El 3, 4 y 5 de noviembre se llevó adelante en el predio de La Rural, con una numerosa participación, Expo Cannabis. Allí, integrantes del Ministerio Público de la Defensa (MPD) expusieron sobre acceso a la justicia como puente para el cumplimiento de otros derechos en relación con el uso de cannabis medicinal. El aporte del MPD al debate sobre esta temática se dio en dos charlas abiertas al público junto a abogados y referentes de la defensa pública de CABA y Provincia de Buenos Aires.
El viernes por la tarde, se realizó la “Charla con tus defensoras y defensores de confianza” en la que participaron el Dr. Javier Lancestremere, Secretario General de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación (DGN); el Dr. Miguel Talento Bianchi, Defensor General Adjunto del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); la Dra. Victoria Baca Paunero, Defensora Pública Oficial Criminal y Correccional del Departamento Judicial de Lomas de Zamora; y el abogado penalista Dr. José Stefanolo.
Durante la charla los y las oradoras explicaron el rol y el ámbito de actuación de la defensa, tanto privada como pública. En ese marco, se tocaron temas como los cambios y continuidades en las lógicas de persecución y criminalización de usuarios de cannabis; los avances legislativos y regulatorios en la materia; los ámbitos de actuación de las defensorías provinciales y federales; y las dinámicas entre las defensas en términos de los usos jurisprudenciales que se hace de los casos en los que actúa cada una; entre otros.
El Dr. Javier Lancestremere, secretario general de Política Institucional de la DGN, destinó su tiempo a la intervención de la defensa pública en asuntos no penales en casos de niños, niñas y adolescentes. En particular, el funcionario detalló cómo se desarrolló la intervención de la DGN en los últimos años en temas ligados a amparos para conseguir autorizaciones legales para el autocultivo y producción de aceite de cannabis medicinal.
El funcionario explicó que con la sanción de la ley de cannabis medicinal de 2017 se esperaba una solución para el tema del uso medicinal del cannabis, pero que “la primera reglamentación que hubo fue muy restrictiva, básicamente permitía un solo tipo de aceite para un solo tipo de enfermedad (la epilepsia refractaria) y esto dejaba afuera a un sinfín de familias en todo el país”. “Con estos casos -continuó Lancestremere- comenzó la intervención de la defensa pública en casos que fueron escalando y que, para 2018/2019, algunos llegaron a la Corte Suprema. Ahí también la defensa pública federal interviene en el rol de defensor de menores, que lo ejerce personalmente la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez”.
Lancestremere explicó que el primero de los casos que llegó fue uno de Salta y que puso en juego la elaboración de argumentos para desarrollar el núcleo de los dictámenes e informes judiciales de la defensa ante la Corte. Para eso, hubo que atacar ciertos prejuicios: “el primero -explicó el funcionario- era salir de la esfera penal: estamos hablando de ejercer libertades, no de delitos. Segundo: teníamos que hacer la distinción entre la necesidad de autocultivo y la importación de aceite, planteando como solución el autocultivo, para que la producción del aceite se adapte a las necesidades del niño. En tercer lugar, había que distinguir ‘enfermedad’ de ‘mejora en la calidad de vida’: la primera reglamentación apuntaba a un discurso médico, donde se pensaba -con lógica- que los medicamentos los debían hacer las farmacéuticas, no cada persona. Pero desde la Defensoría, con nuestros equipos de psicólogos y también de médicos, produjimos informes para tratar de distinguir entre lo que es curar una enfermedad y lo que es mejorar la calidad de vida. Finalmente, el cuarto prejuicio era el de la necesidad de certeza científica: no había estudios científicos, no había sentencias judiciales sobre la temática, entonces ¿cómo saber que un aceite que le va a dar la madre al niño no lo va a lastimar o a generarle un perjuicio? Buscando derecho comparado encontramos un fallo de los tribunales de Canadá en el cual se distinguía entre certeza científica y evidencia anecdótica. Ante la falta de pruebas empíricas: ¿qué pasa con el niño o la niña? ¿Cómo es su vida, su relación con sus padres, en la escuela? No necesito, frente a esto, una certeza científica: lo que necesito es evidencia de que esta persona, con el uso de aceite, mejora su vida”.
“Hoy, con la modificación de la reglamentación de 2020, con la ley de producción de cáñamo, hay otro marco legal que deja aquellas discusiones ya sin sentido”, afirmó Lancestremere, para finalizar destacando que “lo importante de este rol de la defensa pública de la defensa de niñas, niños y adolescentes y de incapaces fue de apoyar, justamente, los esfuerzos de familias en Salta, en Rosario, en La Plata, en todo el país”. “Un compromiso de proteger y promover esa mejor calidad de vida”, finalizó.
Durante la jornada del sábado, se realizó un taller sobre “Acceso a la Justicia”. El panel estuvo integrado por el Dr. Pablo Ordoñez, Defensor Público Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia Nº1 de La Plata; la Dra. Laura Lema, Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico Nº1; la Dra. Paula Lagos, Defensora de 1ª Instancia ante el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas N°13 de la CABA; y la Dra. Victoria Baca Paunero. El panel estuvo moderado por la Dra. Lucila Bernardini, funcionaria de la Coordinación de Comunicación Institucional, Prensa y Relaciones con la Comunidad de la DGN.
La Dra. Lema se refirió al vínculo del contrabando de drogas con los delitos aduaneros y especificó que la compra de semillas de marihuana en el exterior a través internet es considerada como contrabando de estupefacientes. Frente a estos casos, sostuvo que “la defensa sostiene que la compra de semillas para cultivo es un hecho que se encuentra muy alejado de la afectación a la salud pública por comercialización de estupefacientes. Sin embargo, sigue siendo discrecional la posibilidad de lograr un acuerdo para cerrar un proceso penal y como consecuencia de ello algunas personas usuarias pasan años detenidas.”
A su turno, el Dr. Ordóñez en el inicio de su alocución afirmó que “este es el cuarto año que el MPD participa de la muestra y nos complace ver cómo ha cambiado el conocimiento de las personas sobre sus derechos.” “Durante estos años asistimos a usuarios y usuarias de cannabis medicinal mediante la presentación de amparos contra los prestadores de salud y para lograr que las madres puedan realizar el autocultivo y evitar su persecución penal. En el medio, se emparchó la normativa y, si bien sería ideal tener leyes definitivas, hoy existe un modo de acceder al cannabis medicinal de forma controlada y sin incurrir en una falta penal”, celebró.
Además, destacó como un avance que la Corte Suprema realizó el año pasado una audiencia pública sobre el tema. “Allí la DGN participó con un dictamen en el que se sostuvo que el uso medicinal de la planta de cannabis no puede ser considerado como consumo de estupefacientes y no puede ser un objeto a ser tratado por la justicia penal.” “El cannabis plantea una línea muy fina entre el mundo medicinal y el penal; la criminalización del uso medicinal del cannabis y la interferencia que genera la intervención de la justicia penal en el derecho de acceso a la salud, desalienta a mucha gente a mejorar su calidad de vida con esta medicina”, lamentó.
Al igual que en las ediciones anteriores, esta cuarta edición de Expo Cannabis contó con miles de asistentes que participaron de charlas y actividades que mostraron cómo el uso medicinal de esta planta sigue en ascenso en nuestro país.
