En la mañana de ayer, en la sede de la Defensoría General de la Nación (DGN), se desarrolló un desayuno de trabajo en el que se evaluó el impacto de la sentencia del caso “Mendoza y otros vs. Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tras cumplirse, el pasado 14 de mayo, diez años de aquel pronunciamiento que condenó al Estado argentino por la imposición de penas de prisión perpetua a cinco personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad.
La presentación de la actividad estuvo a cargo de las Dras. Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación; Marisa Graham, Defensora de los Derechos del Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA); y del Dr. Alejandro Morlachetti, Especialista del Área de Protección y Acceso a la Justicia de UNICEF.
La Defensora General resaltó que se han realizado esfuerzos para implementar una ley innovadora y respetuosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero se han encontrado obstáculos ante la postura de sectores políticos que buscan simplemente bajar la edad de imputabilidad. En ese sentido, señaló que “lo que no podemos hacer es seguir entrampados con esta ley que realmente permite cualquier cosa en cuanto a las penas. Nosotros vemos que, en todo el país, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el efecto es terrible. Se sigue trabajando de una manera que no evita que el adolescente sea atrapado por el sistema penal, ofreciéndole alternativas antes de llegar a esa situación. Pese a todos los esfuerzos individuales, sociales e institucionales no hay una política coherente en este tema”.
A su turno, la Dra. Marisa Graham se refirió a la necesidad de políticas públicas destinadas a los adolescentes, en lugar de endurecer las leyes para los niños y las niñas. “Me parece que el tema de la baja de la edad para los chicos o endurecer las penas para los chicos es como un cazabobos para los votantes. Porque afirmarle a la ciudadanía que bajando la edad de imputabilidad o endureciendo las penas va a bajar el índice de violencia en la República Argentina no es cierto. Hay que convencer a la ciudadanía de que no es cierto que bajando la edad y aumentando las penas va a haber un menor riesgo de una entradera o de que te roben el auto al abrir el portón del garaje de tu casa. Habría que poder hacer una suerte de debate en relación a ese punto”, dijo.
Durante su intervención, el Dr. Alejandro Morlachetti propuso fortalecer la prevención y no sólo la protección, abordando los problemas de vivienda, educación, salud y medio ambiente que podrían llevar a los/as niños/as y adolescentes a situaciones problemáticas que los pongan en conflicto con la ley. “Hay que fortalecer definitivamente el rol del Estado, en un sentido de protección y desde un punto de vista articulador. Y cuando digo protección, eso implica salud, educación, salud social, todo lo demás para que las respuestas sean de otro lado, incluyendo explícitamente a los chicos”.
Posteriormente, el evento se desarrolló con tres exposiciones que analizaron el impacto de la sentencia tanto a nivel nacional como internacional y su estado de ejecución, así como sus efectos desde el punto de vista de la violencia institucional ejercida en los distintos dispositivos donde conviven NNyA que se encuentran separados de su medio familiar. Los encargados de estas intervenciones fueron el Dr. Damián Muñoz, Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales de Menores; el Dr. Mariano Fernández Valle, coordinador del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos de la DGN; y la Dra. María Laura García Morabito, Coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la DGN.
También estuvieron presentes en la jornada de trabajo el Dr. Juan José Böckel, por Defensoría del Pueblo de la Nación; el Dr. Juan Manuel Irrazabal, por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; el Dr. Ariel Cejas Meliare, por la Procuración Penitenciaria de la Nación; y el Lic. Ezequiel Paulucci, en representación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el Comité para la Prevención de la Tortura de la misma Ciudad. Además, por parte de la DGN, también compartieron la mesa el Dr. Javier Lancestremere, Secretario General de Política Institucional; el Dr. Patricio Giardelli, Secretario General de Coordinación; la Dra. Julieta Di Corleto, Secretaria General de Capacitación y Jurisprudencia; y el Dr. Gustavo Iglesias, Defensor Público Oficial a cargo de la Coordinación de Programas y Comisiones.
Próximamente, se difundirán las conclusiones de la jornada de trabajo.
