El pasado 9 de octubre, la Dra. Valeria Salerno, Defensora Pública Coadyuvante e integrante del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, participó de las “Jornadas de capacitación para la implementación efectiva del Protocolo de Estambul y Protocolo de Minnesota” en el panel “Protocolo de Estambul y Protocolo de Minnesota. Aspectos introductorios y generales”, junto con el Dr. Morris Tidball-Binz, Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; el Dr. Luis Fondebrider, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense; y la Dra. Valeria Guerra, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Durante su exposición, la Dra. Salerno presentó la “Guía para uso de los Protocolos de Estambul y de Minnesota por parte del Ministerio Público de la Defensa de Argentina en casos de violencia institucional con resultado de lesiones y/o muerte de individuos”, que reafirma el compromiso que tiene el Ministerio Público de la Defensa en la lucha contrala violencia institucional.
Por su parte, el Dr. Morris Tidball-Binz se refirió a su reciente informe sobre “Muertes en prisiones”, respecto a considerar como “naturales” a las muertes ocurridas en las cárceles debido a las condiciones sufridas en ellas, como también a las sucedidas a causa de actos de violencia policial no cometidos inmediatamente antes del deceso. Además, se refirió a la inversión de la carga de la prueba sobre la responsabilidad estatal cuando la muerte es bajo custodia y advirtió que todo incumplimiento de la obligación de investigar es una vulneración del derecho a la vida. Planteó también el derecho que tienen las familias de la víctima a saber lo que está ocurriendo y que ello apunta a la transparencia de las pericias.
La prevención e investigación de la violencia institucional son responsabilidad de diversas agencias del Estado, entre las que la defensa pública cumple un rol fundamental por su cercanía con las víctimas y la confidencialidad que garantiza. Los operadores judiciales y funcionarios de las fuerzas de seguridad, con la participación a organizaciones de la sociedad civil, deben cooperar de manera eficiente y efectiva para prevenir y erradicar dicha violencia.
La actividad se llevó adelante en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la organización estuvo a cargo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba (MPF) y la casa de estudios mencionada.
