La Defensoría General de la Nación (DGN), a través de la coordinadora de su Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas, Dra. Marcela V. Rodríguez, participó, de forma virtual, del taller “La dimensión de género en la relación entre narcotráfico y trata de personas. Fortalecimiento de las capacidades de los Ministerios Públicos para un abordaje integral de la problemática”. La iniciativa fue organizada en conjunto por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y el programa de la Unión Europea de cooperación con América Latina y el Caribe en políticas de drogas COPOLAD III.
La reunión de trabajo se realizó en Barcelona con el objetivo de desarrollar estrategias específicas desde los Ministerios Públicos de Iberoamérica para abordar con perspectiva de género los casos de mujeres y personas LGTBI+ en situación de vulnerabilidad criminalizadas por narcotráfico. En el encuentro se profundizó un diagnóstico iniciado el año pasado en un primer taller celebrado en Buenos Aires y se generaron insumos para elaborar lineamientos regionales que ayuden a investigar y procesar estos casos.
Marcela Rodríguez expuso en la mesa “Aproximación al problema. Una mirada desde otros actores del sistema” y explicó que, en relación a las llamadas “mulas” o correos humanos, uno de los principales problemas es que “estas mujeres no son consideradas víctimas”.
“En las mejores circunstancias, el enfoque del poder judicial suele ser de compasión, y no de justicia o de derechos. Pero el principio de no punibilidad es una cuestión de justicia y no de compasión”, sostuvo. “Implica el reconocimiento de que la persona imputada es víctima del delito de trata de personas, y es obligación del Estado identificarla en forma temprana y evitar una re victimización”.
En ese sentido, la coordinadora del Programa de la DGN expresó que “en la mayoría de los casos suele estar presente el abuso de una situación de vulnerabilidad”, y que “la penalización de una víctima supone un incumplimiento del compromiso asumido por los Estados de reconocer la prioridad de los derechos de las víctimas a la asistencia, la protección y los recursos efectivos”.
Para finalizar, Rodríguez consideró que “es fundamental una escucha activa y constante de las mujeres imputadas a lo largo del proceso” y mencionó que, en estos casos, “la condición de víctima está dada por la materialidad de los hechos, no por la existencia de una resolución judicial que lo acredite”, por lo que “es crucial contar con informes especializados en trata de personas y violencia de género”.
También participaron en el taller fiscales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú y España y representantes de los programas de cooperación de la Unión Europea con América Latina y el Caribe de EUROFRONT, el Programa de la Unión Europea para fortalecer la lucha contra el Crimen Organizado en América Latina y el Caribe (PAcCTO) y el Programa de Apoyo de las fuerzas de la ley de la Unión Europea en la lucha contra las drogas y el crimen organizado en Perú.
