En primer lugar, agradecer a todos ustedes que estén acá. Para mí es un verdadero gusto y un honor estar con todos ustedes en esta impresionante jornada de la defensa pública. Y voy a romper un poco el hielo: en realidad me considero una especie de amigo de la casa. Veo muchas caras conocidas, muchos amigos. A mí me ha tocado, estando del otro lado -en realidad no trabajé nunca en la defensa pública, pero estando en el juzgado-, he llamado al defensor oficial para que venga de urgencia, así que he vivido esa sensación que recién decía la defensora general.
 
Agradecer a los anfitriones, al señor defensor general, la verdad que unas jornadas que arrancan del mejor modo que podrían arrancar, en un lugar maravilloso. He tenido la suerte de venir varias veces a Santiago, de saber lo valiosa que es su gente, lo amistosa. Sentirse uno realmente como en casa.
 
Agradecerle a la señora defensora general de la Nación, que fue además quien me transmitió originalmente la invitación. Yo sentía que, además, tenía una deuda con la defensa pública. Asique me parecía un buen motivo para compartir con ustedes algunas reflexiones.
 
No creo que les dé una conferencia magistral ni mucho menos. Muchos de ustedes saben mucho más que yo en muchas de las cosas en esta agenda tan interesante que plantean estas jornadas. Pero sí compartir algunas reflexiones, algunas buenas y permítanme, en algunas otras, decir algunas cosas para que inviten al debate y a la discusión y ojalá sirvan para enriquecer estas valiosas jornadas.
 
En primer lugar, yo coincido plenamente con lo que aquí se ha señalado sobre el rol clave que juega la defensa pública en el sistema de justicia. Rol muchas veces minimizado, dejado de lado. Y creo que eso siempre ha sido un grave error. Creo que el fortalecimiento que está teniendo la defensa pública en el país es realmente un tema crucial para el avance del estado de derecho, para que tengan voz aquellos que más lo necesitan. Con todo lo difícil que es, además, la tarea del defensor público: defender personas que han cometido delitos atroces. Desde delitos de lesa humanidad hasta delitos contra la vida, contra la integridad sexual de las personas.
 
Es realmente un desafío enorme y poder hacer eso con orgullo y resistir, a veces, críticas superficiales o miradas -muchas veces por desconocimiento-. Pero me parece que en eso la defensa pública juega un rol muy importante que a mí como ministro de Justicia me corresponde resaltar, relevar y felicitar a todos ustedes por esa tarea, que es realmente muy dura. Que tiene de pronto satisfacciones pero que en general es realmente muy dura. Es casi contra intuitiva en términos de la gente y el rol que desarrolla la defensa pública.
 
El segundo punto que quiero destacar es el reconocimiento internacional de la defensa de Argentina. Me ha tocado ser vice presidente del CEJA allá entre 2003 y 2007 y defender el modelo de defensa pública de la Argentina contra incluso otras miradas como la de los representantes de Chile y otros países que tienen otros sistemas. Y señalar el modelo de defensa pública argentino como un modelo realmente muy valioso y un modelo a imitar, que además se ha ido, como señalaba recién la defensora general, extendiendo en casi toda la región y tomando como parámetro central. Y creo que esto se puede extender en todo el mundo. Creo que la defensa pública en este modelo que se ha ido desarrollando y que además la defensora general de la Nación en estos años de mandato ha logrado consolidarlo como un modelo y como un ejemplo. Y eso también lo están haciendo los defensores provinciales que han surgido. Me parece que es algo que hay que destacar y reconocer.
 
El tercer punto que me parece que es muy relevante tiene que ver con la calidad técnica de todos ustedes o de la mayoría de ustedes y de la mayoría de los defensores oficiales, producto de un sistema de concursos muy exigente. Producto de un montón de tradición, por mucho de vocación por esta tarea tan difícil que tiene que hacer la defensa.
 
Realmente en términos generales se ha llegado a un nivel de excelencia que yo también pediría a la defensa pública si tuviera algún proceso judicial, cosa que pensé que no iba a tener, pero ahora ya de ministro me han iniciado. He pasado a tener por primera vez muchas denuncias penales que me han hecho. Por suerte todavía no he necesitado acudir a la defensa pública. Espero no necesitarlo pero, lamentablemente, nuestro país ha avanzado en esquemas de discusiones políticas trasladadas a la justicia que no es el camino sobre el cual hay que avanzar, sino que hay que dejar de lado.
 
Pero volviendo a la defensa pública, creo que la defensa pública tiene una excelencia en su desempeño que es digno de destacarse. Yo siendo fiscal general de la Ciudad los fiscales se quejaban de cómo la defensa de algún modo les entorpecía su actuación. Y en realidad la defensa está cumpliendo con su deber y lo está haciendo muy bien.
 
Creo que tienen todos ustedes fuertes motivos para sentirse orgullosos. Creo que han iniciado un camino que abre dentro del estado de derecho y del sistema jurídico, del sistema de justicia un valor realmente central. Y, además, es un valor que, como recién se lo señalaba, cada vez se lo reconoce más, y cada vez va tomando nuevos aspectos.
 
La nueva ley de los derechos de las víctimas que ha sancionado el Congreso de la Nación le otorga ya ahora formalmente y de modo contundente a la defensa pública el enorme desafío -que además vamos a estar coordinando, porque al Ministerio de Justicia, a la Secretaría de Justicia, nos toca generar lo que es el Centro Nacional de Asistencia a la Víctima- también el rol de defender a las víctimas, que en los últimos años han sido los grandes olvidados del proceso penal. Recién hablábamos -acá está Atilio Álvarez- de cómo los asesores de menores también han jugado históricamente un rol. Yo recuerdo, siendo secretario de menores un caso de unos chicos muy triste, que habían sido fuertemente abusados por sus padres y que en ese gran drama los medios de comunicación tomaron el caso y avanzaron en una difusión inadecuada de la situación de estos chicos. Nunca me voy a olvidar de los nombres, apellidos y caras de cada uno de esos chicos -yo era secretario de menores- y cómo la asesoría tutelar, la asesoría de los niños, pudo evitar una difusión mayor que los estigmatizara aún más a estos chicos en un hecho de gravedad. Y después hizo acciones judiciales, de daños y perjuicios, también contra aquellos que habían avanzado violando la ley en perjuicio de esos jóvenes que habían sufrido una experiencia extremadamente traumática. 
 
Creo, entonces, que la defensa pública tiene una integridad y una posibilidad de crecer, de proyectarse, de trabajar junto con la comunidad que es enorme. Una de las cosas que nosotros estamos intentando es, a través de los Centros de Acceso a la Justicia. Hay 88 en todo el país. Hoy por primera vez hay Centros en todas las provincias, en todas las jurisdicciones; hay uno en Santiago que visitaré esta tarde y que tiene que ver con esta necesaria interacción entre todos los organismos del Estado. Porque el Estado es uno y la gente no distingue. Nosotros podemos hacer las disquisiciones constitucionales o institucionales, y está muy bien que las hagamos, pero lo que la gente necesita es un Estado presente. Sea víctima o sea victimario o imputado; todos necesitan ese Estado que le garantice de la mejor manera posible sus derechos. Y en esto la defensa pública tiene este rol primordial, este rol inicial. Por eso es tan importante -recién hablábamos con el ministro de Justicia y DDHH de la provincia- de esta necesidad casi pre judicial en relación a las víctimas y demás, de empezar a intervenir y dar una contención, hacer acompañamiento, dar orientación. Realmente, nosotros que hemos trabajado mucho con análisis, con encuestas. Es decir, muchas veces la gente no tiene idea de sus derechos, no tiene ni idea a quién recurrir. Generalmente ven puertas que se le cierran, o que nadie se pone en su lugar. Y ahí quiero entrar en tres o cuatro temas que sé que probablemente generen alguna polémica, pero son temas que pueden ser importantes para el debate en este ámbito de jornadas nacionales de la defensa pública.
 
Y voy a empezar con este primero que tiene que ver con ese acompañamiento de la gente en donde generalmente la defensa pública ha tenido una sensibilidad mucho mayor que la de la propia justicia, o que la propia fiscalía, o los propios juzgados. Y creo que eso no hay que perderlo. Es más, creo que hay que seguir profundizando. El defensor, ahora en su rol de defensor de la víctima, o eventualmente en su rol natural de defensor, es el que tiene ese contacto y tiene que construir esa primera relación. Y me parece que en esto los aspectos humanos, los aspectos de contacto y de inmediación son centrales. Y digo inmediación -y acá entro en temas de gestión y ya más de fondo- porque en esto todo el sistema de justicia con la oralidad temprana, aun en materia civil que estamos avanzando, en materia penal, sistema adversarial, avanza hacia esquemas de mayor inmediación, de mayor contacto del juez, el fiscal y la defensa con el caso. Y uno de los grandes desafíos que tiene la defensa es lograr generar un modelo de organización diferente del modelo de organización de la justicia y de la fiscalía. Un modelo de organización propio que atienda sus particulares características. Tenemos la tendencia, y discúlpenme el atrevimiento, de querer ser iguales que los jueces y los fiscales. Y no son iguales que los jueces y los fiscales. Cumplen otro rol. Tienen las mismas garantías hoy constitucionales, y eso está muy bien, pero tienen distinto rol. Y el sistema de organización tiene que ser distinto. Porque el trabajo es esencialmente distinto. Entonces me parece que hay un primer punto, que yo creo que es un desafío que ya se ha comenzado pero que tiene que ir, desde mi punto de vista, mucho más allá, que es empezar a rediscutir cómo se organizan las defensorías. Por decirlo de un modo genérico. Hay defensores nuevos. El modelo de la defensoría estanca, y esto es mi visión crítica, no funciona más. Como también podemos discutir el modelo de fiscalías y de juzgados, los colegios de jueces. Esas son discusiones donde ya hay incluso material, hay opiniones, hay trabajos. Generemos trabajos sobre cómo se organiza una defensa pública, cómo es el modelo de organización, ¿defensoría 1?, ¿defensoría 2?, ¿defensoría 3? No, perdónenme. No. Es decir: ¿qué hacemos con nuestros colaboradores letrados, abogados, que si no fueran empleados de la defensa pública podrían estar litigando incluso ante la Corte Suprema? Es decir, ¿cuál es ese rol en el proceso? ¿Lo dejamos afuera? ¿Sólo el defensor puede? ¿O el defensor tiene que pasar a ser un jefe de oficina, como funcionan por ejemplo los estudios jurídicos, o cómo funcionan incluso hoy las fiscalías en algunos lugares y en otros países, donde hay responsables, hay supervisores, pero hay toda una modalidad de organización que permite que todo el equipo de la defensa esté? Porque además eso genera una relación más personal. Si hay una defensoría que tiene que atender a cientos de asistidos es muy difícil que sea el defensor el que pueda llevar esos cientos de casos. Eso no funciona así. En ningún estudio jurídico funciona así. En ningún país en general. Entonces me parece que ahí hay un primer desafío que tiene que ver con la organización.
 
Un segundo elemento que para mí es central, y a lo mejor lo debería haber dicho antes, tiene que ver con el rol del defensor, que no se tiene que perder de vista. Yo entiendo las políticas públicas, entiendo el rol institucional y estratégico de la defensa; entiendo la litigación estratégica. Ahora, yo asistido por la defensa pública (ojalá que no, pero me sentiría tranquilo) no quiero que mi defensor vaya a defender cuestiones ideológicas, o cuestiones de políticas públicas, o cuestiones de cómo interpreta el derecho penal. Yo quiero que me defienda a mí, Germán Garavano, de carne y hueso, que estoy atravesando una imputación, supongamos que injusta. Porque muchas veces a mí me ha tocado como fiscal general, y me ha tocado como juez, tenemos la tentación -como también la tienen los fiscales y los jueces- de caer en las discusiones dogmáticas: “no, porque yo creo que esto es así y está mal jurídicamente o dogmáticamente…” y me olvido cuál es el interés de mi asistido. Y el rol de la defensa pública es defender a su asistido. No, discutir la interpretación de una ley o de un tratado. Que está muy bien si ayuda a mi asistido. Pero yo he visto defensores -y lo he escrito en resoluciones- que se olvidan de su asistido y no son capaces de llegar a acuerdos (a veces de probation o de juicios abreviados, y demás) que son mejores para su asistido para defender determinada posición. Entonces yo creo que ahí -esto es mi opinión, ustedes pueden opinar totalmente distinto- pero me parece que son los temas que hay que empezar a discutir. Porque si no también desnaturalizamos. El rol de la defensa es asistir a aquellas personas que no tienen un defensor particular y garantizar sus derechos de la mejor manera posible (ahora incluso a las víctimas). Entonces están muy bien las discusiones estas pero los argentinos, los abogados, tenemos la tendencia a discutir siempre en abstracto. Nos olvidamos de los hechos. Y en esto también es muy importante el trabajo que se está haciendo con la posibilidad de que haya asesores interdisciplinarios y asesores expertos. Porque también tenemos que cada vez discutir menos derecho y discutir más hechos. Porque muchas veces nos olvidamos de los hechos. Le pasa a los fiscales -y es una lucha constante, al menos en mis siete años de fiscal general-, le pasa a los jueces. Si uno lee pronunciamientos judiciales argentinos -que son excelentes jurídicamente, dignos de una tesis doctoral- generalmente no tratan hechos. Los hechos se tratan marginalmente. El juez lo tiene que resolver es sobre hechos, hasta que vayamos hacia el sistema de jurados. Y esa es otra discusión porque los hechos los resolverá un jurado popular. Pero mientras tanto, en aquellas jurisdicciones donde no hay jurados que resuelven sobre los hechos y sobre la responsabilidad en función de esos hechos, es donde nosotros tenemos que poner el foco -en mi humilde opinión- y trabajar mucho sobre ese rol. 
 
Entonces creo que el desafío que tiene la defensa pública es enorme. Por un lado, tiene un desafío institucional de seguir avanzando en términos de su autonomía. Nadie debiera discutir el modelo de organización. No se debiera avanzar hacia modelos de defensa pública privada, ni mixta, ni nada por el estilo, como en otros lugares de la región. Pero la contracara de eso es seguir consolidando este trabajo que se ha empezado a hacer y que es muy bueno en términos de tener una defensa pública moderna. Una defensa pública que aproveche los recursos de la mejor manera. Que deje atrás modelos de organización copiados de los tribunales y de las fiscalías que no sirven al proceso de trabajo interno. Me parece que, en resumen, ese es el desafío que tienen y para lo cual este tipo de jornadas, más allá de las discusiones de fondo, tiene que servir de plataforma. Yo creo que debieran incluso verse experiencias de organización de estudios jurídicos e invitar a abogados de grandes estudios y discutir. No para tomarlas. Simplemente para saber cómo funcionan otras organizaciones de abogados que tratan de brindar otro servicio. Y que como tienen competencia y tienen costos -como todo en la vida, en general, salvo el Estado- generan modelos de organización que pueden servir para hacer más eficiente la respuesta que le damos a la gente que necesita que nosotros le defendamos sus derechos de la mejor manera posible. Me parece que ese es el desafío, porque además es lo que hace sustentable el modelo de defensa que tenemos en nuestro país. Y es lo que le va a permitir crecer e ir consolidándose más. Si no, siempre tenemos el riesgo de recibir las mismas críticas que recibe el poder judicial o las propias fiscalías: que son estructuras más burocráticas, que son endogámicas, que se miran hacia adentro, que no tienen rendición de cuentas hacia afuera, no en general o institucionalmente sino en términos de resultados y de cómo se avanza, cómo se organiza el trabajo, cómo jerarquizamos a nuestros colaboradores que cobran muy bien y los aprovechamos en ese rol. Me parece que esos son algunos de los desafíos que tiene la defensa pública.
 
Yo se los quería plantear en esta intervención, sabiendo que están muy bien, que están con altos estándares y que son un ejemplo a nivel nacional y regional. Pero que hay todo un camino que se puede trazar en términos de avanzar en esta dirección de fortalecer la defensa pública. Y mostrar realmente a la defensa como una organización eficiente que da respuesta, que está cerca de la gente. En su rol de victimario o imputado. En su rol de víctima ahora. En su rol de asesor. Me parece que ese es -desde mi humilde punto de vista- uno de los grandes desafíos que tienen. Y ojalá en estas jornadas, o en las próximas, puedan avanzar y cada vez haya más gente que trabaje en la defensa, que se anime a escribir documentos, a analizar experiencias exitosas. Porque cuando uno va a la bibliografía no existen trabajos de investigación casuísticos, que analicen casos, resultados, nuevos modelos de organización. No existen sobre estos temas. Ahora hay más sobre los colegios de magistrados. Hay más sobre las oficinas comunes -que están avanzando en varias jurisdicciones-. Hay más sobre las fiscalías. A mí me tocó hacer una reforma muy grande en la fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires que la defensa pública no hizo. La defensa pública de la ciudad de Buenos Aires -con todo cariño- no hizo la reforma que debía hacer para brindar un mejor servicio. Y eso termina siendo sostenible sólo políticamente porque la cantidad de recursos son muchos. Entonces, me parece que el desafío que tenemos en muchas jurisdicciones que tienen menos recursos que la Ciudad de Buenos Aires es ver -sobre todo Defensorías que se están creando, que se están independizando- cómo se generan modelos de organización que sean eficientes, que sean jerarquizados, que tengan buena proyección de carrera, y que brinden en definitiva un buen servicio de excelencia -como estamos diciendo acá- a los que tienen lamentablemente la tragedia que les toca ir a defensa pública. Nadie va por gusto ni a los tribunales ni a a ver un defensor. Es porque pasó algo o tiene una imputación -real o injusta-, o sufrió, ahora, algún hecho, o tienen en las áreas no penales una carencia o un derecho no realizado. Entonces, ver cómo se logra de algún modo generar un modelo de organización propio, autónomo, de la defensa, que esté pensado en términos de dar respuesta a la gente.
 
Muchas gracias a todos y quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias.