En la tarde de ayer la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, expuso ante el plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes, Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados, para ampliar el debate sobre la baja en la imputabilidad en el Régimen Penal Juvenil.
La Dra. Martínez remarcó que “en el año 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una dura sentencia contra Argentina –“Mendoza vs Argentina”- por dictar prisiones perpetuas a menores de edad. Luego, en 2021, la misma Corte hizo una sentencia de seguimiento de esa condena y le pidió a la Argentina una ley general de justicia juvenil compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño y las normas internacionales en la materia. El fin era garantizar que la privación de libertad de niños y niñas sea utilizada como último recurso y no recurrir a la reducción de la edad de responsabilidad penal”.
La Defensora General enfatizó su rechazo al proyecto de ley y agregó: “si seguimos con esto, la Corte podrá denunciar al Estado argentino ante la Asamblea General de la OEA por incumplimiento a una sentencia que se comprometió a acatar cuando aceptó la jurisdicción de la Corte IDH”.
Además, la titular del Ministerio Público de la Defensa (MPD) lanzó puntuales objeciones a la baja de imputabilidad a 14 años: “aquel niño que roba una manzana puede quedar detenido en una celda a metros de un homicida serial. Esto es lo que facilita esta ley, vamos a entregar a los niños a un sistema carcelario ineficaz y colapsado que está impulsando a delinquir a los adultos, los vamos a mandar a la escuela de la delincuencia”. “En la actualidad hay 2153 presos en las comisarías y más de 800 en destacamentos de Gendarmería, ese es un verdadero problema de seguridad, no los niños”, agregó la Dra. Martínez.
Para concluir expresó: “Estamos obligados a dictar una ley acorde a las normas internacionales. Necesitamos algo novedoso, que ponga a la Argentina al frente de todos los sistemas juveniles de la región. Si se aprueba este proyecto, lejos de asegurar una mayor garantía de armonía social a las víctimas, vamos a poner nuevamente en serio peligro a la paz social”.
El tratamiento del proyecto continuará el próximo martes 3 de septiembre.