El Día Mundial contra el Trabajo Infantil fue instaurado en 2002 por la Organización Internacional del Trabajo para sensibilizar y concientizar sobre un fenómeno que priva a niñas, niños y adolescentes (NNyA) de su derecho a la educación, a la salud y al juego, exponiéndolos a la violencia y profundizando la desigualdad social.
Este año, se cumplen 25 años de la adopción del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, que estableció la prohibición de la esclavitud, el trabajo forzoso y la trata de NNyA, entre otras cosas. En 2020, dicho instrumento fue el primero ratificado por todos los países miembros de la OIT. La comunidad internacional también se comprometió a eliminar el trabajo infantil en todas sus formas para 2025, a través de la adopción de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, este propósito parece muy lejano. A pesar de los avances significativos en la reducción del trabajo infantil a comienzos del siglo XXI, en los últimos años se produjo un retroceso en las tendencias mundiales. Se estima que alrededor de 160 millones de NNyA de entre 5 y 17 años en todo el mundo trabajan, es decir, casi uno de cada diez. Además, casi la mitad (79 millones) realizan trabajos peligrosos que ponen en riesgo su salud y sus vidas, aunque las víctimas de las peores formas de trabajo infantil (que incluyen la trata de personas) podrían ser más por tratarse de actividades difíciles de detectar.
Según datos del INDEC, en nuestro país trabaja el 10% de la población de niños y niñas, y casi el 32% de adolescentes. Hay más NNyA trabajando en las áreas urbanas del NOA y NEA y en las áreas rurales de las regiones Pampeana, Cuyo y NEA; y, entre las principales tareas que realizan, se encuentran la asistencia en negocios, talleres u oficinas; la construcción y reparación de viviendas; el cuidado de personas mayores o enfermas; la limpieza de casas y otras tareas domésticas; la elaboración de comidas y productos para vender; el cultivo o cosecha y el cuidado de animales, entre otros.
El llamado trabajo infantil no es trabajo; es explotación laboral, servidumbre y trata de personas. Se agudiza con las crisis económicas, frente al desempleo y el aumento de la pobreza. Por eso resulta fundamental, en este contexto, seguir impulsando políticas públicas que protejan a los NNyA, garanticen su acceso a la educación y a la salud, y promuevan el empleo de los y las personas adultas.
La Defensoría General de la Nación continuará trabajando para el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y los sectores más vulnerables de la población.
