El pasado 11 de diciembre tuvo lugar la primera audiencia regida por el nuevo Código Procesal Penal Federal en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut. El caso, referido a una requisa llevada a cabo de manera irregular, culminó en un fallo de nulidad gracias al accionar del Ministerio Público de la Defensa, representado en el defensor público coadyuvante de la jurisdicción, Dr. Raúl Tótaro.
El caso ocurrió el pasado 7 de diciembre, cuando una mujer observó en la vía pública una situación de “pasamanos” de un envoltorio. La policía del barrio de Laprida se percató de aquello y realizó un palpado preventivo, encontrando dicho envoltorio. En ese punto, en atención a las nuevas atribuciones del Ministerio Público, se estimó necesario contar con la orden judicial de requisa, conforme lo prevé el artículo 137. Al contactar con la jueza de garantías, ella consideró que el Ministerio se encontraba en el supuesto previsto en el artículo 138, donde podía llegar a procederse a una requisa sin orden judicial en determinadas circunstancias.
Ante esa situación, la fiscal de cámara solicitó a los jueces de revisión un saneamiento de la medida, como acto que pudo haberse realizado de manera defectuosa, en el entendimiento de que la posible irregularidad podía ser saneada por la interpretación que podía hacer el Tribunal de la normativa aplicable al caso. Por su parte, el Dr. Tótaro solicitó que no se hiciera lugar al saneamiento y que se decretara la nulidad de la requisa, por haber sido cumplimentada violando las normas del artículo 137, es decir, sin autorización judicial, y sin los requisitos que señala el artículo 138, específicamente, el inciso B; postura a la que los camaristas le dieron la razón.
“Destaco la celeridad en la implementación del nuevo Código. A menos de tres días de ocurrido el hecho, obtuvimos una declaración de nulidad, que fue muy importante para la jurisdicción”, expresó el Dr. Tótaro tras la conclusión de la audiencia.
El nuevo Código Procesal Penal Federal rige en la jurisdicción de Comodoro Rivadavia, donde el Defensor Público de Coordinación es el Dr. Guillermo Garone, desde el pasado 2 de diciembre.