El Gobierno nacional derogó hoy un decreto del expresidente Mauricio Macri en materia de política migratoria por considerar que sus regulaciones son “irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos".
El Decreto 138/2021, publicado esta mañana en el Boletín Oficial, deroga el Decreto 70/2017, una medida que desde la Defensoría General de la Nación (DGN) y, en particular, desde su Comisión del Migrante, había sido criticada por haber producido “un retroceso notorio en materia de goce de derechos para las personas migrantes, que implicó un incremento de órdenes de expulsión y de decisiones administrativas en cantidades”, como sostuvo en su momento el titular de la Comisión, el Dr. Hernán de Llano.
La norma, firmada por el presidente Alberto Fernández junto a las y los ministros del gabinete nacional, restituye "la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017" y dispone la creación de una "Comisión Asesora de Política Migratoria" que tendrá a su cargo la tarea de "proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871".
El nuevo decreto, que cita sentencias judiciales y observaciones de organismos internacionales críticas del decreto de 2017, detalla que aquella medida del gobierno anterior violaba el principio del debido proceso, el derecho a contar con asistencia y defensa legal, restringía “un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan” y los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias. “Todo ello”, destaca la norma, “sin evidenciar mejoras ponderables en otros aspectos”.
Además, la decisión del presidente Fernández hace hincapié en que “desde la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/17 se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.
Como ejemplo de esto basta recordar que mientras que en 2016 (antes del decreto 70/2017) la Comisión del Migrante presentó 84 demandas judiciales, en 2019 se llegó a 523. En cuanto a recursos extraordinarios o quejas ante la Corte Suprema, en 2019 ascendieron a 332, cuando en 2016 sólo llegaban a 19. Por último, en términos de recursos (que abarcan demandas judiciales, recursos extraordinarios, quejas y apelaciones) en 2019 se presentaron 1392. “Si sacamos la feria judicial”, había descrito de Llano en diciembre de 2019, “llegamos a 126 recursos por mes; es decir 5 recursos por día todos los días hábiles del año”.
La DGN celebra esta medida del gobierno nacional, que representa un paso de enorme importancia para la defensa de los derechos de las y los migrantes a través de una política a la altura de los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.