Desde 2014, por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, ante la necesidad de crear mayor conciencia de la situación de las víctimas, de promover y proteger sus derechos, así como de tomar medidas coordinadas, amplias y sistemáticas en la lucha contra la trata de personas.
Uno sus objetivos es instar a los Estados miembros a cumplir con los tratados internacionales y la obligación de actuar con la debida diligencia para combatir, prevenir, erradicar, sancionar y reparar a las víctimas de la trata de personas, sobre la base de un enfoque de derechos humanos y género. Toda omisión a este deber constituye una violación de los derechos y las libertades fundamentales de las víctimas y menoscaba o anula su ejercicio.
En esta oportunidad es importante destacar la campaña mundial de Naciones Unidas “No dejemos a ningún/a niño/a atrás”, que insta a poner fin a la trata de niñas y niños y a brindarles protección.
En los últimos 15 años, la proporción de niñas y niños entre las víctimas de trata en el mundo se triplicó hasta alcanzar el 35%, es decir, un tercio de todas las víctimas. De acuerdo con un informe mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las niñas y los niños tienen el doble de probabilidades de sufrir violencia durante la trata que los adultos. Pueden ser víctimas de distintas finalidades de trata, como la explotación por servidumbre o trabajos forzados, la delincuencia o la mendicidad, el matrimonio forzado, la adopción ilegal, o el abuso y la explotación sexual tanto presencial como online, entre otras.
Están más expuestos a la trata por una interacción de factores que incluyen dificultades económicas, abusos sexuales, la desigualdad de género y la discriminación, la falta de acceso a la educación y al empleo, migraciones y desplazamientos, pandemias y el cambio climático, entre otros. Además, ha aumentado la cantidad de niñas y adolescentes que son explotadas sexualmente mediante el uso de las nuevas tecnologías. Internet y las plataformas online las/os exponen al delito, cuando se conectan sin un marco de protección.
Poco a poco se fueron instalando en el sistema federal las Defensorías Públicas de Víctimas que brindan actualmente asistencia jurídica y patrocinio jurídico para querellar a cientos de víctimas del delito de trata de personas. Algunas de las finalidades de explotación más frecuentes que se registran en estos casos son: explotación sexual, laboral, reducción a servidumbre, unión de hecho forzosa, matrimonio forzoso, entre otros. Se presentan casos de todo el país y muchos de ellos involucran trata trasnacional y tráfico internacional de personas.
De esta manera, se brinda asistencia a las víctimas en todas las instancias procesales y hasta el cobro efectivo de las reparaciones: desde la instrucción, juicio, etapas recursivas ordinarias y extraordinarias.
Entre los avances más significativos de la actuación de las DPV en este tipo de delitos podemos señalar que:
-Se han revertido sobreseimientos de imputados y archivos de causas -muchos de ellos incluso solicitados por el MPF- por el delito de trata de personas, a instancias de peticiones y recursos de las DPV.
-Se han fijado reparaciones millonarias en favor de víctimas del delito de trata de personas, representadas por las DPV y el Programa de Patrocinio a Víctimas de Delitos.
-Se han decomisado bienes de altísimo valor y se los ha afectado a la reparación de las víctimas, en algunos casos incluso por petición exclusiva de las DPV.
-Se han logrado medidas cautelares innovadoras en favor de las víctimas de trata de personas: desde la autorización de administración provisoria de predios hasta la suspensión de cobros de créditos adoptados en nombre de las víctimas por parte de sus explotadores. Asimismo, se ha logrado por primera vez en el país la asignación de un SMVyM a las víctimas de este delito y hasta la firmeza de la sentencia, con el producido de la administración de los bienes sujetos a decomiso.
-Se han dictado numerosas medidas de protección en favor de las víctimas por petición de las DPV y articulado instancias para la integral reparación de los daños sufridos (restitución de identidad registral, rectificación, actuaciones administrativas).
-Se encuentran en pleno curso de ejecución medidas de reparación de sentencias que han adquirido firmeza, ante el Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas.
Por su parte, el Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación coadyuva a la protección y promoción de los derechos de las víctimas de trata de personas y de toda forma de explotación, a su acceso a la justicia y a su asistencia jurídica integral.
Además, brinda asistencia técnica a las DPV, a las defensorías públicas oficiales y a los equipos de trabajo que intervienen en las jurisdicciones en las cuales no se ha designado la figura del defensor/a público/a de víctimas, en la atención y representación de las víctimas de trata. También brinda colaboración con el/la defensor/a de menores de edad que defiende los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas.
Los ejes principales de su intervención se basan en la identificación y cuantificación de los daños y perjuicios, el desarrollo de los conceptos de los daños al proyecto de vida y los daños producto de la explotación en materia de trata de personas, las singulares consecuencias del obrar de los grupos coercitivos bajo el formato de sectas, la prioridad en el cobro de la reparación de las víctimas, los concursos de delitos de trata de personas y contra la integridad sexual, la aplicación de la tasa de interés activa del Banco Nación, entre otros. Además, el Programa lleva a cabo iniciativas de litigio estratégico, dictámenes técnicos, reportes, escritos, informes, amicus curiae, protocolos, estándares, compila bibliografía y otros materiales para el avance de los derechos de las víctimas de trata de personas.
Los casos en los que ha intervenido constituyen leading cases y dan cuenta tanto del desarr ollo de las estrategias implementadas, como de la propia evolución de la jurisprudencia. Finalmente, presta su cooperación en las modificaciones legislativas vinculadas a la temática, a iniciativa de la Secretaría General de Política Institucional.
