El 8 de julio de 2023 se cumplen 15 años de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó la sentencia definitiva en la causa, condenando al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a recomponer el ambiente -agua, suelo, aire-, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca Matanza Riachuelo y prevenir daños futuros. La causa por el saneamiento del Riachuelo comenzó en 2004 cuando un grupo de vecinos/as y trabajadores/as de Villa Inflamable (Avellaneda), entre ellas Beatriz Mendoza, realizaron una demanda por daños a la comunidad y al ambiente.
En la sentencia se estableció una serie de objetivos que se congregaron en el Plan Integral de Saneamiento Integral (PISA) y se encargó a la ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) la ejecución y seguimiento de dicho Plan. Para mejorar la vida de las personas que allí viven se ordenó, entre otras cosas, la reconversión y adecuación industrial del polo petroquímico Dock Sud y la implementación de un Convenio Marco en el que cada municipio de la cuenca se comprometía a relocalizar a las familias que se encontraban en riesgo ambiental. Según el Convenio Marco 2010, el total de familias a ser relocalizadas era de 17.771, a la fecha solo se han mudado 6.577, solo el 37%.
Las causas de la demora en la ejecución de la sentencia son varias. Una primera cuestión responde a la arquitectura administrativa pergeñada para la implementación del convenio. Cada municipio tiene a cargo la ejecución de las obras de viviendas, que son financiadas por el Estado nacional. Es decir, la mayor parte de la responsabilidad en la ejecución está en manos de los gobiernos municipales, que muchas veces no cuentan con la capacidad técnica o la voluntad política para llevar adelante semejante compromiso con la celeridad necesaria, y que en última instancia no resultaron condenados en la causa.
Otro gran problema en la ejecución está vinculado con la falta de continuidad y financiamiento producto de los cambios de gobierno en distintos niveles y las crisis económicas que afectaron los presupuestos de la obra pública. Para citar un ejemplo, el municipio de Lanús tiene por convenio que construir 1024 viviendas. En los últimos 10 años entregó solo 174, y el resto estuvo paralizado por más de 6 años. Otro tema determinante está vinculado con la demora en las obras de infraestructura. En muchas ocasiones, los complejos de vivienda se ven demorados por la falta de acceso a servicios públicos, lo que hace imposible la relocalización de familias.
Mientras tanto, son miles de familias que esperan reunión tras reunión que se les informe una fecha de mudanza, viéndose imposibilitadas de hacer mejoras en sus viviendas y perpetuando así una situación de precariedad e incertidumbre. Esta es la situación también de muchísimos grupos familiares otros municipios de la Provincia de Buenos Aires.
Equipo Riachuelo, una apuesta por garantizar el acceso a la justicia
En julio de 2014 la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, creó el Equipo de Trabajo Río Matanza Riachuelo a través de la resolución DGN 720/14 para garantizar un integral acceso a la justicia de las familias que deben relocalizarse o que su barrio se encuentra en un proceso de urbanización.
El Equipo está compuesto por profesionales de distintas disciplinas: abogacía, comunicación social, arquitectura, sociología, antropología y trabajo social, y tiene como función principal el abordaje territorial de los barrios involucrados en el Convenio Marco.
La tarea está orientada a generar la articulación de los reclamos colectivos e individuales que puedan suscitarse en estos procesos a través de acciones administrativas y/o judiciales.
Actualmente, el Equipo asiste a más de 6500 familias en 38 barrios del conurbano Bonaerense dejando el abordaje y representación de las familias de la CABA en manos de la Defensoría General de la CABA, cuestión formalizada a través de un convenio firmado entre ambas instituciones en el año 2015.
En cada barrio que está sujeto a reurbanización o que el municipio tiene que relocalizar familias se efectúan, cada dos meses, mesas de trabajo interinstitucionales en dónde los funcionarios de distintos organismos deber rendir cuentas y dónde las familias afectadas tienen el espacio para evacuar sus dudas y participar en los procesos, acompañados por la Defensoría
Desde su creación el Equipo Riachuelo además del abordaje cotidiano en cada distrito, en cada barrio, participó de distintos procesos de relocalización.
- Enero de 2017, Municipio de Lanús: Se mudaron 174 familias de Villa Jardín al predio de Fabricaciones Militares.
- Entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, Esteban Echeverría: Se mudaron 240 familias de los barrios de San Ignacio y La Morita al predio Montecarlo.
- Entre noviembre 2022/ enero 2023, Almirante Brown: Se mudaron 244 familias de los barrios San Pablo, El Trébol, El Encuentro, Arroyo del Rey y La Cumbre a Barrio Lindo.
- A su vez, se interviene permanentemente en los procesos de Reurbanización que están en marcha en Villa Inflamable (Avellaneda) y el Barrio Sarmiento (Esteban Echeverría)
En las próximas semanas el Equipo participará de la relocalización de 84 familias del barrio La Lonja que se mudarán al Complejo de viviendas La Herradura, en el Campo Unamuno de Lomas de Zamora.
El Equipo de la Defensoría acompaña y asesora a las familias procurando el debido acceso a la información y a la participación en todo el proceso previo, durante la mudanza, y luego de la relocalización, atendiendo los posibles reclamos que surgieran en torno a las viviendas.
Un caso paradigmático en la causa: Villa Inflamable
Villa Inflamable, lindera al Polo Petroquímico de Dock Sud, es el barrio que dio inicio a la “Causa Mendoza” en el año 2004, mediante una demanda colectiva por contaminación ambiental. Desde el inicio de la ejecución de la sentencia, se dispuso la relocalización integral del barrio Villa Inflamable con la premisa de excesiva contaminación ambiental, principalmente del suelo. No obstante, la amplia mayoría de las familias se opusieron desde siempre a su relocalización. Además, del arraigo y todo lo que implica dejar el lugar de pertenencia, los vecinos/as desconfiaban de que la contaminación del suelo fuera tal que debieran abandonar su barrio. Entonces, comenzaron a solicitar en reiteradas ocasiones la reurbanización, es decir, la regularización de los servicios básicos.
Una de las políticas que realiza la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a partir del fallo es el desarrollo de un Plan Sanitario de Emergencia, a partir del cual se despliegan acciones para implementar una política efectiva de salud ambiental, en tanto, se requiere de registro (elaboración de un Mapa Epidemiológico Ambiental) prevención, educación ambiental, segumiento y control de casos, para abordar y superar los severos problemas de salud de la población vinculados a enfermedades relacionadas con la contaminación, en los sectores de mayor de vulnerabilidad en la cuenca, entre ellos, niñas, niños y adolescente. Esta línea de intervención es monitoreada judicialmente por la Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón, actualmente a cargo de la Dra. Romina Alicia Magnano.
Además, con el acompañamiento del Equipo Riachuelo los vecinos lograron que se realice un nuevo y exhaustivo estudio de caracterización ambiental del suelo, que finalmente ACUMAR realizó - a través de la contratación de una empresa independiente- en el año 2017. Los resultados del estudio fueron presentados en el expediente judicial en un informe de ACUMAR que les dio la razón a los pobladores de la zona y marcó, junto con la correspondiente resolución judicial de fecha 18/1/2021, un cambio fundamental de paradigma en la Causa Mendoza: las vecinas y vecinos junto a la Defensoría General de la Nación lograron su objetivo de quedarse a vivir en su barrio y reurbanizar Villa Inflamable. Además, se logró también una participación efectiva de la comunidad afectada en el proyecto de planificación y desarrollo. Todo ello fue aportado al expediente judicial contestando a la presentación del Plan de Reurbanización.
Los resultados del estudio de caracterización ambiental del suelo concluyeron que sólo había contaminación en quince puntos críticos (entre cientos de puntos de estudio en todo el barrio), y que, además, eran remediables. El proceso de remediación del suelo estuvo a cargo de ACUMAR y se llevó a cabo durante 2021. Actualmente, Villa Inflamable se encuentra en pleno proceso de reurbanización.
En diciembre del año pasado finalizó la instalación de la red primaria de agua, que abastece a la mayoría de las viviendas. La instalación de las redes secundarias se encuentra en ejecución. Además, se avanza con la instalación de desagües, pluviales y pavimentación de las calles en las que se instalan cañerías.
Lógicamente, como en todo proceso de reurbanización, algunas familias deben ser relocalizadas por una cuestión de accesibilidad y dotación de servicios. Se prevé apertura de calles en los sectores con pasillos y desniveles, por lo cual se planifica la construcción de más de200 viviendas para los/as habitantes de dichos sectores, dentro de Villa Inflamable. La municipalidad ya cercó los predios y los está preparando para la inminente construcción.
Paralelamente, se encuentra en estado avanzado la construcción de un nuevo jardín maternal para el barrio. Asimismo, se prevé la construcción de una nueva salita de atención médica en el sector del barrio que tiene acceso deficitario a este servicio. También se lleva cabo un club polideportivo. El Equipo viene acompañando las demandas del barrio en este sentido, así como también aquellas que todavía son una asignatura pendiente para Villa Inflamable: una escuela secundaria en el barrio, reductores de velocidad para mayor seguridad vial y estructural, un parque como pulmón verde, etc.
La cuestión ambiental de Villa Inflamable
Aunque los pobladores lograron quedarse en el barrio, la convivencia con las empresas no es sencilla. En reiteradas ocasiones se ha denunciado la contaminación del suelo por rellenos que modifican la cota de altura, provocan inundaciones y diversos problemas derivados en terrenos linderos. El Equipo viene acompañando a las familias perjudicadas en este sentido, y denunciando el accionar de varias empresas allí radicadas: Terminal Sur, DAPSA, Cortes y Sistemas.
Actualmente, rige una prohibición de ingreso de materiales y de relleno de terrenos, especialmente lagunas que funcionan como cloacas a cielo abierto. Queda pendiente la remediación de los rellenos ya existentes y su incorporación en el proyecto de urbanización, lo cual se ha advertido numerosas veces en el expediente judicial.
Contaminación del aire
Otro tema que aqueja a los pobladores y que se ha acompañado desde el Equipo son los reclamos sobre la empresa de tratamiento de residuos patológicos TriEco/ Stericycle, con presentaciones judiciales y extrajudiciales, denunciando y llevando la voz de las vecinas/os de Inflamable ante la Municipalidad de Avellaneda, ACUMAR, el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), como así también articulando acciones con el Ministerio Público Fiscal y su agencia territorial ATAJO.
Actualmente, como resultado de esas gestiones, se está a la espera de la implementación de un nuevo programa de monitoreo de las emanaciones gaseosas y los agentes contaminantes que puedan afectar la calidad del aire y la salud de los/as habitantes de Villa Inflamable, anunciado por ACUMAR a mediados del año pasado como parte de su cooperación con CONICET.
Asimismo, se acompañó en las mesas de trabajo y con gestiones extrajudiciales los reclamos sobre el esparcimiento de partículas de arena provenientes de los predios de empresas areneras radicadas en el barrio.
Villa Inflamable es un barrio en el que las familias conviven con industrias y no hay suficiente información sobre la posibilidad y la eventual mitigación de la contaminación ambiental del aire. Resulta urgente profundizar en la (re)adecuación industrial de las empresas allí radicadas, así como también incrementar las inspecciones de la Autoridad de Cuenca.
En este video podrán conocer el trabajo que lleva adelante el Equipo de la Defensoría General de la Nación en el marco de la ejecución de la sentencia.
Jurisprudencia
La sentencia sentó un gran precedente en materia ambiental al abordar la responsabilidad del Estado en términos de recomposición y prevención del daño ambiental. Allí, el máximo tribunal condenó a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y a los Estados nacional, de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la ejecución de un programa con los objetivos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente y prevenir los daños. Así, en el año 2010 los Estados condenados suscribieron el Plan Federal de Villas y Asentamientos Precarios con el objetivo de dar solución habitacional a 17.771 familias.
En ese marco fue que la Defensora General de la Nación creó el Equipo de Trabajo Río Matanza Riachuelo, un grupo de trabajo interdisciplinario que busca garantizar un integral acceso a la justicia de las personas que deben relocalizarse o cuyo barrio se encuentra en proceso de urbanización en el marco de la ejecución de la sentencia de la causa “Mendoza”.
Para cerrar esta semana en la que hicimos un repaso de estos 15 años de trabajo incesante, ponemos a disposición una resolución reciente dictada en el marco del expediente de ejecución de la sentencia, donde intervinieron el Equipo de trabajo de la causa Matanza-Riachuelo de la Defensoría General de la Nación, junto con la Defensoría Federal Nº2 de Morón, a cargo de la Dra. Romina Magnano. A partir de sus presentaciones, el Juzgado Federal de 1ª instancia en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón ordenó a ACUMAR a garantizar el acceso a la información relativa al planeamiento y ejecución del Plan de 2010 y requirió a AYSA y ABSA que prioricen aquellas obras que signifiquen la conexión de las construcciones realizadas en el marco de la causa a la red de agua y cloacas.
En conmemoración del 15vo aniversario de la sentencia, el número de este año de la revista del Ministerio Público de la Defensa estará dedicado a analizar los avances y desafíos en materia de litigio ambiental. Se trata de una propuesta que invita a pensar, con una mirada interdisciplinaria, el trabajo de la defensa pública respecto de estas temáticas desde las experiencias nacionales, internacionales y extranjeras.