La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas expresa su preocupación por la situación que se encuentra atravesando la Defensa Pública en Uruguay y, por medio del presente, acompaña los reclamos que la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (ADEPU) ha venido sosteniendo hace ya largo tiempo.
Como se ha formalizado en reclamos ante la Suprema Corte de Justicia de dicho país, el servicio de Defensa Pública enfrenta en la actualidad serios problemas de funcionamiento por la falta de recursos económicos, humanos y edilicios acordes para cumplir con su ejercicio constitucional. Asimismo, defensores y defensoras ven gravemente vulnerados derechos básicos como trabajadores y trabajadoras: falta de equiparación salarial real con jueces y juezas, fiscales y fiscalas; acceso a una licencia por maternidad acorde a los mínimos estándares internacionales y de derecho comparado, entre otros reclamos.
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay se ha hecho eco de algunos de tales reclamos y ha prometido acompañarlos, solicitando al Poder Legislativo la asignación de la partida presupuestaria necesaria para esos fines.
Desde AIDEF entendemos que se requiere el compromiso de todos los poderes del Estado uruguayo para dar respuesta a la demanda del servicio de defensa pública, enalteciendo así la labor de defensores y defensoras, garantes del debido proceso y en consecuencia del acceso a la justicia de quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad.
Adicionalmente, el Comité de Derechos Humanos en oportunidad del diálogo con el Estado uruguayo en 2022,enfatizó sobre la situación de la Defensoría Pública y como resultado de ello, recomendó a éste que: “Garantice que la defensa pública sea independizada del Poder Judicial jerárquica y presupuestariamente; cuente con los recursos financieros, técnicos y de personal adecuados para llevar adelante su labor de manera oportuna e idónea en todo el territorio de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de debido proceso y juicio justo […]”. (Observación Final Nº 25 CCPR,2022. CCPR/C/URY/CO/6).
Hacemos propicia la oportunidad para recordar la importancia que los principios de independencia, autonomía funcional y autarquía financiera tienen en los servicios de defensa pública. En tal sentido, recordemos que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha dictado numerosas resoluciones vinculadas a la Defensa Pública desde el año 2011, donde ha hecho referencia a la necesidad de fortalecer a la Defensa Pública Oficial y brindarle autonomía y autarquía funcional, financiera y/o presupuestaria, como parte de los esfuerzos de los Estados Miembros para garantizar un servicio público eficiente, libre de injerencias y controles indebidos por parte de otros poderes del Estado que afecten su autonomía funcional o cuyo mandato no sea el interés de su defendido o defendida en armonía con los intereses generales de la sociedad y el debido proceso legal.