5. Actividades de prevención, incluidas la sensibilización y la promoción

 

47. Las entidades de las Naciones Unidas siguen participando en campañas de sensibilización y promoción y en actividades de divulgación destinadas a aumentar la comprensión del fenómeno de la trata de mujeres y niñas, y respaldando esas iniciativas. En varios países de África, la UNESCO, el ACNUR y la OIM pusieron en marcha campañas de sensibilización sobre la trata de seres humanos, algunas dirigidas a los refugiados y solicitantes de asilo. En América Latina, el UNIFEM prestó apoyo a programas que contaron con la participación de dirigentes tradicionales en un esfuerzo por poner fin a la violencia contra las mujeres indígenas, incluida la trata dentro del país. El Departamento de Información Pública ha ejecutado numerosas actividades de sensibilización y divulgación por distintos medios, en especial relacionadas con las iniciativas de las Naciones Unidas para combatir la trata de mujeres y niñas. El UNIFEM organizó en Nepal, en 2008, una reunión regional sobre la trata con la participación de agentes de policía, representantes de los medios de comunicación y abogados. La UNESCO produjo un documental titulado Women Trafficking en el que analizaba el contexto social y cultural de la trata de mujeres en Europa sudoriental, realizó investigaciones sobre las causas y las estructuras sociales que llevan a la trata de mujeres y niñas, y ejecutó proyectos encaminados a promover el acceso de las mujeres al mercado de trabajo en ámbitos específicos de actividades culturales. Parte de otro proyecto de la UNESCO consistió en facilitar información lingüística y culturalmente apropiada sobre la trata de mujeres y niñas pertenecientes a minorías étnicas en la subregión del Gran Mekong.

 

6. Apoyo al desarrollo legislativo y su ejecución

 

48. Las entidades de las Naciones Unidas siguen contribuyendo a mejorar la legislación nacional para combatir la trata de mujeres y niñas. Por ejemplo, la UNODC ha elaborado una ley modelo sobre la trata de personas para orientar a los Estados en la aplicación del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El UNIFEM apoyó la enmienda de leyes relacionadas con la trata de personas en varios países, como Camboya y el Pakistán. En Rwanda, el UNIFEM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo prestaron asistencia en la redacción de una ley sobre la violencia contra la mujer, en la que se incluyen disposiciones sobre la trata de seres humanos. El ACNUR ha promovido legislación contra la trata que prevé la concesión de asilo en varios países, como Armenia y Marruecos. La División para el Adelanto de la Mujer, basándose en los resultados de una reunión celebrada en 2008 por el grupo de expertos sobre buenas prácticas legislativas para abordar la violencia contra las mujeres, publicó en 2009 un Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer[10], en el que se presentan recomendaciones sobre el contenido de la legislación, acompañadas de comentarios explicativos y ejemplos de buenas prácticas.

 

7. Servicios para las víctimas y supervivientes de la trata

 

49. Muchas entidades de las Naciones Unidas siguen apoyando a diferentes interesados, incluso de la sociedad civil, en su empeño por amparar a las víctimas y supervivientes de la trata. Por ejemplo, la UNODC, junto con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, está ejecutando un programa de acción contra la trata de mujeres jóvenes y menores de edad de Nigeria a Italia, en el que se incluyen actividades de reintegración social con objeto de que logren la independencia económica. El UNIFEM presta apoyo a servicios para mujeres víctimas y supervivientes de la trata en el Afganistán, en tanto que el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra la mujer respalda proyectos en Viet Nam por los cuales se crean “equipos de intervención” especiales para detectar a los tratantes y a las víctimas y supervivientes. El UNFPA continúa apoyando la prestación de servicios de salud reproductiva y de asesoramiento a las víctimas y supervivientes de la trata, por ejemplo en Filipinas. En diversos países, el ACNUR ha colaborado con organizaciones internacionales y no gubernamentales a fin de establecer mecanismos de remisión para las víctimas y supervivientes de la trata, mientras que el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente ha puesto en marcha sistemas de remisión con objeto de mejorar el acceso a los servicios para las mujeres y niñas víctimas y supervivientes de violencia, incluida la trata. En la India, el UNIFEM tiene un proyecto dirigido a velar por la protección de los derechos de las víctimas y supervivientes de la trata durante las acciones judiciales.

 

8. Sector privado

 

50. Las entidades de las Naciones Unidas han respaldado algunas asociaciones de colaboración con agentes del sector privado. Por ejemplo, en la India, la OIM ha iniciado un proyecto piloto con el sector privado y la administración pública local para ofrecer rehabilitación a las mujeres víctimas y supervivientes de la trata creando oportunidades para ellas. El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra la mujer presta apoyo a los propietarios de hoteles de Viet Nam en la distribución de información sobre la trata de mujeres y niñas. En Côte d’Ivoire, el ACNUR apoyó las actividades de la sociedad civil con objeto de llegar a un acuerdo oficioso con una empresa para que dejara de contratar a niños como mano de obra en granjas de palma y de convencer a los padres de que enviaran a los niños a la escuela.

 

 

IV. Conclusiones y recomendaciones

 

 

51. Se han realizado numerosas acciones en todos los niveles para prevenir y combatir la trata de personas, muchas de ellas centradas en la trata de mujeres y niñas. Continúa aumentando la adhesión a los instrumentos internacionales sobre la materia. Se han fortalecido los marcos jurídicos, normativos e institucionales, y se han intensificado las iniciativas de cooperación bilateral y multilateral. Pese a estos avances, la trata de mujeres y niñas sigue existiendo, incluso con fines de explotación sexual, trabajo forzoso y matrimonio forzado. Las medidas futuras deberían centrarse en velar por que todos los interesados apliquen un enfoque amplio, coordinado, coherente y con una perspectiva de género; contar con la financiación adecuada; y efectuar una aplicación, supervisión y evaluación completas de todas las medidas adoptadas. Son vitales las alianzas estratégicas entre los agentes gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y otros interesados.

52. Muchos Estados han llevado a cabo reformas legislativas con los siguientes fines: tipificar delitos penales específicos relacionados con la trata de seres humanos; incluir circunstancias agravantes en la imposición de penas, especialmente cuando la víctima es menor de edad; aumentar las penas para los tratantes; y ampliar la protección y el apoyo a las víctimas y supervivientes. Algunos Estados han aprobado leyes específicas contra la trata de niños. Se considera un ejemplo de buenas prácticas, que debería difundirse, la promulgación de leyes integrales contra la trata de amplio alcance y que abarquen los delitos de trata y toda una gama de acciones, como la protección y el apoyo a las víctimas y supervivientes, medidas de prevención y la creación de órganos nacionales de coordinación. Los Estados deberían velar por la tipificación de todas las formas de trata de personas de todas las edades y por la imposición de penas proporcionales a las de otros delitos graves, lo que incluye el aumento de las penas cuando las víctimas son menores de edad. Las reformas legislativas deberían continuar a fin de asegurar la existencia de un marco jurídico adecuado para prevenir y ocuparse de la trata de mujeres y niñas, y para proteger los derechos humanos de todas las víctimas y supervivientes.

53. Frecuentemente, las autoridades aplican de manera ineficaz o no comprenden bien las leyes anteriormente en vigor y las recién promulgadas. Los índices de enjuiciamiento siguen siendo bajos. Se deberían reforzar las iniciativas encaminadas a velar por la ejecución eficaz y con una perspectiva de género de la legislación contra la trata. Se debería impartir capacitación sistemática a los agentes del orden público, el sector judicial y otro personal competente en relación con la trata de mujeres y niñas, la protección de los derechos humanos de las víctimas y supervivientes de la trata, y las responsabilidades con arreglo a la legislación nueva. Sería preciso disponer de mecanismos de rendición de cuentas, como la imposición de penas por incumplimiento de la ley. Habría que intensificar los esfuerzos para asegurar que se juzgue a todos los responsables de la trata en todos los niveles, incluidos los funcionarios públicos, y se les impongan condenas adecuadas. Es crucial disponer de mecanismos institucionales para supervisar la ejecución de la ley.

54. Los Estados han aprobado planes o estrategias dedicados a la trata de personas, muchos de ellos con medidas específicas para ocuparse de la trata de mujeres o de niños. Los Estados tendrían que velar por que todos los planes contra la trata incluyan disposiciones relativas a las mujeres y las niñas, y por que esos planes tengan un alcance completo y multidisciplinario e incorporen objetivos medibles y plazos, además de medidas de supervisión y evaluación de los resultados, y deberían facilitar la cooperación de todos los interesados. La coordinación en el plano nacional debería reforzarse, en particular mediante mecanismos de coordinación específicos. Los Estados deberían continuar concertando y aplicando acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales con objeto de poner en marcha medidas eficaces en todos los ámbitos, como las actividades policial y judicial, la prevención, el apoyo y la asistencia a las víctimas y el intercambio de datos, información y buenas prácticas en la lucha contra la trata de mujeres y niñas.

55.Aunque los Estados han llevado a cabo programas educativos, campañas de sensibilización y otras iniciativas, existe la necesidad de intensificar los esfuerzos y reforzar los recursos en el ámbito de la prevención. Es crucial el compromiso político en todos los niveles para eliminar la trata de mujeres y niñas. Los esfuerzos de prevención deben ser sistemáticos y sostenidos, y deben abordar las causas y los factores que ponen en situación de riesgo a las mujeres y las niñas, como la marginación social y económica, la discriminación y la violencia por motivo de género. Es imprescindible aplicar medidas para desalentar la demanda por parte de empleadores y consumidores, que provoca la trata de mujeres y niñas. Los programas educativos y las campañas de información y sensibilización han de ampliarse para incluir la promoción de los derechos humanos de la mujer, la igualdad entre los géneros y las relaciones sanas; los riesgos y peligros de la trata de seres humanos; y la disponibilidad de servicios y de apoyo a las víctimas y supervivientes, junto con otras medidas de lucha contra la trata. Esos programas de sensibilización deberían ser multilingües, cuando corresponda, y estar dirigidos a la población en general y a los grupos de riesgo. Es preciso intensificar la colaboración con el sector privado y los medios de comunicación, incluso en lo relativo a la aprobación por distintos sectores de mecanismos de autorregulación y códigos de conducta, y de medidas de sensibilización y en relación con el uso de nuevas tecnologías por los tratantes.

56.Las mujeres víctimas y supervivientes de la trata necesitan un acceso oportuno a servicios de apoyo especializados, como asistencia letrada, psicológica, médica y social; acceso a refugios; programas de formación profesional y empleo alternativo; y la concesión de permisos de residencia o de estancia prolongada en terceros países. Muchos países han establecido sistemas de apoyo a las víctimas y supervivientes de la trata, especialmente mujeres y niños, o han mejorado los existentes. Estas iniciativas deberían reforzarse para velar por la correcta detección de las víctimas y supervivientes de trata y la protección de sus derechos, además de asegurar que las medidas adoptadas no provoquen una mayor estigmatización o marginación. Las medidas de protección y apoyo deberían estar al alcance de todas las víctimas y supervivientes y no depender de su capacidad o buena disposición para colaborar en las acciones judiciales. Los Estados deberían garantizar que las víctimas y supervivientes reciben información sobre sus derechos y los recursos de que disponen, tienen capacidad para reclamar esos derechos y disponen de tiempo suficiente para recuperarse del trauma sufrido. Se necesita redoblar los esfuerzos por garantizar que las víctimas y supervivientes estén protegidas contra acusaciones por migración ilegal, violaciones de la legislación laboral u otros actos y que reciban protección en lo relativo a las acciones judiciales, como programas de protección de testigos. Se deberían reforzar los mecanismos y procedimientos de remisión, y todas las personas que entren en contacto con las víctimas y supervivientes de la trata deberían recibir capacitación sistemáticamente, de manera que tengan la capacidad necesaria para prestarles asistencia respetando plenamente sus derechos humanos.

57. Pese a la intensificación de las medidas destinadas a mejorar la base de conocimientos sobre el alcance y la índole de la trata de mujeres y niñas, los datos siguen siendo poco fiables e insuficientes. Es indispensable disponer de más datos de mejor calidad, incluidas estadísticas, a fin de iniciar reformas legislativas y normativas eficaces, supervisar las tendencias y evaluar las repercusiones de las medidas adoptadas. Los Estados deberían continuar y dar nuevo impulso a sus esfuerzos para mejorar la reunión de datos sobre la trata de mujeres y niñas. Los datos estadísticos deberían estar desglosados por sexo, raza, edad, etnia y otras características de importancia. Habría que mejorar y armonizar las metodologías de reunión de datos e intensificar la investigación cualitativa.

 

       [1]            Se recibieron respuestas de Alemania, la Arabia Saudita, Argelia, la Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, el Camerún, el Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, el Congo, Croacia, Dinamarca, Djibouti, Eslovaquia, Eslovenia, España, la Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Georgia, Haití, Indonesia, Italia, Jamaica, Kenya, el Líbano, Lituania, Malta, Mauricio, México, Nicaragua, el Níger, Nueva Zelandia, los Países Bajos, el Paraguay, Polonia, Portugal, Qatar, la República Árabe Siria, la República de Corea, la República Dominicana, la República Unida de Tanzanía, Samoa, el Senegal, Serbia, el Sudán, Suecia, Ucrania, Uganda y el Yemen.

          [2]            Departamento de Información Pública, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra la mujer, Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, División de Políticas y Análisis del Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y Organización Internacional para las Migraciones.

          [3]            Véase http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx.

          [4]            Véase A/HRC/10/16.

          [5]            Véase A/HRC/14/32.

          [6]            UN.GIFT cuenta con la participación de entidades del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones regionales, grupos de la sociedad civil, medios de comunicación, el sector académico y el sector privado (véase el informe actualizado sobre los avances de la Iniciativa mundial en 2009 en: http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/about/UNGIFT_progress_ report09.pdf).

          [7]            En el Grupo Interinstitucional participan la Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados, el ACNUDH, la División para el Adelanto de la Mujer, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la INTERPOL y la OIM.

          [8]            Informe del Secretario General sobre el examen de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General y su contribución a formular una perspectiva de género para la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (E/2010/4-E/CN.6/2010/2).

          [9]            http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-database.htm.

         [10]            http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm.