Programa contra la Violencia Institucional: Informe anual
- Descripción general
El Programa contra la Violencia Institucional tiene entre sus misiones las de registrar y documentar hechos de violencia institucional ocurridos tanto en el ámbito penitenciario como en otros espacios destinados a la privación de libertad; así como también hechos perpetrados por fuerzas de seguridad en la vía pública. Para ello gestiona la Unidad de Registro, sistematización y seguimiento de hechos de tortura y otras formas de Violencia Institucional. Asiste preponderantemente a los personas patrocinadas por el MPD, aunque su competencia se extiende a otros grupos vulnerables que puedan requerirlo, brindando asesoramiento jurídico así como acompañamiento psicosocial a través de su equipo interdisciplinario. El objetivo general es el de instar a la prevención de la violencia institucional, su investigación exhaustiva y la sanción de los responsables.
- Descripción y análisis de las principales actividades desarrolladas durante el período de referencia y sus resultados.
Violencia institucional en unidades penitenciarias
- Fallecimientos en unidades penitenciarias federales
Este Programa a través de su Unidad de Registro y sistematización de hechos de violencia institucional ha detectado que en el transcurso del año 2018 se han producido 37 fallecimientos en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, con una alarmante cifra en el comienzo del año. En este sentido, mientras que en el mes de enero de 2017 ocurrieron 3 decesos, durante enero de 2018 fallecieron 8 personas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal. A este alarmante número se suma otro fallecimiento ocurrido el 9 de febrero del corriente, a causa de un incendio producido en su celda el 22 de enero. Por lo cual se puede afirmar que 9 situaciones de extrema gravedad ocurrieron durante el mes de enero, provocando un desenlace fatal.
A su vez, el desagregado de información del total de los fallecimientos de acuerdo a sus causas, muestra además un crecimiento de la modalidad de fallecimiento por quemaduras y/o inhalación de humo; teniendo en cuenta que mientras en el año 2017 se produjeron 2 fallecimientos bajo esta modalidad, en el año 2018 se han producido 3 decesos por esta misma causa.
También ha aumentado el número de fallecimientos producidos por heridas de arma blanca ocurridos a raíz de enfrentamientos entre detenidos. Así, mientras en todo el 2017 se registró 1 solo deceso de este tipo, en el período informado se presentaron 5 casos, 2 en la Unidad nro. 6 de Rawson, 2 en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y 1 en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los fallecimientos por enfermedades se han mantenido estables en relación con el período anterior, con 24 decesos contra 25 en el período anterior. En este grupo se destacan casos de personas portadoras de HIV y otras dolencias que, a priori, podrían no comprometer la vida de una persona si se contara con los tratamientos adecuados. En este sentido, el Programa ha dado seguimiento a varios de los casos al interpretar que evidentes deficiencias en la atención a la salud de las personas privadas de libertad, podrían significar manifestaciones de violencia institucional.
Respecto a la distribución por cárceles, se documentó una clara concentración de fallecimientos en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, con 13 casos, aunque disminuyó la cantidad de fallecimientos en ese complejo en relación con los 15 ocurridos en 2017. En segundo lugar se ubica el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz con 6 casos en 2018 y triplicando los 2 ocurridos en 2017.
En 7 de los casos, los familiares de las víctimas requirieron patrocinio para presentarse como querellantes en las respectivas causas judiciales, y en todos ellos, previo dictamen del Programa, la Defensora General resolvió favorablemente por cumplirse los requisitos previstos en la reglamentación.
- Violencia sistemática en la UR III del CPF II
A raíz de un pedido de intervención de una Defensoría Pública Oficial sobre extorsiones y amenazas que sufría un asistido, se realizó un relevamiento en la Unidad de Registro y se observó una cantidad de casos similares que daban cuenta de un problema en la Unidad Residencial de Ingresos del CPF II. De ese modo, personal el Programa procedió a realizar entrevistas sistemáticamente durante varios meses, se coordinaron visitas de monitoreo junto a la Comisión de Cárceles y se judicializó el conflicto de violencia que se suscitaba ante la justicia federal local a través de un recurso de hábeas corpus. Puntualmente, quedó en evidencia que las personas que ingresaban al Complejo eran víctimas de extorsiones, amenazas –por parte de otros detenidos alojados allí- toda vez que el personal penitenciario promovía el espacio para que ello sucediera alojando junto a los recién ingresantes a personas condenadas a penas largas y omitiendo toda intervención preventiva.
En el marco de la causa Nº 110.799/2018, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón Nº 1, Secretaría Nº 1 ordenó 3 inspecciones junto a las instituciones de control, sumadas a las que se había promovido desde la DGN. Dicha instancia judicial continúa su trámite con miras a mejorar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad y pretendiendo reducir la violencia existente en el lugar. A raíz de la interposición de la acción mencionada, se lograron mejoras en las condiciones estructurales, disuadir ciertos conflictos y se continúa dando seguimiento a la situación que padecen los ingresantes a la unidad penitenciaria.
- CPF CABA - Ingresos
Una situación similar se registró en el CPF CABA a partir de un hecho de violencia extrema padecida por un asistido, se procedió a entrevistarlo y se tomó conocimiento de la situación similar que padecen las personas privadas de libertad que ingresan a ese Complejo Penitenciario. De este modo, se visibilizó una modalidad de violencia que padecen a diario aquellas personas que ingresan al Complejo y deben pasar por determinados lugares (ejemplo, Módulo 6, pab. 28). Desde el Programa, se continúa relevando la problemática y articulando la intervención con diversos actores judiciales y no judiciales a fin de lograr la prevención de los hechos de violencia ocurridos en el lugar.
- Hechos de violencia en el Complejo Penitenciario Federal Jóvenes Adultos (Unidad 24 - Marcos Paz)
A través de la información remitida por los Defensores Oficiales y funcionarios de la Institución a este Programa, se han podido relevar numerosas situaciones de violencia sufridas por los jóvenes de entre 18 y 21 años alojados en el Complejo Penitenciario de Jóvenes Adultos. En virtud de ello, en conjunto con la Procuración Penitenciaria, durante 2018 se comenzó a efectuar un relevamiento sobre el ingreso de los jóvenes con miras a la elaboración de un informe que dé cuenta de la situación. Se efectúa además un monitoreo constante de las situaciones individuales detectadas.
Asimismo, se realizaron entrevistas individuales durante todo el 2017 y 2018 a la población que ha solicitado resguardo de su integridad física, especialmente quienes se encuentran bajo la modalidad de aislamiento, dado que las condiciones de alojamiento consisten en encierro de 22 o 23 horas diarias en celda individual, con escasa concurrencia a actividades educativas y/o recreativas.
- Requisas intrusivas
A raíz de la Resolución DGN Nro. 1366/2017 en la que se establece que los/as defensores/as públicos/as oficiales y defensores/as públicas coadyuvantes deberán informar, a través del sistema de gestión, a la Unidad de Registro aquellas requisas intrusivas ilegitimas de las que tomaran conocimiento y fueran practicadas a personas visitantes o detenidas en unidades de detención, recibimos en el Programa información de 5 requisas intrusivas efectuadas a detenidos y dos a visitas. En particular en un caso, se consideró pertinente la derivación al Programa de Patrocinio Jurídico, por la gravedad de la situación sufrida por la esposa de una persona privada de libertad en el CPF 1 de Ezeiza. Asimismo, se trabajó en la confección de una planilla específica de recolección de datos, que será cargada a partir del sistema de gestión del MPD, encontrándose actualmente en su etapa de revisión. Sin embargo, el número informado continúa siendo muy bajo.
- Seguimiento de condiciones de detención de personas trans y control de la aplicación de la Guía de Procedimiento de “Visu Médico” y de “Control y Registro” de Personas Trans en el ámbito del Servicio Central de Alcaidías
Desde 2015, además de intervenir en algunos casos individuales, se comenzó a trabajar en el diseño de una investigación sobre situaciones de violencia institucional sufridas por el colectivo LGTBI, en conjunto con la Comisión sobre Temáticas de Género y la Comisión de Cárceles. De este trabajo derivó la aprobación de la Guía de Procedimiento de “Visu Médico” y de “Control y Registro” de Personas Trans en el ámbito del Servicio Central de Alcaidías, que fijó una serie de estándares que adapta las prácticas del Servicio Central de Alcaidías a los lineamientos de la Ley de Identidad de Género y constituye un hito en materia de protección de la identidad de género auto percibida del colectivo beneficiario.
Dada la importancia de este instrumento, se realizó un seguimiento constante de la aplicación de la mencionada guía, realizando entrevistas periódicas a las personas requisadas y efectuando presentaciones en el expediente judicial para promover el monitoreo del cumplimiento del Protocolo. La instancia judicial culminó con un compromiso del SPF a cumplir con el Protocolo y los organismos intervinientes, a realizar el respectivo control para evaluar nuevas intervenciones en caso de incumplimiento.
- Situación actual del colectivo trans privado de la libertad en el Servicio Penitenciario Federal
A raíz de un reclamo general realizado por un grupo de mujeres trans alojadas en el CPF IV se procedió a articular con la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, la Comisión sobre Temáticas de Género y de cárceles (DGN) en virtud de los hechos de violencia y discriminación denunciados por tales personas. El colectivo señalado refería sufrir múltiples formas de discriminación tanto por parte de sus compañeras mujeres cisgénero como así también por parte de personal penitenciario.
Por ese motivo y ante el reclamo recibido, se conformó un grupo de trabajo interinstitucional con los mencionados organismos donde se acordó la necesidad definir con claridad la problemática planteada en forma previa a la elaboración de estrategias de intervención destinadas a superarla. De ese modo, se realizaron entrevistas a las personas privadas de libertad y actualmente se elabora un documento que reseña la situación de modo descriptivo pretendiendo que sea de utilidad para efectuar propuestas de intervención que redunden en una reducción de los hechos de discriminación y violencia padecidos por el colectivo.
Violencia institucional en la vía pública
- Violencia institucional en la Villa 21-24 y barrio Zavaleta de la Ciudad de Buenos Aires
Del registro de casos realizado por este Programa se ha podido detectar en el período de reporte 29 casos de violencia por parte de la Prefectura Naval Argentina en la zona de la Villa 21-24 y de Zavaleta de la CABA, siendo sus víctimas adultos, niños y adolescentes. En virtud de sus relatos, se pudo documentar la existencia de traslados y retenciones de personas menores de 18 años a garitas de Prefectura Naval Argentina, donde permanecen por tiempo indeterminado, y son sometidos a prácticas de violencia institucional.
Asimismo, se detectaron patrones comunes en diez de las causas analizadas en relación con personas adultas. En primer lugar, más allá de que se trata de delitos de infracción a la ley 23.737, la cantidad de estupefaciente secuestrado es escaso. Asimismo, al tratarse en seis de los casos de personas sin antecedentes y en condiciones de obtener su inmediata libertad, la presencia de un cuchillo alegadamente “plantado” en el lugar que aparece de manera reiterada en escena en cada uno de los casos, agrava la imputación inicial obstaculizando la libertad de los asistidos del MPD.
En este contexto se han informado malos tratos, golpes y vejaciones, configurándose imputaciones a las víctimas por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones. Estas prácticas de hostigamiento y humillaciones se producen de manera reiterada llegando en algunos casos a situaciones extremas como las torturas que sufrieron los jóvenes Iván Matías Navarro y Roberto Ezequiel Villanueva Moya, caso por el cual el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal condenó a seis agentes de la Prefectura Naval Argentina a penas de entre diez y ocho años de prisión.
- Violencia institucional victimizante de niñas, niños y adolescentes
Con relación a esta población en particular se continuó con el seguimiento de las causas en las que las familias solicitan apoyo o colaboración como consecuencia de haber sufrido hechos de violencia por parte de fuerzas de seguridad en la vía pública, incluyendo situaciones de hostigamiento. Sin perjuicio de ofrecerles contención y orientación a través del equipo interdisciplinario, se articuló el trabajo junto con fiscalías intervinientes u otros organismos como la Dovic y/o la Procuvin del Ministerio Público Fiscal o el Programa de Intervención Penal Juvenil de la Defensoría General de la CABA (PIPJ-DGC).
Asimismo, se ha llevado adelante un continuo relevamiento de denuncias realizadas por el Centro de Atención y Derivación "U.L. de Inchausti" (CAD), que se había iniciado hacia fines 2017 como un modo de subsanar las deficiencias de información del circuito formal de comunicación documentado en los informes anteriores de este Programa[1]. Si bien se recibe información cuantitativa por parte de la Subdirección Operativa del CDNNyA, este relevamiento permite registrar el accionar policial e individualizar los hechos según los relatos realizados por los propios jóvenes e identificar zonas o patrones de violencia institucional a través de la Unidad de Registro. Ejemplo de ello ha sido la situación ya mencionada en relación con la Villa 21-24 y el barrio Zabaleta. Por otra parte, se realizó un trabajo conjunto con la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niños/as y Adolescentes (CSTINNYA), que consistió en relevar durante el mes de abril/18 los registros de Ingresos al CAD, a fin de poder evaluar llamativas demoras sufridas por los adolescentes desde el momento de su aprehensión hasta su traslado al CAD. Si bien la compulsa de 124 casos no arrojó certezas respecto a la práctica de demora sistemática, sí pudo advertirse que existen demoras que no resultan acordes con la prohibición de alojar a jóvenes en las comisarías[2] ni demorarlos dentro de patrulleros, garitas u oficinas, por lo que se propuso al CAD agregar la ‘hora de detención’ en sus registros a fin de profundizar el relevamiento.
Párrafo aparte merece la situación de niños/as y adolescentes alojados en “Casa del Sur”, institución de atención a la salud mental donde los jóvenes son derivados por orden judicial. Los graves hechos relevados, que podrían ser calificados como torturas, vejaciones y otras formas de tratos degradantes, fueron documentados y remitidos a la justicia penal bonaerense a partir de un trabajo coordinado con la CSTINNYA, las DPO de Menores e Incapaces y el Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental.
- Detenciones arbitrarias a vendedores ambulantes
El Programa intensificó el seguimiento y documentación de reiteradas detenciones a vendedores ambulantes en los barrios de Flores y Once, de la Ciudad de Buenos Aires, que muestran un patrón que podría implicar que se trata de detenciones arbitrarias llevadas adelante por la Policía de la CABA. Ha resultado llamativo que las detenciones que se realizaban mayoritariamente bajo imputaciones por los delitos de atentado o resistencia a la autoridad, desde la transferencia de estos ilícitos a la jurisdicción de la CABA el 1 de Marzo de 2018, comenzaron a producirse bajo la imputación de violación a la ley de marcas. Si bien en los barrios mencionados trabajan manteros de distintas nacionalidades, las detenciones se focalizan marcadamente en vendedores de origen senegalés, lo que genera una intensa sospecha de discriminación racial en las detenciones. Es relevante destacar que ninguna de estas detenciones fue luego convalidada como prisión preventiva, y que en casi ningún caso los vendedores fueron formalmente intimados por violar la ley de marcas, ya que la actividad que desempeñan no encuadra en los criterios típicos aceptados por la jurisprudencia. La hipótesis que se está documentando es que las fuerzas de seguridad sindican imputaciones penales contra los vendedores ambulantes como forma de justificar las detenciones y así liberar el espacio público.
Derivación de solicitudes de patrocinio jurídico
Respecto a las solicitudes de patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de delito, recibidas en el Programa durante el período, se han realizado 17 dictámenes de conformidad a las cláusulas dispuestas en la Resolución DGN N° 1459/18. Del total, solo uno tuvo un dictamen negativo del Programa y de los 16 restantes, en 15 fueron encomendados por la DGN al Programa de Patrocinio.
Cooperación y articulación inter e intra institucional
El Programa llevó adelante distintas formas de cooperación y articulación, entre las que caben destacarse las llevadas adelante junto al Comité Nacional contra la Tortura, puesto en funcionamiento a fines de 2017, y con el que se llevaron adelante reuniones, intercambio de información y se participó de su primera Asamblea Anual. Ello llevó también a afianzar las relaciones con los Mecanismos provinciales, con quienes también se llevaron adelante distintas formas de cooperación en relación con casos concretos.
Asimismo, el Programa continuó participando de las actividades del Sistema de coordinación y seguimiento de control de unidades carcelarias. Durante el presente año se visitó el Centro de Régimen Cerrado Manuel Belgrano, Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Complejo Penitenciario Federal Jóvenes Adultos (Unidad 24 - Marcos Paz), Complejo Penitenciario Federal IV de mujeres (Ezeiza), sin previo aviso, a fin de recorrer todos los sectores desde los que se habían recibido quejas o reclamos colectivos concretos.
Por otra parte, este Programa ha realizado también una gran cantidad de visitas, en forma conjunta con otras dependencias de este Ministerio y otras instituciones a fin de entrevistar detenidos en virtud de otras denuncias individuales o colectivas, por fuera de la actuación en el Sistema, pero que también han servido a modo de diagnóstico para luego proponer un monitoreo del Sistema o acciones concretas.
En virtud de la invitación efectuada por la Defensoría del Pueblo de la Nación a conformar una mesa de trabajo interinstitucional sobre violencia obstétrica en cárceles de la cual también participan las áreas de género de este MPD y de la Procuración Penitenciaria de la Nación y representantes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires (Resolución DGN 572/2016), se trabajó en el relevamiento de las prácticas de violencia obstétrica ejercidas contra las mujeres privadas de su libertad durante el pre parto, parto y post parto en distintas unidades carcelarias durante los años 2017 y 2018, mientras que durante este año se elaboró el informe correspondiente, el cual se encuentra en etapa de revisión final con miras a ser publicado a comienzos de 2019.
Finalmente, el Programa cooperó con el Programa para la Aplicación de Instrumentos de derechos humanos de la DGN en la elaboración de informes alternativos ante distintos mecanismos de protección de las Naciones Unidas, a saber: Relator Especial contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con motivo de su visita al país del 9 y 20 de Abril, con quien se mantuvieron dos reuniones; Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (lista de cuestiones); Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
- Información cuantitativa
(Ver anexo estadístico)
- Otras cuestiones de relevancia
Tal como se informara el año anterior, continúa siendo un desafío para el Programa superar el obstáculo que significa el subregistro de hechos de violencia institucional por parte de las distintas dependencias del MPD, que no solo impacta en la información estadística, sino también en la capacidad del Programa de detectar patrones de violencia. En ese sentido, la concienciación sobre la utilidad del registro de casos fue un tema preponderante en las capacitaciones que se hicieron durante el año, y el tema fue abordado en distintas reuniones con titulares de las defensorías públicas. Más allá de la necesidad de seguir buscando estrategias pedagógicas y comunicacionales, las dependencias destacan como obstáculo limitaciones del sistema informático para la carga de las planillas que conforman la Unidad de Registro. Por ello, se procurará buscar vías para hacer más eficiente la carga de la información.
[1]Ver por ejemplo informe anual del PCVI 2016.
[2] Resolución N°313-Senaf del 22/7/2015.