Hoy comienza, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín, el debate oral seguido contra treinta integrantes del grupo religioso Templo Filadelfia.
La labor del Ministerio Público de la Defensa (MPD) en el caso es llevada adelante por parte de dos dependencias. Por un lado, la Defensoría Pública Oficial (DPO) ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal Nº2 de San Martín, cuyo titular es el Dr. Sergio Moreno, representa a veintiocho de los treinta imputados. Por otro, la Defensoría Pública de Víctima (DPV) con asiento en la provincia de Buenos Aires, cuya titular es la Dra. Inés Jaureguiberry, representa, como parte querellante, a cuatro de las víctimas y, además, presta asistencia jurídica a otras tres.
Tal como fue requerido por la DPV y la Fiscalía interviniente, en el caso se juzgarán hechos ocurridos entre el año 1972 y, por lo menos, el día 1 de diciembre de 2020, llevados adelante por una presunta asociación ilícita que, bajo la figura de la congregación religiosa Templo Filadelfia, habría captado, trasladado y acogido a personas en situación de vulnerabilidad con el fin de explotarlas laboralmente y reducirlas a la servidumbre. Además, durante el período de explotación muchas víctimas habrían sufrido abusos sexuales en el marco de supuestos rituales religiosos.
La sede central de Templo Filadelfia se ubicaba en San Justo, provincia de Buenos Aires, y contaba con una gran cantidad de anexos situados en esa provincia, como también en las provincias de Neuquén, Salta, Tucumán y Mendoza. Además, la organización contaba también con anexos en la República del Paraguay y en la República Federativa de Brasil.
De acuerdo a la calificación propuesta por la DPV y la Fiscalía, los hechos resultarían constitutivos de los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral agravada en concurso real con los delitos de reducción a la servidumbre, asociación ilícita y abuso sexual agravado.
Cabe resaltar que en el curso de la investigación fueron embargados más de cuarenta inmuebles y también se ordenó oportunamente el secuestro de veintiocho automóviles, que podrían ser destinados a satisfacer las reparaciones integrales de las víctimas en caso de arribar a una sentencia de condena.
Se prevé también que, durante las etapas iniciales del juicio oral, el Tribunal dé tratamiento a distintas incidencias, entre ellas el planteo de la mencionada DPO de San Martín referente a la doble condición de víctima e imputado que revestiría uno de sus asistidos.
Tanto la DPV como la DPO han planteado en diversas oportunidades procesales la necesidad de dar celeridad a la fijación y celebración del juicio oral, en atención a la necesidad de obtener una resolución en un plazo razonable y teniendo en cuenta que muchas de las personas imputadas se encuentran cumpliendo medidas de coerción extendidas en el tiempo.
Debido a la gran cantidad de hechos imputados, como también de personas que serán sometidas a juicio, de víctimas y testigos que participarán, el Tribunal ha fijado nueve audiencias para lo que resta del año 2024 y se prevé que el juicio oral continúe durante todo el año 2025. En este marco, las dependencias del MPD que intervienen en el caso afectarán buena parte de la labor de sus titulares, defensores/as coadyuvantes y empleados a la tramitación de este juicio oral.