La Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, presentó hoy el Informe Anual 2023 del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina (MPD) ante el Congreso de la Nación Argentina.
La puesta en consideración de los/as legisladores/as de este documento que expone la labor llevada a cabo por las áreas de la institución, tanto de las distintas dependencias de todo el país como las políticas y acciones emprendidas por la Defensoría General de la Nación (DGN), da cumplimiento a lo establecido por el art. 7º de la Ley 27.149, Ley Orgánica del MPD.
En la presentación del informe, la Dra. Martínez destacó la independencia, autonomía funcional y autarquía financiera que establecen la Ley Orgánica y la Constitución Nacional como garantías para el desarrollo de los objetivos institucionales del MPD. Estos principios son reconocidos, además, en el ámbito regional por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante distintas Resoluciones dictadas a partir del año 2011, como estándares indispensables para el funcionamiento de la defensa pública.
Entre otras cuestiones, el documento de 642 páginas menciona las actividades desarrolladas por la institución en el ámbito de las relaciones institucionales a nivel internacional y el desarrollo de proyectos que cuentan con financiamiento internacional.
En el ámbito nacional, destaca el gran esfuerzo que se encuentra llevando a cabo para instaurar las Defensorías Públicas de Víctimas en cumplimiento de la Ley 27.372, en cuanto a la dotación de recursos materiales y humanos. Sin embargo, señala que continúan pendientes de nombramiento 15 cargos de Defensores/as Públicos/as de Víctimas.
También indica que Iguales esfuerzos se aplicaron para garantizar la representación y brindar asistencia interdisciplinaria a niños, niñas y adolescentes (NNYA) víctimas de delitos y a personas con capacidad jurídica limitada, entre otros sectores de la población que reciben la atención del MPD. Asimismo, menciona la realización de concursos públicos para cubrir cargos de magistrados/as en distintas jurisdicciones, en especial en el distrito federal de Rosario; así como de exámenes para para cubrir necesidades de personal mediante el mecanismo de ingreso democrático.
Respecto a los Programas y Comisiones de la DGN, dice que “han desempeñado un trabajo fundamental durante el año 2023 a través del diseño y ejecución de políticas institucionales que permitan el acceso pleno a justicia de sectores especialmente vulnerables.”
Entre otras iniciativas, se destaca la labor de litigio estratégico en el ámbito internacional, el monitoreo a lugares que alojan a NNYA que se encuentran institucionalizados, la publicación de documentos referidos a la problemática de la violencia de género, el incremento de las peticiones de patrocinio jurídico para que víctimas de delitos puedan constituirse como querellantes en la Ciudad de Buenos Aires, el aumento de las visitas a los lugares diseñados para una estadía transitoria de personas privadas de libertad pero que se usan para su alojamiento permanente, así como las iniciativas adoptadas al respecto.
La presentación suscripta por la Dra. Martínez también destaca "la labor encomiable que desarrollan las distintas defensorías de todo el país" y advierte sobre "los principales inconvenientes que se deben afrontar, frente al creciente número de personas que acuden al servicio de defensa pública."
En la edición 2023 del Informe Anual, la Defensora General ratificó que "es una prioridad de nuestra gestión la capacitación permanente de todos/as los/as integrantes del MPD". En ese sentido, destaca la creación de la Escuela de la Defensa Pública en la órbita de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia, a fin de jerarquizar el proyecto formativo que se inició a partir de 2009.
También se destaca que el organismo busca reforzar los vínculos con la comunidad a través de formas de comunicación fluida y al alcance de todos. Con ese fin, menciona que se promovieron las actividades del MPD en las redes sociales, así como mediante publicaciones y comunicados. También resalta que se pusieron en marcha diversas campañas a fin de garantizar el más amplio acceso a la justicia como medio fundamental para proteger los derechos humanos. Además, para fortalecer una comunicación que sea accesible, inclusiva, comprensible y de calidad, proyecta para 2024 la realización cursos para magistrados/as y funcionarios/as que mejoren su comunicación y vínculos con la prensa.
Para finalizar, la presentación señala a la Defensa Pública como garantía de protección de los derechos humanos y de acceso a justicia; y, con ese propósito, expresa el compromiso de la Institución en brindar un servicio de defensa eficaz y de calidad para todos y todas, especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.