Una de las tareas centrales del programa es la elaboración de informes sociales -los llamados “socio-ambientales” en la jerga del sistema penal- que tienen por fin complementar las estrategias de la defensa pública, desde la perspectiva disciplinar del trabajo social.

Se intenta aportar una mirada alternativa y, en algunos casos de revisión crítica de los informes o dictámenes que para cada caso ya hubiesen producido otras agencias estatales u organismos no gubernamentales, a través de la problematización –expresa o tácita- de estigmas y conceptos reñidos con el paradigma de los derechos humanos. Usualmente estos informes sociales dan cuenta de las trayectorias de vida y sobre todo de los condicionamientos estructurales que operan con especial fuerza sobre la población atravesada por el sistema penal.

Para ello se mantienen entrevistas con las personas usuarias de la defensa pública -en los penales o en sus lugares de residencia- y también con sus referentes familiares y/o allegados, en sus domicilios, en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires. Eventualmente, en los casos que así lo ameritan, se entrevista también a referentes comunitarios, como docentes o miembros de efectores de salud, entre otros. 

En función de la capacidad operativa del equipo que conforma el programa se confeccionan informes para aquellas dependencias que carecen de profesionales del campo del trabajo social. 

Mediante Resolución D.G.N. Nº 1755/09, la Defensora General de la Nación reglamentó el procedimiento para la solicitud de informes sociales al Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad. Allí se detallan las prioridades en la producción de informes, la información que debe detallarse en las solicitudes, etc.

Cabe resaltar que las solicitudes de informes deben ser enviadas a través del Sistema de Gestión (defensa.net).