Para conmemorar el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, el Ministerio Público de la Defensa de la Nación conversó con dos integrantes de la institución que son también importantes referentes de la temática que motiva esta fecha, instituida por la ley Nº26.811 del año 2013.
La violencia institucional se manifiesta a través de diversas prácticas violatorias de los derechos humanos que ejerce el Estado a través de quienes son sus agentes o por medio de particulares que cuenten con su apoyo o aquiescencia. Quienes sufren este tipo de violencia, tanto en las cárceles u otros ámbitos de encierro como en la vía pública, merecen una protección especial por parte del mismo Estado dada la situación de vulnerabilidad a la que son expuestos/as.
Esa herida abierta es la que intentará subsanar en Latinoamérica el Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (SIRCAIVI). Esta iniciativa, impulsada por la Unión Europea a través del programa EUROsociAL+ y por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), se presentó de manera reciente en nuestro país (ver noticia), ya se implementó en Costa Rica y próximamente estará vigente también en Chile.
En esta entrevista el defensor público oficial y cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN), Dr. Guillermo Todarello; y el coordinador del Programa contra la Violencia Institucional del organismo, Dr. Luciano Hazan; explican el origen de este nuevo sistema y cómo funcionará.
¿Por qué la Unión Europea se interesó en mejorar la situación de las cárceles de Latinoamérica y de Argentina en particular?
Guillermo Todarello: La Unión Europea, a través del programa EUROsociAL+ coopera con un total de 19 países latinoamericanos, el programa intenta contribuir a la reducción de las desigualdades, la mejora de los niveles de cohesión social y el fortalecimiento institucional brindando apoyo a los procesos de diseño, reforma e implementación de políticas públicas de cada uno de esos países, de allí la labor que se realizó en este caso en particular del SIRCAIVI, en Argentina, Chile y Costa Rica.
Luciano Hazan: EUROsociAL+ aportó dos expertos de Barcelona, Iñaki Ribera Veiras y Alejandro Forero, que tienen mucha experiencia de trabajo sobre la situación carcelaria. Ellos aceptaron trabajar con nosotros en esta propuesta de desarrollar políticas en el marco de las defensorías públicas contra la violencia institucional. Vieron que las defensorías públicas pueden ser un espacio en el cual la prevención de la violencia institucional y la protección de los derechos humanos puede tener especial eficacia. Sobre todo, valoraron la potencia que tiene la AIDEF para impulsar el trabajo en conjunto de defensorías públicas de la región para fortalecer los derechos de personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad.
¿Qué es el SIRCAIVI y cómo fue el trabajo previo que llevó a su diseño e implementación?
GT: Se trata de un sistema de registro específico de casos de violencia institucional cuya base funcionará en el Programa contra la Violencia Institucional de la DGN. Ello permitirá conocer en profundidad los hechos de violencia institucional que se verifican en los establecimientos carcelarios. Este proyecto se completa con la RED-MEDAI, la cual se conforma con la interacción de diversas organizaciones que trabajan en el control de las condiciones de detención en cárceles. Ello así, a fin de poder unir fortalezas y abordar cada uno de los casos con mayor eficiencia. Además, el SIRCAIVI, pretende ofrecer a la víctima y a sus familiares una contención psicosocial con el objetivo de lograr una contención más amplia y profunda de quienes han sufrido los efectos del acto de violencia institucional.
LH: Quisiera agregar que la DGN tiene una larga trayectoria de trabajar en políticas contra la violencia institucional y un fuerte compromiso en la materia. Ya en 2010 la defensora general de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, puso en funcionamiento la Unidad de Registro de casos de tortura y otras formas de violencia institucional y en el año 2013 creó el Programa contra la Violencia Institucional para brindar una asistencia más integral frente al problema. El Programa empezó a administrar la Unidad de Registro. Con el tiempo el Programa se fue fortaleciendo, incorporó un equipo interdisciplinario, además de abogados y abogadas que dan asistencia jurídica. Así que la respuesta de la Defensoría ante la violencia institucional ha ido creciendo en distintas etapas. Podemos decir que esta es una nueva etapa. El proyecto del SIRCAIVI nos dio la oportunidad de fortalecer todas estas políticas. A partir del SIRCAIVI modificamos nuestra Unidad de Registro, haciéndola más amigable para los usuarios y también redefinimos las categorías de violencia institucional, para ese trabajo nos valimos también del intercambio con otras instituciones de Argentina que también realizan registros, como el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, la Procuración Penitenciaria, entre otras. Por otro lado, en el marco del proyecto hicimos un protocolo de actuación del Programa para estandarizarla y hacerla más eficaz en el trabajo con cada uno de los casos de violencia institucional que se reciban. El proyecto SIRCAIVI también previó el fortalecimiento de la coordinación interna de la Defensoría y de la coordinación con otras instituciones, bajo la premisa de que la violencia institucional es un fenómeno muy grave y muy extendido en las cárceles y en otros ámbitos de privación de libertad (comisarías, escuadrones, lugares de alojamiento de niñas, niños y adolescentes, hospitales psiquiátricos, entre otros), que también entran bajo nuestra competencia. Al ser un problema tan grande y ser escasos los recursos de las distintas instituciones que lo trabajan, se busca fortalecer el trabajo en red entre ellas. Por eso, el día de la presentación del SIRCAIVI se firmó una carta de intención para crear una red contra la violencia institucional, que firmaron la Procuración Penitenciaria, el MPD, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, la Defensoría General de la CABA, la Defensoría del Pueblo de la CABA y la Comisión Provincial por la Memoria. Esto busca formalizar un trabajo de coordinación que venimos haciendo desde hace muchos años, sistematizar y afianzar la coordinación con la idea de construir un diagnóstico común que nos permita también abordar políticas de prevención, investigación y sanción de la violencia institucional.
¿Cómo explica que la sociedad en general naturalice la violencia en las cárceles?
GT: Yo pienso que se debe a que en general no se reconoce a la persona privada de libertad como un integrante de la sociedad. Se identifica a esa persona como alguien que está afuera del sistema, olvidando no sólo que esa persona es en principio un ser humano, con todo el reconocimiento de la dignidad que ello debería implicar, sino que también emerge del cuerpo social y que en algún momento volverá al seno de la sociedad libre. De allí el daño que implica a la seguridad social el hecho de maltratar a una persona privada de libertad. Sólo un profundo cambio cultural podrá modificar el estado actual de cosas. En general es difícil que se acepte que una buena medida de seguridad sea precisamente establecer un trato humano en las cárceles.
LH: Lamentablemente lo que ocurre en las cárceles en general no es conocido por la sociedad. Eso también impacta sobre la empatía que las personas que están afuera de ellas pueden tener sobre lo que ocurre allí adentro. Además, en general, la manera en que los hechos ilícitos se cuentan en los medios de comunicación tiende a generar temor por todo lo que ocurre adentro de las cárceles y una cierta necesidad de no enterarse de lo que allí ocurre. Eso termina en la negación de la cárcel, en no asumir que hay una parte de la sociedad, que son los familiares y amigos de quienes están privados de libertad, que se ve afectada por esa situación. Ese oscurantismo genera una naturalización de la violencia. Además, la falta de respuesta de las instituciones de la justicia, que hace que los hechos de violencia institucional carcelaria terminen en la impunidad, también produce la normalización de esos hechos. Se genera la sensación de que estar en la cárcel implica asumir reglas distintas. El trabajo de los que protegemos los derechos humanos de las personas privadas de libertad es desnaturalizar esa violencia, exigir investigaciones eficaces, oportunas, rápidas y que cumplan ciertos estándares previstos en el derecho internacional.
¿Cuáles son las formas más habituales violencia institucional carcelaria en Latinoamérica?
GT: El hacinamiento. Ese es el mayor problema que, en general, presentan las cárceles. A partir de allí se derivan todas las demás consecuencias negativas que tienen que ver con la violencia de hecho ejercida por el personal penitenciario y la violencia entre internos. Las deficientes condiciones estructurales de detención también configuran una situación concreta de violencia; por ejemplo, tener que dormir en el piso o que realizar necesidades fisiológicas en botellas, entre otras. Asimismo, la falta de atención médica, los traslados arbitrarios, las requisas violentas, son parte de la misma situación general. Hacinar seres humanos en cautiverio constituye uno de los más graves actos de violencia institucional.
LH: Otro problema común de las cárceles en la región y también del mundo es la falta de mecanismos para proteger a las personas que denuncian la violencia institucional. La persona que denuncia tiene como única vía de protección el aislamiento respecto al resto de la población carcelaria y ese aislamiento se da en general en las mismas celdas usadas para sancionar a las personas privadas de libertad. Es decir, que el efecto de la denuncia termina siendo un castigo adicional. Además, esos aislamientos son muy prolongados, sin acceso a esparcimiento, educación ni a las formas de trabajo. Todo eso lleva a desincentivar la denuncia de la violencia institucional, sumado al miedo a la represalia. Por eso uno de los grandes desafíos para que se pueda prevenir, investigar y sancionar la violencia institucional es trabajar en la protección de aquellas personas que animan a denunciar los hechos.
¿Cómo afecta esta violencia en particular a las mujeres encarceladas y a NNyA en conflicto con la ley penal?
GT: Desde la Comisión de Género de la DGN siempre se explica que las cárceles han sido construidas por hombres y para hombres sin tener en cuenta la situación particular de las mujeres. Es decir, desde la conformación de la estructura carcelaria se ha consumado una situación de violencia estructural contra la mujer. Que en nuestro país haya escasos pero grandes establecimientos carcelarios, conlleva a que las mujeres con hijos/as sean alojadas allí, muchas veces a miles de kilómetros de sus familias. Entonces, la realidad es que mujeres de diferentes provincias son alojadas en las cárceles de Ezeiza, mientras que las oriundas de Buenos Aires cumplen su prisión preventiva o condena en La Pampa o Salta, por ejemplo.
Ese es uno de los actos de violencia institucional más graves respecto de la mujer. Ello, además, genera un sufrimiento que excede la pena de prisión y trasciende a los niños y las niñas, ya que pueden pasar años sin que mantengan una visita. Tengamos en cuenta que la gran mayoría de las personas detenidas son pobres y no cuentan con medios económicos para solventar el traslado de la familia a los centros de detención.
Respecto de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, integran un colectivo de personas en desarrollo. Como tales requieren del acompañamiento y de la protección normativa y estatal. Los actos de violencia institucional cometidos contra niños, niñas y adolescentes configuran conductas de extrema gravedad porque comprometen a la dignidad y el desarrollo de un ser humano en crecimiento. Por eso es importante que todas las decisiones que se adopten respecto de ese colectivo tengan en cuenta el interés superior de cada niño y niña, conforme lo indica la Convención sobre los Derechos del Niño, como así también la normativa nacional de protección de la niñez.
También existen otros grupos cuyos derechos se encuentran absolutamente vulnerados, como los identificados genéricamente como LGBTIQ+. Es imperioso generar conciencia a fin de proteger y otorgar derechos a las personas que conforman estos grupos, siendo que las dificultades para acceder a derechos los obliga a insertarse en conductas vinculadas al consumo y comercio de estupefaciente, prostitución, violencia policial, violencia carcelaria. Todo eso merece urgente atención, porque los constituye en un colectivo que se encuentra en permanente situación de riesgo. En cuanto a la realidad de las personas LGBTIQ+ en las cárceles, no puede dejar de señalarse el peligro permanente en el cual se ubican como víctimas de delitos sexuales.
LH: Quisiera señalar también que respecto a las mujeres y niños, como también en relación a otros grupos que están puestos en situación de vulnerabilidad, desde el proyecto SIRCAIVI y el protocolo que se elaboró para sistematizar y estandarizar las respuestas contra la violencia institucional que se brinda desde la DGN, tuvimos especialmente en cuenta el precepto de trabajar con plena conciencia del impacto diferencial que la violencia institucional tiene en ellos.
¿Por qué es necesario que la violencia institucional sea visibilizada?
GT: Porque la violencia institucional se ejerce desde el Estado y, por lo tanto, esos actos se encuentran amparados o encubiertos bajo una pátina de legalidad. La sociedad en general, por una cuestión cultural que es imperioso modificar con información, entiende que la dureza en el trato carcelario se encuentra de alguna manera justificada, porque esa violencia forma parte o integra de alguna manera la pena de prisión. Este tipo de conclusiones lleva ínsita la idea de negar su dignidad al ser humano. De allí la relevancia de que la violencia institucional sea visibilizada, es la única manera de evitar y prevenir los actos y las conductas que configuren violencia institucional.
LH: Estoy de acuerdo. Mientras la violencia institucional siga estando oscura, van a persistir las condiciones para su repetición. Para frenar estas prácticas se necesita visibilizarlas y generar la empatía necesaria en la población para que los hechos sean condenados y no se naturalicen. La visibilización es una de las herramientas principales para desnormalizar la violencia institucional, para que esa empatía social se transforme en políticas públicas concretas, pero sobre todo en la investigación y sanción de los hechos.
¿Por qué es importante fortalecer a la defensa pública para combatir la violencia institucional?
GT: Porque cada una de las personas que integra la defensa pública es un agente de promoción de derechos humanos y con su función desarrolla un importante mecanismo de protección contra la violencia institucional, en particular aquella que se verifica en las cárceles. La defensa pública tiene la posibilidad de actuar en toda la extensión de la Argentina, ello otorga una potencialidad formidable y la posibilidad de litigar estratégicamente con el objetivo de abordar problemas generales de violencia institucional. En esta tarea los/as defensores/as públicos/as de víctimas con asiento en las distintas provincias están llamados/as a tener un rol absolutamente preponderante.
LH: El papel de la defensa pública es central y es muy importante que todos los que participamos en ella nos concienticemos del enorme espacio que ocupamos en términos de prevención. Porque nosotros tomamos contacto directo con los hechos de violencia y tenemos la capacidad de acompañar y asistir a las personas para denunciarlos y para intentar que esos hechos se terminen. La Defensoría tiene capacidad para instar las investigaciones a través de la denuncia, pero también a través de la representación de las víctimas en los procesos de investigación, a través del Programa de Patrocinio a Víctimas, como también través del trabajo que hacen las defensorías publicas oficiales.
¿Cuál es el aporte que realizan los mecanismos de control de cárceles a la lucha contra la violencia institucional y su prevención?
GT: Cada integrante de la defensa pública es, al mismo tiempo, un mecanismo de control de cárceles y su aporte a la lucha contra la violencia institucional es esencial porque con su actuación permite iluminar espacios y conductas ocultas a la sociedad en general. Las cárceles son por definición espacios oscuros y propicios para la afectación de los derechos básicos de las personas alojadas allí. Los mecanismos de control permiten visibilizar esas circunstancias, dar reconocimiento a derechos, restituir la dignidad y ser, de alguna manera, una red de contención frente a un poder punitivo que avanza permanentemente en la afectación de los derechos humanos.
LH: El aporte de los mecanismos de control de las cárceles es central porque somos agentes del afuera que podemos ingresar a las cárceles y acompañar a las personas privadas de libertad para que se sepa lo que ocurre ahí adentro. Acompañamos en esto a los actores principales, que son los familiares de las personas privadas de libertad. El rol es muy importante porque se tiene la obligación de documentar los hechos de violencia que ocurren en las cárceles, de ponerlos a la luz y de instar a la investigación. Si no hay un adecuado funcionamiento de los mecanismos de control y un ingreso permanente a los lugares de privación de la libertad, es imposible luchar contra la violencia institucional y evitar su repetición.
