El día de ayer, la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, participó de la reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal que se realizó con motivo de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
El encuentro se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y en él también participaron el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Mariano Cuneo Libarona; la Ministra de Seguridad de la Nación, Dra. Patricia Bullrich; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti; el Procurador General de la Nación, Dr. Eduardo Casal; y el Presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Dr. Mariano Borinsky.
También estuvieron presentes el Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el Intendente de Rosario, Pablo Javkin; el Subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer; y los Secretarios Juan Manuel Olima y Juan Manuel Casanovas por el Ministerio Público Fiscal, entre otros/as.
Durante su participación, la Defensora General afirmó que “el procedimiento acusatorio implica desterrar definitivamente los paradigmas del inquisitivo; por eso, lo importante es que se lleven a la práctica de manera estricta los criterios que el sistema prevé para la actuación de los jueces de garantías y de los jueces de juicio. Utilizar la metodología del sistema acusatorio implica cambiar la mentalidad para llevar a cabo el estudio del caso y el litigio. Este procedimiento es mejor para todos, también para los acusados, a los que, cuando sea pertinente, se los va a condenar mucho más rápido. El tiempo que se tarda en la actualidad para dilucidar la situación de una persona acusada en el proceso penal se va a acortar gracias a un procedimiento ágil, eficiente, más transparente y abierto a la observación pública”.
La Dra. Martínez calificó como “una gran ventaja” a la forma cómo el sistema acusatorio incide en el trabajo de la defensa pública. “El defensor o defensora que intervendrá en la etapa preparatoria del proceso será el mismo que siga todo el trayecto; ya no va a existir más la dicotomía entre el defensor de instrucción y el de juicio, que tiene que operar con el trabajo que realizó otro al producir la pruebas”, explicó.
“El MPD va a empezar a capacitar a sus integrantes en la jurisdicción de Mendoza, que es la próxima en la que está previsto aplicar este sistema; pero lo tenemos que implementar cuanto antes en todo el país. Eso lo vamos a lograr con el esfuerzo de todos nosotros, de los defensores, jueces y fiscales en Rosario, que van a demostrar que este sistema aumenta la calidad de la administración de justicia”, alentó.
Para finalizar, Martínez agradeció a defensores/as, funcionarios/as y empleados/as de la jurisdicción Rosario, “quienes reaccionaron muy bien a este desafío y desde el primer momento se predispusieron a sacarlo adelante”.
Convenio con el Colegio de Abogados de Rosario
Durante su intervención en el Consejo Asesor Interinstitucional, la Defensora también anunció la firma de un convenio de colaboración mutua entre el MPD y el Colegio de Abogados de la 2a. Circunscripción Judicial de Rosario, con el fin de trabajar y capacitarse en conjunto sobre la implementación del procedimiento acusatorio. Este acuerdo se concretó también el día de ayer con la firma de la titular del MPD y del Presidente del Colegio, el Dr. Lucas Galdeano,
En ese acuerdo ambas instituciones se comprometieron a adoptar mecanismos que aumenten sus capacidades y desarrollos institucionales, incluyendo actividades de formación y capacitación, para garantizar la vigencia de los derechos de los/as justiciables y facilitar el acceso a la justicia de las personas, en especial de quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad. Para ello fijaron como objetivo del convenio garantizar el acceso al derecho y a la justicia de las personas y la formación y capacitación de sus integrantes.
Las actividades previstas en el documento, incluyen la coordinación de actividades de capacitación y formación en materias de interés para fortalecer las actividades y funciones específicas de las partes. Asimismo, promover actividades orientadas a la difusión de derechos y de información sobre la actuación de la defensa pública federal y del Colegio.
