En el juicio por las torturas y desaparición forzada seguida de muerte del joven Franco Casco que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°2 de Rosario, hoy los Dres. Mariano Maciel, Luciano Hazan y Andrés Pennisi finalizaron el alegato por parte de la querella de la Defensoría General de la Nación (DGN) en representación del Sr. Ramón Casco, padre de la víctima, que desapareció el 6 de octubre de 2014 en la ciudad de Rosario y su cuerpo fue hallado 24 días después en el río Paraná. 

El alegato de la querella de la DGN comenzó ayer con las exposiciones de los Dres. Maciel y Pennisi. El primero de ellos realizó un profundo análisis de los hechos y la prueba del caso, incluyendo los peritajes médicos que se realizaron. Por su parte, Pennisi brindo detalles de cada uno de los testimonios de las personas detenidas en la Comisaría séptima de Rosario, que narraron de forma coincidente las sesiones de tortura a las que fue sometido Franco durante la noche del 6 y la madrugada del 7 octubre, en tanto las personas allí detenidas escucharon los gritos del joven e inclusive pudieron comunicarse brevemente con él. Además, el magistrado y el funcionario de la DGN evaluaron las responsabilidades que le cabrían a cada uno/a de los/as imputados/as. 

A partir de ello, el día de hoy el Dr. Hazan retomó la descripción de los hechos que realizaron los Dres. Maciel y Pennisi, así como el fiscal, Dr. Fernando Arrigo, en las jornadas previas. En el inicio de esta parte final del alegato, el querellante planteó que “el sometimiento de Franco Casco a salvajes torturas en una comisaría no fue una casualidad, sino que fue un caso más dentro de un patrón de conducta de la policía de la provincia de Santa Fe, pero también de otras policías en la Argentina”; asimismo, destacó la importancia de que en este caso “el tribunal está juzgando un crimen de estado.” 

También recordó que, en noviembre de 2013, de manera previa a que ocurriera la desaparición y muerte de Franco, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada había advertido a la Argentina por “casos de desaparición forzada de los cuales son víctimas, particularmente, personas jóvenes en situación de extrema pobreza y marginación social” y le recomendó que estas violaciones sean debidamente investigadas, enjuiciadas y sancionadas. 

La querella de la DGN realizó el pedido al Tribunal de las condenas para los imputados tras argumentar que las pruebas producidas en el debate confirmaron la hipótesis acusatoria y que Franco Casco fue víctima de tortura seguida de muerte y de desaparición forzada seguida de muerte. Asimismo, consideraron probado que hubo funcionarios de asuntos internos de la Policía provincial que incurrieron en el encubrimiento de los hechos. 

De allí resultó que los/as catorce acusados del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima, de los cuales cuatro también fueron acusados por torturas seguidas de muerte, tanto en calidad de coautores como de participes necesarios, obtuvieron por parte de la querella pedidos de pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada. 

Por otra parte, para una imputada y un imputado por el mismo delito, pero en calidad de partícipes secundarios, se solicitó la pena de quince años de prisión e inhabilitación por igual plazo. Finalmente, dos policías de asuntos internos, acusados por el delito de encubrimiento doblemente agravado recibieron el pedido de condena a seis años de prisión e inhabilitación por el mismo período. Solamente un imputado fue exento de pedido de condena. 

Otras solicitudes de esa querella fueron que se investiguen las amenazas proferidas a uno de los testigos y el falso testimonio que de un policía durante el debate. También que, a partir de lo probado en el juicio, se profundice la investigación y se juzgue la responsabilidad de la médica policial que participó del ocultamiento del hecho, así como otras maniobras de obstaculización de la investigación de los hechos, que hasta ahora no fueron abordados. 

Previo a pedir estas condenas, la querella de la DGN coincidió con el pedido de la Fiscalía de solicitar al tribunal medidas reparatorias, a las que sumaron la necesidad de señalizar la Comisaría séptima de Rosario como el lugar donde ocurrieron los hechos en los que resultó víctima Franco y consultar a la familia sobre la posibilidad de llevar adelante otras medidas de restitución de la dignidad de las víctimas, como la instalación de un memorial que recuerde el hecho y tienda a garantizar el derecho a la verdad de lo ocurrido, del que es titular no sólo la familia, sino la sociedad en su conjunto. 

Anteriormente, tras tres jornadas de alegato, el fiscal Fernando Arrigo solicitó penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para los imputados de los delitos de desaparición forzada de persona seguida de la muerte de la víctima y de imposición de torturas. También pidió catorce años y diez meses de prisión e inhabilitación por el mismo tiempo para quienes son considerados partícipes secundarios de los mismos delitos. Asimismo, planteó la pena de cinco años y diez meses de prisión para los responsables de encubrimiento doblemente agravado de lo sucedido y tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo para un imputado por falso testimonio. Uno de los/as imputados/as obtuvo el pedido de absolución, con el que concordó también la querella representada por la DGN. 

Casco era un joven procedente de la localidad de Florencio Varela que apareció muerto en las aguas del río Paraná cuando se encontraba de visita en el barrio Empalme Graneros de Rosario, donde viven sus familiares. Los hechos habrían ocurrido al ser detenido y alojado de manera ilegal en la Comisaría séptima de Rosario luego de retirarse de la casa donde se hospedaba para tomar el tren de regreso a su ciudad. 

La versión policial dice que la detención y posterior liberación de Franco Casco se produjo el 7 de octubre de 2014, a raíz del llamado de un vecino que se comunicó con la comisaría local para informar que al salir de su casa vio a una persona en actitud sospechosa. Sin embargo, la acusación sostiene que el joven fue aprehendido por la policía en la noche del 6 de octubre de ese año por averiguación de antecedentes y luego llevado a la Comisaría, donde policías de la dependencia lo torturaron hasta su muerte y luego hicieron desaparecer su cuerpo, que finalmente apareció flotando en el río Paraná veinticuatro días después de ser detenido. 

En las próximas audiencias tendrá lugar la intervención del Dr. Martín Andrés Gesino, defensor público oficial ante el TOCF N°2 de Rosario, quien alegará en representación de algunos de los acusados. 

Se puede acceder a la transmisión en vivo de las audiencias en el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación (https://www.youtube.com/@pjn-videoconferencias), donde además quedaron grabadas las que ya fueron emitidas. 

La agenda de las próximas jornadas la siguiente: 

Fecha 18/5: https://youtube.com/live/fBGz9I76oF4?feature=share

Fecha 19/5: https://youtube.com/live/dCc2zYjIW48?feature=share

Fecha 31/5: https://youtube.com/live/v4_4Flle5Hg?feature=share

Fecha 1/6: https://youtube.com/live/c8JcYhzL5CI?feature=share

Fecha 2/6: https://youtube.com/live/hoDW_yxPUuM?feature=share

Fecha 8/6: https://youtube.com/live/IEuWxsqjj-Q?feature=share

Fecha 9/6: https://youtube.com/live/vkZRUe0E9Z0?feature=share

Fecha 15/6: https://youtube.com/live/BZCGRKpu_l4?feature=share