Compartimos el comunicado del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina en relación al veto emitido por el Poder Ejecutivo de la provincia de Chaco a la Ley 3884A, que creaba cargos para el Ministerio Público de la Defensa provincial que iban a incorporarse en forma paulatina durante los años 2024,2025 y 2026.

“La defensa pública se ha transformado en la primera puerta de acceso a la justicia, por lo que este tipo de acciones debilitan notablemente el funcionamiento institucional e implican un considerable retroceso”, destaca el comunicado.

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