El pasado 6 de diciembre, la Cámara Federal de San Martín, a cargo de los Dres. Néstor Barral y Alberto Lugones, resolvió que se reanuden las obras de saneamiento para el saneamiento del Basural a Cielo Abierto (BCA) de Luján. La decisión se adoptó a partir de un pedido que realizó la Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, Dra, Verónica Vieito, para dejar sin efecto una medida cautelar que suspendía la ejecución del proyecto Centro Ambiental Luján (CAL). Con esta resolución, el tribunal ordenó la reanudación del saneamiento y encomendó al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires su supervisión. 

El fallo no hace sino confirmar la resolución adoptada en mayo pasado por el juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, que había levantado la medida cautelar que detuvo las obras de reconversión del predio. En su momento, el pedido de la Dra. Vieito, con la colaboración del del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Defensoría General de la Nación, coordinado por el Dr. Sebastián Tedeschi, se basó en que hubo un agravamiento especial en la afectación de derechos de los vecinos y vecinas. Además, también hubo modificaciones respecto a la ejecución del CAL. El cambio de estas circunstancias generó que se decidiera la improcedencia de continuar con la suspensión provisional de las obras. 

En esta ocasión, los Dres. Barral y Lugones dispusieron que la Municipalidad de Luján intensifique las medidas de fiscalización sobre el vuelco en el BCA con el objeto de impedir que se arrojen allí residuos patogénicos y especiales o peligrosos, debiendo informar las medidas que se adopten para la verificación de su cumplimiento. Además, los jueces de cámara ordenan al municipio dar más participación a los recuperadores informales en alguna de las etapas de gestión de los residuos, como podría ser a través de una mayor recolección domiciliaria o diferenciada de materiales reciclables. 

La Cámara Federal de San Martín entendió que el posible perjuicio que podría ocasionar la continuidad del proyecto “resultaría sensiblemente menor en comparación a la actual situación ambiental o al agravamiento que podría darse por la suspensión del avance de las obras enfocadas en lograr el cierre técnico del mayor basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires”, según consta en el fallo.