Programa contra la Violencia Institucional

Programa contra la Violencia Institucional: Informe anual 2019

  1. Descripción general

El Programa contra la Violencia Institucional tiene entre sus misiones las de registrar y documentar hechos de violencia institucional ocurridos tanto en el ámbito penitenciario como en otros espacios destinados a la privación de libertad; así como también hechos perpetrados por fuerzas de seguridad en la vía pública. Para ello gestiona la Unidad de Registro, sistematización y seguimiento  de hechos de tortura y otras formas de Violencia Institucional.  Asiste preponderantemente a los personas patrocinadas por el MPD, aunque su competencia se extiende a otros grupos vulnerables que puedan requerirlo, brindando asesoramiento jurídico así como acompañamiento psicosocial a través de su equipo interdisciplinario. El objetivo general es el de coordinar y dirigir todas las acciones de la institución para instar a la prevención de la violencia institucional, su investigación exhaustiva y la sanción de los responsables.

  1. Descripción y análisis de las principales actividades desarrolladas durante el período de referencia y sus resultados.
    1. Violencia institucional en situaciones de encierro
      1. Sobrepoblación y fallecimientos

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró la “emergencia penitenciaria” del Servicio Penitenciario Federal (Resolución Nº 184/2019), por el término de tres años, luego de reconocer que existían en el Servicio Penitenciario Federal alojados 13.773 personas privadas de libertad, frente a una capacidad operativa que el Ministerio estima en 12.235 plazas, lo que lleva a una sobrepoblación superior al doce por ciento (12 %). Según la resolución del Ministerio, la medida estaría motivada por la sobrepoblación que puede afectar la salubridad y aumentar la violencia intracarcelaria.

Frente a la situación de sobrepoblación creciente y hacinamiento en determinados establecimientos penitenciarios federales constatados por la Comisión de Cárceles y el Programa de Violencia institucional de la Defensoría General de la Nación (DGN), la Defensora General de la Nación recomendó medidas ante las violaciones de derechos que ello genera.

A través de la Resolución DGN Nº 928/2019, la Defensora General recomendó a los defensores y defensoras oficiales “que renueven o agilicen los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro de las personas cuya defensa ejercen” en todo contexto en que adviertan hacinamiento u otras restricciones de derechos que puedan implicar un agravamiento de las condiciones de detención. Además, recomendó a los defensores y defensoras que en estos casos “inicien o continúen el trámite de las acciones de hábeas corpus ante los magistrados competentes”.

En este marco, es importante destacar que el Programa pudo documentar durante este período un gran incremento en los registros de fallecimientos en el ámbito penitenciario en relación con el año anterior, como máxima expresión de la violencia en ámbitos de encierro. En el cuadro que sigue, se puede observar cómo en los últimos años el aumento de los fallecimientos en las cárceles federales aumenta a un ritmo similar al aumento de la población penitenciaria.

 

 

Evolución de la población y los fallecimientos en el SPF

 

 

 

 

 

 

Por supuesto que la tasa de encarcelamiento no es la única variable que afecta a la población carcelaria. De hecho, en el último año la población penitenciaria creció un 7,8 por ciento (de 13358 a 14413 internos), mientras que las muertes crecieron un 9.5 por ciento (de 42 a 46, aun sin contabilizar los últimos 45 días del año). En el período de muestra correspondiente a este informe (1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019) el incremento fue aún mayor, del 46 por ciento (de 37 a 54)[1].  En este sentido, la tasa de fallecimientos varía año a año, y durante 2019 se degradó en relación con el año pasado, alcanzando la grave relación de 1 persona privada de libertad fallecida por cada 313 que se alojan en el SPF. El año pasado había sido de 318, habiendo mejorado en 2018 con relación a 2017, en el que había sido de 282[2].

Como se explicará más adelante en este informe, aumentó la proporción de muertes que son presentadas como “naturales” o “no violentas”. Sin embargo, en varias de ellas desde este Programa se pudo constatar que podrían haber sido evitadas de haberse dado una atención de calidad y oportuna a los problemas de salud suscitados. Esta situación ha llevado a que desde el Programa se inicie un monitoreo de estas situaciones, haciendo eje en las serias deficiencias en la atención a la salud en los establecimientos del SPF.

Aun así, en los complejos penitenciarios del área metropolitana (Complejos I, II y CABA), donde más muertes se han registrado, se documentó también un aumento de las muertes violentas, aun en el Complejo I de Ezeiza, donde descendieron las muertes contadas globalmente en relación con el año anterior.

En paralelo, el Programa viene documentando muy serias deficiencias en el trato a los familiares de las personas fallecidas al momento de comunicarles la noticia. Si bien el SPF cuenta con un procedimiento administrativo[3] que de acuerdo a lo documentado en este Programa no se cumple,  ello tampoco contempla contención alguna ni posibilita que las familias cuenten con la información precisa y completa para continuar los trámites de ‘recibir’ el cuerpo de su pariente para proceder a su velorio y entierro, a través de un juzgado que desconocen, con documentación que no tienen, sin recursos económicos  y sin ningún apoyo operativo. En general se trata de muertes no esperadas y muchas veces derivadas de situaciones trágicas como quemaduras ahorcamientos o apuñalamientos, por lo que la  falta de sensibilidad y empatía para la transmisión de la noticia, así como la carencia de todo tipo de asistencia, resultan alarmantes. De hecho, se han registrado relatos de familias a quienes se les ha exigido responder en media hora los datos de la cochería contratada o inclusive, la dirección dónde enviar a la persona fallecida en casos de muertes en el interior del país.

Párrafo aparte merece la situación de vulnerabilidad social y la falta de recursos económicos que afrontan las familias de fallecidos, tanto para detenidos como por muertes en vía pública.  La magnitud de las carencias queda plasmada en los relatos de angustia e impotencia que presentan cuando luego de recibir la noticia del fallecimiento tienen que enfrentar el hecho de que el Estado solo facilita un recurso precario para sepelios, sin contemplar si hay familiares (la madre por ejemplo) que deban viajar desde el interior del país, o que por razones culturales y/o religiosas necesiten unas horas de velorio.  Un relevamiento reciente realizado por el PCVI,  muestra que instituciones nacionales no brindan ningún tipo de ayuda económica y menos aún subsidios para velorio en ningún caso. Sólo el Gobierno de la  Ciudad de Buenos Aires  cubre un  sepelio precario en los cementerios de la CABA al que  se accede con los trámites  ante la Morgue Judicial y con requisitos previos que en general no son puestos en conocimiento de las familias de manera adecuada.  Ello les genera ‘un rebote’ innecesario en el recorrido institucional entre la comisaría, el juzgado y la morgue.  De igual modo, en el caso de sepelios en jurisdicciones del conurbano bonaerense o interior del país, esas tramitaciones deben realizarse de conformidad con lo dispuesto por los ámbitos municipales de cada localidad.

 

Ante la reiteración de este tipo de situaciones, este Programa junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación, ACiFaD (Asociación de Familiares de Detenidos), y la Procuvin se había avanzado en un nuevo Protocolo de Comunicación de Fallecimientos que pretende ajustar consensos y alcanzar un procedimiento superador de lo establecido por el SPF. Actualmente, se incorporó a las discusiones el Comité Nacional contra la Tortura y se pretende avanzar en las discusiones con las autoridades a inicios de 2020.

 

  1. Muertes por falencias en la atención a la salud.

Este programa se encuentra en pleno proceso de relevamiento y análisis de los fallecimientos ocurridos en distintas unidades penitenciarias a causa de una inadecuada o inexistente atención médica. Este trabajo se motivó a partir del incremento de esta causal de mortalidad de manera exponencial en el último año, en comparación con los períodos anteriores, como puede verse en la tabla que sigue:

 

Año

Fallecimientos Totales

Muertes por problemas de salud y/o posibles falencias en la atención medica

Porcentaje

2016

36

16

44%

2017

42

14

33%

2018

42

24

58%

2019[4]

46

28

61%

 

Corresponde poner de resalto que, más allá del crecimiento de la población penitenciaria en general, lo cierto es que se vislumbra que en varios de los casos relevados la atención médica no se verifica -a pesar de los pedidos de la personas detenidas- hasta tanto los internos sufren una descompensación mortal.

Uno de los casos más destacados que se pudieron relevar, es el de una persona que se encontraba alojada en el CPF I y, a pesar de tener antecedentes de salud, tuvo que padecer 4 infartos de miocardio para ser trasladado al hospital Zonal. Ante la complejidad del cuadro, el nosocomio solicitó el traslado a otro centro de salud debido a la gravedad del caso, aunque no obtuvo respuesta alguna por parte del Servicio Penitenciario y derivó en una intervención de urgencia en el hospital Eurnekian, donde esta persona falleciera.

Otro caso paradigmático es el de un hombre detenido en la Unidad Nº 9 del SPF. Esta persona se aquejaba de dolores abdominales desde principios del corriente año y, pese a haberse realizado alguna ecografía, los malestares se acrecentaban. En agosto – a partir de la intervención del Defensor federal con la interposición de un hábeas corpus, el Cuerpo Médico Forense y la constatación del delicado estado de salud de este hombre por parte del Juez a cargo del remedio procesal interpuesto- se logró la derivación al hospital zonal de Neuquén donde se le encontró un tumor generalizado en el abdomen, por lo que se lo reenvío al Hospital Central Penitenciario de Neuquén para aplicarle tratamientos paliativos. Días después, falleció en el Hospital Penitenciario local.

  • Situaciones de violencia padecidas por personas en la U6 del SPF

El Programa documentó una escalada de hechos de violencia institucional al menos durante lod dos últimos años en la Unidad 6 del SPF (Rawson) a partir de comunicaciones realizadas por distintas defensorías y áreas de la DGN. En virtud de ello, se elaboró un informe como insumo para los actores que intervienen en el impulso de las acciones judiciales en trámite. Allí se da cuenta de 5 fallecimientos por causas violentas, denuncias de torturas, golpes a detenidos en sus celdas y durante los traslados, agresiones sexuales por parte del personal penitenciario, detenidos que perdieron la visión por disparos con balas de goma en el marco de requisas violentas y represalias a detenidos que denunciaron las situaciones de violencia. Todo ello, con pocos avances en materia de investigaciones de estas graves violaciones a los derechos humanos.

  1. Hechos de violencia en el CPF I, Unidad Residencial III, Pabellón B.

A raíz de comunicaciones realizadas por distintas dependencias de la DGN, y de los registros propios del Programa, se evidenciaron en un breve lapso de tiempo, un aumento de hechos violentos en el Pabellón B, URIII del CPF I. Concretamente, ocurrieron muertes violentas y hechos donde varias personas resultaban heridas. La versión penitenciaria invocaba peleas entre detenidos soslayando una posible razón: la existencia de la tercerización de la violencia, el “dejar hacer” por parte del personal penitenciario. Las distintas intervenciones realizadas derivaron en visitas de monitorio en el lugar, entrevistas individuales y la judicialización de los hechos violentos. La escalada de violencia llegó a un punto álgido frente a la utilización de balas de goma por parte de los agentes penitenciarios -en el marco de un procedimiento de requisa- lo cual arrojó una gran cantidad de heridos. La judicialización del conflicto derivó en realojamientos y acondicionamiento de los espacios a la par de una reducción de violencia en los pabellones.

  1. Violencia sistemática en la UR III del CPF II

A raíz de un pedido de intervención de una Defensoría sobre extorsiones y amenazas que sufría un asistido, el año pasado se realizó un relevamiento en la Unidad de Registro y se observó una cantidad de casos similares que daban cuenta de un posible patrón de violencia en la Unidad Residencial de Ingresos del CPF II. De ese modo, personal el Programa procedió a realizar entrevistas sistemáticamente durante varios meses, se coordinaron visitas de monitoreo junto a la Comisión de Cárceles y se judicializó el conflicto de violencia que se suscitaba ante la justicia federal local a través de un recurso de hábeas corpus. Puntualmente, quedó en evidencia que las personas que ingresaban al Complejo eran víctimas de extorsiones y amenazas –por parte de otros detenidos alojados allí- toda vez que el personal penitenciario promovía el espacio para que ello sucediera, alojando junto a los recién ingresantes a personas condenadas a penas largas y omitiendo toda intervención preventiva.

En el marco de la causa Nº 110.799/2018, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón Nº 1, Secretaría Nº 1 ordenó varias inspecciones junto a las instituciones de control. Se continúa dando seguimiento a la situación que padecen los ingresantes a la unidad penitenciaria.

  1. Violencia en el Complejo Federal de Jóvenes Adultos (U.24 – Unidad Residencial I)

A través de la información sistematizada de la Unidad de registro y de las entrevistas realizadas de manera personal en el trascurso del corriente año en el CPFJA en Marcos Paz, se ha podido visibilizar la continuidad de algunas situaciones de violencia, hostigamiento y extorsiones, especialmente hacia los jóvenes adultos primarios; situación que había sido abordada con mayor intensidad años anteriores. En virtud de ello, se continúa trabajado de manera conjunta con los Defensores Públicos Oficiales que asisten a las víctimas y con el área de Jóvenes Adultos de la Procuración Penitenciaria de la Nación a fin de  brindar colaboración y herramientas para resolver de manera efectiva las situaciones individuales detectadas.

  • Violencia contra mujeres detenidas / anexo psiquiátrico

A raíz de un conflicto originado en el CPF IV por falencias estructurales, varias detenidas fueron sectorizadas originándose un foco ígneo en una de las celdas de castigo. La persona fue hospitalizada y las demás mujeres privadas de libertad, realojadas. En varios casos, en el anexo psiquiátrico del Complejo señalado. De las distintas intervenciones realizadas por el Programa se logró conocer la violencia y arbitrariedad empleada en esos realojamientos, se organizaron visitas de monitoreo al anexo psiquiátrico, una de ellas coordinada con el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles. Luego de las intervenciones señaladas se reestablecieron los alojamientos de las mujeres que habían sido víctimas del trato mencionado.

  • Violencia obstétrica en cárceles

En el informe “Parí como una condenada. Experiencias de violencia obstétrica de mujeres privadas de la libertad”, que se dio a conocer este año, desde la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, se indagaron en las vivencias de las mujeres presas durante sus procesos reproductivos, y se realizaron recomendaciones para abordar las dificultades detectadas.

Actualmente, desde el Programa junto a la Comisión sobre Temáticas de Género de la DGN y la PPN, se ha terminando de redactar una “Guía de buenas prácticas para la atención de mujeres y otras personas embarazadas que se encuentran privadas de la libertad en la órbita del Servicio Penitenciario Federal”. La misma aúna lineamientos sobre buenas prácticas respetuosas de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad para gestar que se encuentren privadas de la libertad en establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal. 

  1. Violencia en instituciones de salud mental

El Programa comenzó este año a documentar situaciones de violencia en contextos de encierro de personas por motivos de salud mental, en particular de niños, niñas y adolescentes a partir de las comunicaciones que comenzaron a realizar las dos Unidades  de Letrados del artículo 22 de la Ley de Salud mental.  Se trató de casos de abusos sexuales por parte de personal profesional y escaladas de violencia entre NNyA que los ponen en riesgo sin intervención de los adultos responsables de su cuidado. Las acciones contemplaron un monitoreo sorpresivo conjunto en el Hospital Tobar García por una comitiva integrada por distintas dependencias del MPD y la gravedad de lo constatado por la situación de cuasi abandono derivó en la interposición de un Habeas Corpus colectivo.

  1. Condiciones de detención de personas trans y control de la aplicación de la Guía de Procedimiento de “Visu Médico” y de “Control y Registro” de Personas Trans en el ámbito del Servicio Central de Alcaidías

Desde el 2015, además de intervenir en algunos casos individuales, se comenzó a trabajar en el diseño de una investigación sobre situaciones de violencia institucional sufridas por el colectivo LGTBI, en conjunto con la Comisión sobre Temáticas de Género y la Comisión de Cárceles. De este trabajo derivó la aprobación de la Guía de Procedimiento de “Visu Médico” y de “Control y Registro” de Personas Trans en el ámbito del Servicio Central de Alcaidías, que fijó una serie de estándares que adapta las prácticas del Servicio Central de Alcaidías a los lineamientos de la Ley de Identidad de Género y constituye un hito en materia de protección de la identidad de género auto percibida del colectivo beneficiario.

La instancia judicial culminó con un compromiso del SPF a cumplir con el Protocolo y los organismos intervinientes, a realizar el respectivo control para evaluar nuevas intervenciones en caso de incumplimiento, lo cual se continúa haciendo de manera coordinada entre las áreas de la DGN.

  1. Violencia en la vía pública
    1. Muertes producidas por la policía en la vía pública

En el período de reporte se intervino en seis casos de fallecimientos ocurridos en la vía pública, que podrían tratarse de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.  Dos de ellos ocurrieron en el transcurso de 2018, sin perjuicio de que en este año los familiares de las víctimas tomaron contacto a fin de solicitar patrocinio jurídico gratuito de este Ministerio Público. En este sentido, en cinco de los casos ingresados, las circunstancias expuestas en el relato de los hechos configuraron un cuadro de situación que ameritó la intervención de este organismo, motivo por el que se elaboraron los correspondientes dictámenes, otorgándose patrocinio jurídico gratuito a los familiares de las víctimas. El sexto caso se encuentra pendiente de evaluación al cierre de este informe.

  1. Persecución a vendedores ambulantes de origen senegalés

El Programa continuó documentando reiteradas detenciones a vendedores ambulantes en los barrios de Flores y Once de la Ciudad de Buenos Aires, que muestran un patrón que podría implicar que se trata de detenciones arbitrarias llevadas adelante por la Policía de la CABA. Si bien en los barrios mencionados trabajan manteros de distintas nacionalidades, las detenciones se focalizan marcadamente en vendedores de origen senegalés, lo que genera una intensa sospecha de discriminación racial en las detenciones. Es relevante destacar que ninguna de estas detenciones fue luego convalidada como prisión preventiva, y que en casi ningún caso los vendedores fueron formalmente intimados por violar la ley de marcas, ya que la actividad que desempeñan no encuadra en los criterios típicos aceptados por la jurisprudencia.

La situación descripta surge de un relevamiento iniciado por el Programa a partir de información facilitada por la justicia federal de la CABA relacionada con presuntas infracciones a la Ley de Marcas en el período comprendido entre enero de 2018 y julio de 2019. La hipótesis que se está documentando es que las fuerzas de seguridad sindican a los vendedores ambulantes como forma de justificar las detenciones y así liberar el espacio público, la cual debe analizarse en base a una posible discriminación por nacionalidad, origen étnico, pobreza y otros motivos de vulnerabilidad. Asimismo, se puede evidenciar el incremento de las imputaciones por delitos previstos en el artículo 31 de la ley de Marcas, a partir de que en el mes de marzo de 2018 se transfiriera la competencia para entender en los delitos de atentado o resistencia a la autoridad ocurridos en la CABA del ámbito a la justicia de esa jurisdicción.

  • Violencia policial contra niños, niñas y adolescentes

Siguiendo con el trabajo realizado en los últimos años, el Programa continúa con el relevamiento de denuncias realizadas por el Centro de Atención y Derivación Úrsula Llona de Inchausti (CAD) por hechos de  violencia policial padecida por los adolescentes al momento de su aprehensión.  Actualmente, la gran mayoría de esas denuncias por apremios ilegales quedan en jurisdicción de la Justicia de la CABA, ya que interviene en la mayoría de los casos la Policía de la Ciudad en las detenciones y ante ello, se mantiene comunicación constante con la Comisión de Seguimiento de Niños/as y Adolescentes, y se realiza un trabajo cooperativo con el Programa Penal Juvenil de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires (DGCABA). 

En cuanto a las prácticas policiales descriptas por los jóvenes, se advierte que la ‘pasada’ por comisarías sigue vigente en muchos casos, con demoras de unas horas a pesar de encontrarse prohibido en toda la normativa nacional y recomendaciones internacionales sobre el tema; el ‘verdugueo’ y ‘hacer cantar el himno’ están siendo características reiteradas en los relatos de la detención.   Asimismo, se registra una merma de casos de violencia perpetrada por fuerzas de seguridad federales resultando que, del universo de 210 denuncias relevadas en el CAD hasta  el 2/11/2019, 13 (un 6%)  son por hechos cometidos por Prefectura Naval Argentina y  9 (un 4,5%) por Gendarmería Nacional, el resto corresponde a la Policía de la CABA, en consonancia con el reemplazo de personal de las fuerzas federales por personal de la Policía de la Ciudad a cargo de tareas de prevención en algunos barrios de la Ciudad.

Del intercambio de información con DGCABA y del seguimiento de algunos casos excepcionales en la jurisdicción local, surge que se mantienen los patrones de reserva o archivo de causas con argumentaciones que se apoyan en la ‘actitud hostil’ del adolescente declarada por la policía, en la ‘falta de constatación de lesiones’ por médico legista, ‘autor desconocido’ o la  ‘inexistencia de delito’.  Otras, en las que recae el sobreseimiento a los policías sindicados, mencionan ‘inexistencia de delito’,  ‘no se encuentra certeza en la denuncia’ o que ‘la víctima se negó a declarar’. Este último supuesto, podría relacionarse con el posicionamiento  del joven o a veces de las madres, que temen represalias en caso de continuar con la causa.  

  1. Hechos de violencia por parte de la Gendarmería en Rosario

A partir de la reiteración de casos registrados desde 2018 respecto a situaciones de violencia institucional se pudo relevar que en el 21% de los casos de la jurisdicción, se sindica a personal de u destacamento particular de la Gendarmería en Rosario, como autores de hechos violentos. En algunos casos, el procedimiento es el mismo: les piden a las personas que señalen quiénes venden estupefacientes en el barrio, ante la falta de esa información, los suben a un auto y los golpean. En otros casos, los apuntan con armas amedrentándolos, los encapuchan, los cambian de autos, los insultan o les quitan pertenencias de valor que llevan consigo y los detienen. Sin perjuicio de ello, sólo en muy pocos casos se extraen testimonios y se da intervención a la Fiscalía Federal de la jurisdicción. En este marco, se continúa con la documentación de casos que vislumbren patrones similares y evaluando las medidas a adoptar en conjunto con las defensorías federales.

  1. Derivación de casos al Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos

Durante el período reportado el Programa dictaminó en 19 solicitudes de patrocinio jurídico, de los cuales en 18 se expidió a favor de la concesión del pedido por parte de las víctimas en línea con la ley 27149 y el marco normativo interno. Aquellos casos fueron derivados por decisión de la DGN a la Programa de Asistencia y Patrocinio, con el que se mantiene una articulación permanente, en particular en el acompañamiento y asistencia de las víctimas y sus familiares por parte del equipo interdisciplinario del Programa. Esto demuestra un incremento notorio en la recepción de solicitudes, con un aumento del 46 por ciento, frente a las 13 solicitudes tramitadas durante 2018.

  1. Colaboración con otras dependencias del MPD

Este Programa ha realizado distintos informes sobre situaciones de violencia institucional en coordinación con distintas Defensorías. La intervención tendió a brindar una visión especializada para auxiliar a las dependencias que lo necesitaran y, así, coadyuvar en las estartegias de defensa planteadas. Los casos que se trataron en este período son:

  • C, R A para el trámite llevado adelante por la Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados en lo Criminal y Correccional y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional N°22.
  • Informe elaborado respecto a la violencia padecida por las personas privadas de libertad detenidas en el Instituto de Seguridad y Resocializaci6n de Rawson (Unidad Nº 6 del S.P.F) para ser presentado en el marco del Habeas Corpus tramitado por el Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal Nº 1 de Rawson
  • Informe respecto de la situación familiar y de vulnerabilidad social del detenido J C y su madre N B Q, con el propósito de acompañar el trámite de morigeración de pena llevado adelante por el Defensor Público Oficial a cargo de la Unidad Nº 2 ante el Juzgado de Ejecución Penal
  • Informe elaborado respecto de la situación de detención de N J B para la Defensoría Pública ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín a fin de cooperar en la solicitud de una morigeración de pena.
  • Informe elaborado respecto de la situación de detención de B D L solicitada por la Defensoría Pública Oficial ante los Jueces Nacionales de Ejecución Penal Nº 2 debido a las reiteradas situaciones de violencia institucional que estaba padeciendo en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
  • Informe elaborado respecto de la situación de detención de M F M a efectos de colaborar con la labor de la Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de San Martín en busca de una morigeración en el cumplimiento de su pena.
  • Informe elaborado respecto de J M R para contribuir en el trabajo de la Defensoría Pública Oficial Nº 1 ante los Jueces Nacionales de Ejecución Penal a fin de cesar la situación de violencia institucional padecida por nuestro asistido.
  • Informe sobre constatación de vacante en el Hospital Municipal De Quemados -CABA- respecto de la situación de P M M, representado por la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional Nro. 5
  • Informe sobre la intervención de este Programa que facilitó el trámite de entrega de cuerpo y sepelio del fallecido P M M.
    1. Participación del Programa en talleres, jornadas, capacitaciones, interacción con instituciones

A lo largo del período bajo análisis el Programa ha participado en distintos talleres, jornadas y capacitaciones, tanto como expositores o participantes de distintas charlas dictadas por diversos Ministerios nacionales y organizaciones públicas y académicas del país:

  • Dictado de capacitaciones:
  • “Protocolo de actuación de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de hechos de tortura y otras formas de violencia institucional” dictado en octubre del corriente año para todos los integrantes del Ministerio Público de la Defensa.
  • “Guía para la difusión de Derechos en casos de intervención de las fuerzas en la vía pública”, que fueron expuestas en una charla brindada el 14 de junio en un encuentro que se realizó en la Villa 21-24 de la ciudad de Buenos Aires para abordar la temática de violencia institucional. La actividad se realizó en la parroquia Nuestra Señora de Caacupé con la presencia del cura Lorenzo “Toto” De Vedia, participaron alumnos de quinto año del Colegio Parroquial junto a madres y jóvenes del mismo barrio.
  • “Curso de Violencia Institucional” brindado por medio de Web Campus para todos los integrantes del Ministerio Público de la Defensa.
  • “Taller de Herramientas para la detención y prevención de la Tortura”, dictado los días 20 y 21 de noviembre en la Universidad Nacional de Lanús.
  • X Congreso Del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del MERCOSUR (BLODEPM) los días 10 y 11 de octubre en la Facultad de derechos de la UBA.
  • Participación en jornadas:
  • “Taller de capacitación para promover el cumplimiento del Protocolo de Estambul” organizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de los MNP (Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura) de Argentina, los días 30 de octubre y miércoles 6 y 13 de noviembre de 2019, en la Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina.
  • “Protocolo en Mediación Penal Juvenil y Acuerdos Restaurativos” en el marco de celebrarse 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y el 25° aniversario de la reforma de la Constitución Nacional, este Programa contra la Violencia Institucional fue invitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (MJDHN) a la presentación del protocolo de mención realizado el 23 de agosto pasado.
  • Seminario anual: “Abordaje Integral de la Violencia Institucional” la invitación fue del Instituto de Capacitación del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de Santa Fe dictado en la ciudad de Rosario y Venado Tuerto.
  • Homenaje a las víctimas de violencia institucional en el marco del recordatorio del Día Nacional contra la Violencia Institucional, celebrado en el Archivo de la Memoria situado en la Ex ESMA.
  • “Situación de las Cárceles Argentinas. Día internacional de Nelson Mandela”. Jornada organizada por Diputados de la Nación el pasado 18 de julio y donde expusieron funcionarios y especialistas de distintos organismos nacionales y ONGs.
  1. Información cuantitativa

(Ver anexo estadístico de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de hechos de Tortura y otras formas de Violencia Institucional)

  1. Otras cuestiones de relevancia

Es importante destacar algunos de los obstáculos que enfrenta el Programa a los efectos de hacer más eficaz su intervención. En primer lugar, del diálogo con las distintas dependencias, así como del seguimiento de situaciones de violencia con instituciones públicas o privadas ajenas a esta institución, se sigue detectando un alto grado de sub registro de casos por parte de las Defensorías Públicas Oficiales en la Unidad de Registro. El Programa hace hincapié en esta problemática en todas las capacitaciones internas que se realizan, así como en la interacción con las distintas dependencias. Sin perjuicio de lo cual se deberán articular nuevas estrategias para disminuir estos niveles.

Asimismo, desde el Programa se ha procurado coordinar acciones con las defensorías de turno y con otras instituciones en casos de manifestaciones públicas en los que se supuso que se podían producir hechos masivos de violencia institucional, como detenciones arbitrarias o lesiones a los manifestantes. Si bien se lograron resultados positivos en algunos casos, aparece como necesario fortalecer las respuestas que el Programa podría dar en situaciones que no aparecen como previsibles o que no se pudieran prever oportunamente.

En relación con la centralización de la actividad del Programa en la Ciudad de Buenos Aires, y su incapacidad para atender de manera presencial hechos de violencia que ocurren en la provincias, el Programa ha hecho esfuerzos por articular el trabajo con las defensorías federales de todo el país, las delegaciones de la PPN y con los crecientes mecanismos de prevención de la tortura.

[1] Los 37 fallecimientos corresponden al período diciembre de 2017 a noviembre de 2018. Ver detalles en el anexo estadístico a este informe.

[2] Información producida por el Programa contra la Violencia Institucional en base a datos del Servicio Penitenciario Federal.

[3] Previsto en los Boletines Públicos Normativos  Nros. 373/2010 y  569/2015.

[4]Al 20 de noviembre de 2019.