La Defensoría General de la Nación (DGN), a través de la titular de su Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas, Dra. Marcela V. Rodríguez, participó del Taller de Trabajo “La dimensión de género en la relación entre narcotráfico y trata de personas. Fortalecimiento de las capacidades de los Ministerios Públicos para un abordaje integral de la problemática”. Allí se planteó la postura de la institución sobre el principio de no punibilidad en relación a las víctimas de trata de personas, en especial de mujeres vulnerables que son utilizadas para el transporte de drogas.
El encuentro, que se llevó a cabo los días 19 y 20 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue organizado por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y el programa de la Unión Europea de cooperación con América Latina y el Caribe en políticas de drogas COPOLAD III.
La Dra. Marcela Rodríguez contribuyó a realizar un diagnóstico del estado de situación y explicó la postura de la DGN sobre el principio de no criminalización de las víctimas. Sostuvo que las mujeres usadas como correos humanos son víctimas de trata de personas, no solo porque está presente el abuso de una situación de vulnerabilidad, sino también porque el modo de explotación implica una reducción a servidumbre o trabajo o servicios forzados.
Además, la titular del programa de la DGN que asiste a víctimas de trata realizó propuestas en el plano normativo y en relación con la implementación práctica del principio de no punibilidad. Rodríguez afirmó que “es conveniente la modificación de la ley de trata de personas para incluir entre las finalidades de la explotación las vinculadas a la realización de actividades ilícitas y a la mendicidad”.
A la vez, manifestó que “es necesario establecer una presunción iuris tantum -es decir que admite prueba en contrario- sobre el hecho que las mujeres con ingesta de drogas son víctimas de trata de personas y no pueden ser pasibles de detención, investigación o enjuiciamiento”. Por ello, sostuvo que debe “recaer en la fiscalía acreditar que no lo son” y que “la falta de debida diligencia de los órganos estatales no podrá usarse en desmedro de los derechos de las víctimas”.
Las recomendaciones fueron recogidas por las tres redes de la AIAMP involucradas: la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes (REDTRAM), la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI) y la Red Especializada en Género (REG), en miras a una futura recomendación de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
Participaron del encuentro representantes del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio de Seguridad de la Nación, del Ministerio Público Fiscal de Paraguay, del Ministerio Público Federal de la República de Brasil, del Ministerio Fiscal de España, del Programa COPOLAD III, del Programa EUROFRONT de la Unión Europea (UE), del Programa de la UE de Apoyo a las fuerzas especiales de lucha contra la droga de Bolivia y del Programa de Apoyo de la UE a la Lucha contra las Drogas y el Crimen Organizado en Perú.