El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió las observaciones finales en base a los informes periódicos segundo y tercero combinados de Argentina en sus sesiones 636ª y 637ª, celebradas respectivamente los días 15 y 16 de marzo de 2023.
Entre las observaciones se destaca el acuerdo de solución amistosa entre la Defensoría General de la Nación y el Estado Argentino en el marco de un caso que tramita ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas a partir de la denuncia presentada por la Dra. Stella Maris Martínez. El acuerdo se firmó en representación del señor Raúl Cardozo, quien atravesó un proceso penal en el que no se contempló adecuadamente su situación de discapacidad intelectual y por el que estuvo detenido en el ámbito penitenciario cerca de diecisiete meses hasta que se decretó su absolución. En ese tiempo el señor Cardozo no recibió apoyos o ajustes razonables en la cárcel y en el proceso judicial, pese a que su situación de discapacidad los exigía. Más detalles del caso, en el que actuó la señora Defensora Pública Oficial Clarisa Galán junto con el Equipo Interdisciplinario de la jurisdicción de Salta y el Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación, se pueden leer AQUÍ.
El documento remarca la necesidad de “reforzar las medidas adoptadas para eliminar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el sistema penal y penitenciario, incluyendo el cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa firmado en el 2022 entre el Estado parte y el Comité por el caso de Raúl Cardozo”.
El informe también muestra preocupación por la posibilidad de restringir el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en particular de personas que “padecen una adicción o una alteración mental permanente o prolongada”. Por eso insta a la Argentina a armonizar el Código Civil y Comercial de la Nación con la Convención para garantizar el igual reconocimiento como persona ante la ley de todas las personas con discapacidad.
En materia de acceso a la justicia, el Comité recomienda al Estado nacional garantizar los ajustes de procedimiento adecuados a la edad y al género en todas las diligencias judiciales; asegurar la accesibilidad física de los edificios de los tribunales y de las instancias judiciales y administrativas; ampliar el alcance del Programa para la Asistencia a Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia; e intensificar las capacitaciones sistemáticas a los operadores de justicia sobre la Convención, incluyendo el derecho a la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, la accesibilidad, los ajustes razonables y los ajustes de procedimiento.
Además, entre otros puntos, las observaciones se detienen en las condiciones de las personas privadas de libertad, tanto de quienes están dentro del sistema penitenciario como de aquellas personas que cursan internaciones involuntarias por motivos de salud mental. En este punto, el Comité propone revisar ciertos aspectos tanto del Código Penal argentino y los Códigos Procesales penales como de la Ley Nacional de Salud Mental.
Quienes deseen leer el documento completo pueden hacerlo AQUÍ.