Desde este programa se realiza la orientación, gestión y el seguimiento de solicitudes para el acceso a programas sociales, mayormente para programas de transferencias condicionadas (como la Asignación Universal por Hijo u otros similares, dependientes de las jurisdicciones nacionales, provinciales o municipales) subsidios habitacionales y para el acceso a servicios sanitarios y a la escolarización de niños y niñas, entre otros.

La intervención del programa siempre está condicionada por los alcances efectivos de las políticas públicas en vigencia -diseñadas por la administración pública de cada jurisdicción- de brindar satisfacción a las necesidades de las/os habitantes, ya que el Ministerio Público de la Defensa no tiene potestad para implementar “políticas sociales” en el sentido más restringido del término.