El rol fundamental que cumple la defensa pública para quienes no pueden hacer llegar su voz a los tribunales y en especial para garantizar el acceso a la justicia de las personas usuarias de servicios de salud mental, se ilustra en un caso particular reciente: el de una mujer brasileña que fue internada en Argentina desde 2018 y que gracias a las gestiones de su defensora curadora pudo cumplir su voluntad de retornar a su país.
Las múltiples situaciones de vulnerabilidad que atraviesan a Vivian requirieron la intervención oficial tanto para defender su capacidad jurídica como su derecho a la salud y a la seguridad social. En ese sentido, el caso puso en práctica derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que los Estados deben adoptar medidas, hasta el máximo de sus recursos disponibles y en el marco de la cooperación internacional, para lograr el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.
La mujer, que en la actualidad tiene 62 años de edad, había viajado a la Argentina con un propósito que no se pudo determinar (por vacaciones o para buscar aquí a su marido). Su ingreso al Hospital Psiquiátrico Braulio Moyano en 2018 fue involuntario y se produjo a partir de un cuadro de síndrome catatónico.
Al momento de su descompensación, llevaba consigo algunos reales, la cédula expedida por su país de origen y no mucho más. Además, presentaba importantes dificultades para comprender y expresarse en castellano.
Vivian se recuperó rápidamente pero no existía alternativa alguna para su egreso debido a la falta datos sobre su red familiar y de recursos económicos. Por otra parte, a partir de la barrera idiomática, su equipo tratante apenas podía dialogar con la mujer, que también se encontraba postrada, sin poder recuperar la marcha.
Por esta situación se inició un juicio para determinar la capacidad jurídica de Vivian y le designaron como defensora pública curadora a la Dra. Adelina Navarro Lahitte Santamaría, a fin de aportarle los apoyos necesarios para que pueda ejercer sus derechos.
Con el paso del tiempo, Vivian manifestó que había nacido en la ciudad de San Pablo y que se había criado en Puerto Alegre. Además, dijo que era abogada, que había trabajado en el Ministerio de Educación de su país y que estaba jubilada. También se supo que tenía un hermano de 61 años, persona con discapacidad que se encontraba alojada en un establecimiento de rehabilitación.
Luego de meses, las gestiones para que Vivian pudiera percibir el beneficio previsional que supuestamente tenía otorgado en Brasil no tuvieron respuesta, tampoco se logró obtener un dispositivo alternativo a la internación psiquiátrica.
Llegó la pandemia mundial del COVID-19 y las puertas del hospital se cerraron mucho más tiempo y con más rigor que para el resto de los ciudadanos. En 2020, por las gestiones de la Defensoría Pública Curaduría, una acompañante terapéutica comenzó a ocuparse de ella de manera gratuita y Vivian pudo comunicarse de manera más eficaz e iniciar su rehabilitación motriz.
Ante la falta de respuesta efectiva de los organismos diplomáticos, la defensa pública argentina recurrió a la ayuda de sus pares del estado de Rio Grande Do Soul. De ese modo se logró obtener los datos de la jubilación de Vivian, ubicar la cuenta bancaria donde se habían acumulado sus haberes por más de dos años y confirmar la existencia de su hermano.
Desde entonces trascurrieron tres meses en los cuales, sin la colaboración del área internacional de ANSES, la defensa pública llevó adelante de manera directa los trámites para lograr la transferencia de los haberes acumulados en Brasil a la cuenta judicial en Argentina, lo que se hizo sin descuentos en virtud de la normativa de seguridad social del Mercosur. Ello teniendo en miras la voluntad de Vivian de quedarse en Argentina, expresada reiteradamente a la acompañante terapéutica, al equipo tratante y a su defensora curadora.
El dinero era bastante pero insuficiente para una externación sostenida (alojamiento, alimentación y asistencia personal) y el pedido de giro de los haberes que se seguían devengando no arrojaba resultados positivos. En ese contexto, Vivian empezó a madurar la idea de volver a su país.
Previo a su regreso a la provincia de Santa Catarina, concretado el pasado 31 de mayo, fue necesario buscar un hogar geriátrico y asegurar la continuidad de su atención psiquiátrica y rehabilitación motora. Para ello se dio intervención al juzgado con competencia en asuntos de familia y capacidad de las personas de la jurisdicción, que procuró la designación de un defensor público que tomara la posta de la intervención y con el cual coordinar la nueva transferencia del dinero depositado en dólares en la cuenta judicial, entre otras circunstancias. Todo ello se realizó a través del contacto directo entre defensores públicos.
El caso de Vivian es uno de los tantos que dan cuenta de la importancia de contar con una defensa pública independiente, garante del acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad -en particular de las y los que usan servicios de salud mental- y que pueda sortear los obstáculos burocráticos para hacer cumplir sus derechos fundamentales. También ilustra la necesidad de que las defensas públicas de la región intervengan en red para llegar a resultados más ágiles y fructíferos.
