En el marco del sexto aniversario de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, es importante recordar lo sustancial que resulta que se produzca el nombramiento de los Defensores y las Defensoras Públicos/as de las Víctimas en las provincias en que aún no han sido designados/as.
Las Defensorías Públicas de Víctima (DPV) fueron creadas a partir de la mencionada Ley en junio de 2017 y funcionan dentro de la órbita de la Defensoría General de la Nación (DGN) con el objetivo de garantizar la asistencia técnica y patrocinio jurídico a víctimas sin recursos económicos o en situación de vulnerabilidad.
Desde la sanción de la citada norma, la DGN puso en marcha -como muestra del compromiso institucional asumido a tenor del reconocimiento legislativo- el primer proceso de selección simultanea de los aspirantes para la totalidad de los cargos creados, quienes fueron convocados a rendir los exámenes de oposición en el mes de mayo de 2018, culminando los procesos internos desde septiembre del mismo año.
Aunque para marzo de 2020 se habían completado las ternas para ocupar los 24 cargos que demanda la Ley, uno por cada provincia más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el momento sólo ocho fueron designados conforme el tramite constitucional y fueron puestos en funcionamiento, conforme las previsiones presupuestarias asumidas por la DGN. Se trata de las Defensorías Públicas de Víctima de: Buenos Aires, Salta, La Pampa, Neuquén, Chaco, Tierra del Fuego, Catamarca y Tucumán, y aunque estas DPV han demostrado una gran capacidad de trabajo transformándose en un aporte fundamental para garantizar el acceso a la justicia, para el resto de las provincias y CABA aún está pendiente la resolución de las ternas por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
En una nota brindada recientemente a la Agencia de noticias Télam, la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, explicó que el mayor logro, a partir de la creación de las Defensorías Públicas de Víctimas, es que “la víctima se ve jurídicamente acompañada en el marco del proceso penal". Y agregó que "durante muchos años -y hasta no hace mucho tiempo- la víctima era ignorada, no se le reconocía ningún derecho, no se respetaba su opinión, se la tomaba como un mero objeto de prueba, en la actualidad se le empieza a dar el lugar que le corresponde. Para eso es importante que, al igual que los imputados, cuente con el asesoramiento de un abogado que le haga saber todos sus derechos y que, si la víctima lo desea, le otorgue patrocinio letrado gratuito para que pueda convertirse en parte querellante, es decir, ser parte en el proceso". "La Defensoría de la Víctima se inscribe en un modelo de Ministerio Público de la Defensa que garantiza el acceso a la justicia de todos los ciudadanos, en especial de los más vulnerables", expresó la Defensora General de la Nación.
La nota completa sobre el rol y las acciones que llevan adelante las Defensorías Públicas de las Víctimas, que salió publicada en la agencia de noticias Télam, se encuentra aquí: “Una mejor justicia para quienes son sobrevivientes de trata y otros delitos”, donde también se destacan intervenciones de las Defensorías Públicas de Víctima en diversos aspectos que hacen a su rol a lo largo de la investigación de los hechos, instrucción, juzgamiento, reparación e incluso ante la resolución alternativa de los conflictos que lo tuvieron como parte necesaria, como también respecto de la ejecución de la pena, para que resulten también en consecuencia parte de la solución dada al conflicto que los tuvo como protagonistas y el valor justicia se corporice con su intervención y visibilización.