Hoy se conoció la sentencia condenatoria a 16 años de prisión e inhabilitación para ejercer los cargos públicos, que dictó el juez Dr. Juan M. Ramos Padilla sobre el ex Senador Nacional José Jorge Alperovich tras encontrarlo culpable de haber cometido nueve hechos de abuso sexual, algunos con acceso carnal y otros gravemente ultrajantes, contra la Sra. M.F.L., quien era su secretaria privada y tiene un vínculo familiar con el acusado.

 

La Defensoría General de la Nación (DGN) intervino en el proceso como querellante a través del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos. El Dr. Pablo Rovatti, Defensor Público Coadyuvante a cargo del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación y la Dra. Carolina Cymerman, Defensora Pública Coadyuvante con funciones en el Programa, fueron abogados de la víctima y querellante, MFL.

 

Tras el veredicto Rovatti y Cymerman manifestaron: "estamos muy conformes con la sentencia de condena dictada por el juez Ramos Padilla, que pone las cosas en su lugar y viene a hacer justicia, en línea con lo que el fiscal Sandro Abraldes y nosotros habíamos requerido en los alegatos”.

 

Además, informaron que se comunicaron con MFL, quien se encuentra muy conmovida y aliviada, porque siente que luego de cinco años desde que denunció los abusos y después de haber sufrido una campaña de deslegitimación de su palabra, pudo obtener lo que siempre ha buscado, que no es cargos, ni fama, sino su sanación a través de la justicia, como lo dijo en la primera audiencia de este juicio donde brindó su testimonio durante horas.

 

Pero además de lo que esta sentencia significa para MFL, los defensores entienden que el mensaje que la condena expresa es importantísimo en términos más generales. “Este es un hito más en la lucha de las víctimas de violencia sexual contra la impunidad de los más poderosos, y nos parece que, como tal, promueve el acceso a la justicia para muchas víctimas que callan por temor no ser creídas o porque piensan que no vale la pena denunciar. Esta condena nos recuerda que la ley se aplica para todos, que la palabra de la víctima cuenta y que la violencia de género es severamente sancionada”, expresaron Rovatti y Cymerman.

 

Para finalizar, los defensores destacaron el trabajo de la justicia nacional en este caso, desde la instrucción y particularmente el trabajo del juez Ramos Padilla y del fiscal Sandro Abraldes, “que demostraron su seriedad profesional y calidad humana, y promovieron un clima de trato respetuoso entre todas las partes y hacia la víctima".

 

 

Lo hechos

En 2017, M.F.L. decidió dejar su trabajo anterior, entusiasmada por la idea de trabajar con parte de su familia y con quien había sido el Gobernador de la provincia de Tucumán durante muchos años. Ella asumió la tarea de secretaria privada y asistente personal de Alperovich, quien se habría aprovechado de ese contexto de confianza, afecto familiar, dependencia laboral y asimetría de poder para perpetrar los hechos de abuso sexual por los que resultó condenado. Producto de esos reiterados y violentos ataques sexuales, la víctima sufrió graves secuelas psíquicas y físicas. El poder y la impunidad que detentaba el acusado impidieron que ella denunciase lo ocurrido de manera temprana.

 

Durante su intervención, la querella de la DGN evitó que se apliquen en el proceso estereotipos de género y procuró que se lleven a la práctica los estándares mínimos internacionales y domésticos para no afectar el principio de igualdad y no discriminación y el acceso a la justicia de las mujeres. En ese sentido, en consonancia con lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la DGN planteó que en casos de violencia sexual la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho.

 

Finalmente, el Dr. Rovatti y la Dra. Cymenman habían pedido que se lo condene a 22 años de prisión.

 

El Programa de la DGN

El Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la DGN tiene el objetivo de garantizar el acceso igualitario y efectivo a la justicia y los derechos al asesoramiento, asistencia y representación de las víctimas de delitos, tal como recomiendan los instrumentos internacionales de derechos humanos que cuentan con jerarquía constitucional, y en cumplimiento con la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.

 

Esta dependencia brinda patrocinio gratuito a partir de evaluar en cada caso la situación de vulnerabilidad que atraviesan las víctimas y la especial gravedad del hecho investigado. Para ello, se contempla, entre otros factores, el bien jurídico afectado, la magnitud del daño causado, la complejidad en la investigación de los hechos, la existencia de patrones de impunidad, la intervención por acción u omisión de funcionarios estatales y la trascendencia institucional de los hechos denunciados.

 

Servicios del MPD para la atención de situaciones de violencia de género

Si te encontrás en situación de violencia de género, también podés acercar tu caso a los equipos de abogados/as del Ministerio Público de la Defensa (MPD) que actúan ante los fueros Civil, Comercial y del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

 

También podés dirigirte al “Equipo de Trabajo en Centros de Acceso a la Justicia-ACCEDER”, que realiza el abordaje de la temática a partir de la detección temprana de casos en el territorio en CABA.

 

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