El pasado 13 de febrero tuvo lugar la audiencia de determinación de responsabilidad del primer juicio regido por el Código Procesal Penal Federal en la ciudad de Mendoza.
Por parte de la defensa intervinieron el Dr. Alejo Amuchástegui, Defensor de Coordinación de la jurisdicción y titular de la unidad de defensa acusatorio de Mendoza, y las Dras. María Paz García, Defensora Coadyuvante, y Agostina Cardello, como apoyo litigante.
Los jueces que intervinieron fueron los Dres. Roberto Nacido, Héctor Cortez y Pablo Salinas; y por la fiscalía actuó el Área de Investigación y Litigación de Casos Sencillos a cargo de la Dra. Eugenia Abihaggle y el secretario Facundo Atencio.
El hecho llevado a debate se trató de una tenencia 177,5 gramos de marihuana por parte de una persona detenida en la cárcel de Almafuerte.
Previo al debate oral se había realizado la audiencia de formalización de la acusación en la que el caso se calificó como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por suceder dentro de un establecimiento penitenciario. La acusación se basó en el testimonio de un solo agente penitenciario quien dijo haber visto al acusado arrojar un paquete durante la requisa previa a su reingreso al módulo donde cumple condena, luego de haber participado en actividades de laborterapia. El bulto hallado resultó contener marihuana.
También el proceso incluyó audiencias autónomas, donde la defensa pidió el sobreseimiento basado en que el testimonio del penitenciario no bastaba para atribuirle responsabilidad al acusado; asimismo, se realizó una audiencia de control de acusación.
Sin embargo, a pesar de que la defensa presentó testimonios en contrario, así como pruebas instrumentales y documentales junto a los antecedentes positivos del acusado, la fiscalía y los jueces coincidieron en que la palabra del funcionario público era suficiente para condenar al detenido a 6 años de prisión por el hecho.
Un aspecto del proceso destacado como importante por la defensa fue la posibilidad incorporar prueba para sostener su teoría del caso y de usar apoyo audiovisual a la hora de realizar sus alegatos. Desde la defensa también valoraron que el juez antes de dar su veredicto haya ofrecido al acusado una fundamentación de la condena.
Los integrantes de la defensa pública resaltaron como positiva la celeridad del nuevo sistema, dado que el hecho, por el que ya se realizó el juicio oral y se alcanzó una sentencia, ocurrió el pasado 28 de agosto. “Con el código anterior este juicio se hubiera realizado entre dos y dos años y medio después”, afirmó Amuchástegui.
El nuevo Código Procesal Penal Federal rige en la jurisdicción de Mendoza desde el 5 de agosto de 2024.
