El jueves 13 de abril de 2023 tuvo lugar la XXXVI Reunión Ordinaria REDPO en la sede de la Defensoría General de la Nación de Argentina. Allí las delegaciones de las defensorías públicas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile trataron, entre otros temas de trabajo, la actuación de las defensorías en el área de derechos humanos y proyectos relativos a la sistematización y seguimientos de hechos de tortura y violencia institucional, capacitación y formación, mecanismo de cooperación interinstitucional y tecnologías de la información y comunicación. 

Ese mismo día, en horas de la tarde se presentó un nuevo número de la Revista de las Defensorías Públicas del Mercosur, editada en formato digital. Se trata de la décima edición de esta publicación pensada para difundir buenas prácticas y afianzar la búsqueda por la plena vigencia de los derechos humanos y garantías reconocidos en los tratados internacionales. 

Durante la presentación de esta nueva entrega que aborda desde distintos ángulos la problemática del acceso a la justicia para personas con discapacidad psicosocial, la Defensora General de la Nación y presidenta pro tempore de la REDPO, Dra. Stella Maris Martínez,  señaló que “es la primera vez que Argentina se encarga de la edición de esta revista, en continuación del trabajo que realizó durante los últimos diez años la Defensoría Pública de la Unión de Brasil”. Además, destacó la trayectoria y compromiso de los autores de este material y su disposición a compartir el conocimiento. “Esto hace que, número a número, la revista crezca en cantidad de participantes y de interesados que la consultan”, subrayó. 

En referencia a la temática central de este número, Martínez comentó que la Defensoría General de Argentina cuenta con áreas específicas para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad psicosocial en forma integral y proteger sus derechos. “Desde este ámbito -explicó- se han llevado casos ante los sistemas de protección internacionales; por ejemplo, el de una persona a la que no se contempló adecuadamente su situación de discapacidad intelectual y permaneció detenida cerca de 17 meses sin los apoyos ni ajustes necesarios. En ese caso se logró la absolución en el proceso judicial interno y la firma de un acuerdo de solución amistosa con el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que va a permitir que se implementen protocolos para que esta situación no se reitere”. 

Para finalizar su intervención, la Defensora General resaltó la importancia del Mercosur: “no es solo un acuerdo comercial entre los países, sino que da lugar a experiencias gratificantes, como la de esta publicación, que tienden a lograr en toda la región un respeto similar a los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial, si bien todavía falta muchísimo para alcanzarlo”. 

Por su parte, la Dra. María Luz Melon, directora de Asuntos Políticos del MERCOSUR (DIMPO) y funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina contó su experiencia como negociadora argentina para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y agregó: “el contacto con los operadores jurídicos me hizo entender que la norma es el comienzo de un camino hacia un paradigma de mayor inclusión, un recorrido del cual dan cuenta los artículos de esta revista”. 

Además, la Dra. Julieta Di Corleto, secretaria general de Capacitación y Jurisprudencia de la DGN y directora de la Revista de la REDPO, detalló que “la revista se edita desde 2014 con temáticas específicas que hablan del rol de la defensa pública en la región y de los avances que tuvieron las herramientas legales, en este caso, para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad”. 

Luego de las palabras inaugurales, tuvo lugar un panel en el que participaron la Dra. María Florencia Hegglin, defensora pública oficial adjunta ante la Cámara Federal de Casación Penal y autora de uno de los artículos de la revista; la Dra. Silvia Adriana Faraone, coordinadora del Grupo de Estudios sobre Salud Mental y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani y profesora de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; y la Dra. María Graciela Iglesias, responsable de la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental (ORN). 

Hegglin dijo que la elección del eje temático del presente número de la revista es un aporte a la búsqueda de que los derechos de las personas con discapacidad se reconozcan en la región y se instalen en la agenda pública. También se refirió a los obstáculos para que las personas con discapacidad psicosocial puedan acceder a la justicia en el sistema penal: “las normas penales no se adecúan al modelo social para el tratamiento de la discapacidad que impuso la CDPCD, para ello es necesario que se aplique en todo el país el nuevo Código Procesal Penal Federal, que sí incorporó el modelo de apoyos y de ajustes para estos casos”. La magistrada celebró, además, un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en un caso penal reconoció el derecho a ser oída de una mujer con discapacidad intelectual: “ese derecho debe garantizarse si se pretende administrar justicia en el marco del estado de derecho y de manera imparcial”, concluyó. 

A continuación, Silvia Faraone se congratuló de la publicación a la que calificó de “muy necesaria para mejorar el acceso a la justicia de las personas con padecimiento psíquico”. También planteó la necesidad de entender al sufrimiento mental en relación con la dinámica social y cultural del entorno, marcado por distintas formas de violencia, en que se inserta el sujeto que lo atraviesa. 

Finalmente, la Dra. Iglesias se refirió al marco normativo nacional e internacional en el que se desarrolla el funcionamiento del ORN. También recorrió algunas de las Observaciones General del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que apuntan a impulsar procesos de cambios legislativos para lograr la adecuación de las normativas internas a la CDPD, a la inclusión de la perspectiva de discapacidad en las políticas públicas y a la eliminación de la discriminación hacia las personas con discapacidad. “El desafío de quienes ejercen la defensa es lograr que el tratamiento que se brinda a las personas con discapacidad sea lo más aproximado posible a lo que establece la Convención, para lograr una mayor accesibilidad y abrir las puertas de estos derechos”, señaló. 

La presentación completa se puede ver AQUÍ