La Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, presentó el Informe Anual 2024 del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina (MPD) ante el Congreso de la Nación Argentina.
Este documento expone la labor que llevaron a cabo las áreas de la Defensoría General de la Nación (DGN) y las distintas dependencias de todo el país durante el período, en cumplimiento a lo que establece el art. 7º de la Ley 27.149, Ley Orgánica del MPD.
Al dirigirse a los/as legisladores/as en la introducción del documento, la Dra. Martínez recordó que el MPD es posicionado por su Ley Orgánica como una institución de protección de derechos humanos que garantiza el acceso a justicia y la asistencia jurídica integral de las personas, en especial de aquellas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, que la independencia, autonomía funcional y autarquía financiera son las garantías, constitucionalmente establecidas y regionalmente reconocidas, para el desarrollo sus objetivos institucionales.
Entre las actividades desarrolladas por la institución en el ámbito de las relaciones institucionales a nivel internacional, la Defensora destacó su permanencia en el cargo de secretaria general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) hasta 2026 y el desarrollo durante 2024 de proyectos de capacitación y la obtención de financiamiento internacional para actividades formativas.
A nivel nacional, recalcó las acciones emprendidas en el MPD para la puesta en funcionamiento del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en las jurisdicciones de Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia. Entre ellas figuran la aprobación de proyectos piloto que reorganizan los recursos humanos disponibles en cada una de las jurisdicciones conformando distintas unidades defensa y equipos de trabajo, y la puesta en funcionamiento el rol de Defensor Público de Coordinación.
La Dra. Martínez también destacó su participación y la de otros/as integrantes del MPD como expositores/as de la postura institucional frente a proyectos legislativos sobre temas atinentes a la defensa pública. Entre ellos destacó a la Reforma Penal Juvenil y recordó la necesidad de que el Estado argentino adopte un sistema que respete los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos para asegurar la protección especial a la niñez y adolescencia frente a la ley penal y que excluya la baja de edad de punibilidad y el endurecimiento de las penas.
La introducción al Informe Anual también se refiere a la labor de los Programas y Comisiones de la DGN: “han desempeñado un trabajo fundamental durante el año 2024 a través del diseño y ejecución de políticas institucionales que permitan el acceso pleno a justicia de sectores especialmente vulnerables”. También destaca los logros obtenidos en “la difícil tarea que cumplen las distintas defensorías, en base al compromiso que se renueva diariamente de cara a la protección de los derechos de los/las asistidos/as” y “las principales problemáticas que se deben afrontar frente al creciente número de personas que acuden al servicio de defensa pública”.
En relación a la gestión administrativa y financiera del organismo, el año 2024 es calificado como un “período de grandes restricciones presupuestarias”. “El escenario de incertidumbre nos obligó a priorizar las acciones fundamentales y a gestionar los recursos disponibles con extrema cautela”, señala. En ese sentido, se menciona que la implementación del sistema acusatorio, que implicó reacondicionar y ampliar edificios, así como incorporar nuevos insumos informáticos, fueron solventados con recursos propios ya que no se recibieron las partidas presupuestarias necesarias para enfrentar un cambio tan relevante.
Asimismo, menciona la realización de concursos públicos para cubrir cargos de magistrados/as en distintas jurisdicciones; así como de exámenes para para cubrir necesidades de personal mediante el mecanismo de ingreso democrático. Al igual que en años anteriores, la Defensora General también ratificó que "es una prioridad de nuestra gestión la capacitación permanente de todos/as los/as integrantes del MPD" a través de la Escuela de la Defensa Pública y que en 2024 se mantuvo para todas las dependencias del MPD el esquema de cursos obligatorios, la formación para ingresantes y los cursos de actualización.
En materia de política comunicacional, la introducción al Informe Anual destaca en 2024 la realización de la primera capacitación en comunicación jurídica para la institución y de la campaña por los 30 años de la reforma constitucional del año 1994, donde se reconoció independencia, autonomía funcional y autarquía financiera al MPD.
El período se destacó, también, por la cantidad de reconocimientos nacionales e internacionales otorgados a la Dra. Stella Maris Martínez como cabeza del organismo.
“Frente a los nuevos desafíos, la Institución se compromete día a día a brindar un servicio de defensa eficaz y de calidad para todos y todas, especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad”, concluye la presentación.
