Con la intervención articulada de distintas áreas de la Defensoría General de la Nación (DGN), la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) reconoció la condición de apátrida de una mujer que nació en Bolivia y a la que ese Estado nunca registró.  Se trata de una mujer en una extrema situación de vulnerabilidad, víctima de violencia de género, quien ingresó a Argentina hace más de treinta años y que, a pesar de tener nueve hijos/as de nacionalidad argentina, nunca tuvo un documento de identidad. 

El caso llegó a la DGN a través del equipo Acceder, que recibió la consulta de la mujer en el Centro de Acceso a la Justicia de Once. A partir de entonces la DGN hizo un trabajo interdisciplinario para abordar las necesidades de la mujer y su familia y garantizar su acceso a la justicia de manera integral. En un principio se realizaron gestiones ante al consulado de Bolivia para tratar de obtener documentación que le permitiera a la mujer alcanzar la residencia permanente en Argentina en su carácter de madre de hijos/as argentinos/as. Pero en ese trámite se comprobó que su nacimiento no estaba registrado en su país de origen y se intentó obtener pruebas que permitieran un registro tardío. Estas gestiones no arrojaron resultados positivos, lo que impidió acceder a la nacionalidad. 

Ante esa situación, el equipo Acceder derivó el caso a la Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio, que asistió a la señora en la tramitación de una solicitud de apatridia bajo la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Ley 27.512. En ese pedido ante la CONARE se argumentó que, a pesar que Bolivia reconoce la nacionalidad a las personas nacidas en su territorio, la imposibilidad de registrar el nacimiento colocaba a esta mujer en situación de apatridia. 

Por otra parte, la situación de vulnerabilidad de la mujer asistida se acreditó a partir de un trabajo interdisciplinario y conjunto entre diversas áreas de la DGN. Con el apoyo del Programa de Asistencia y Patrocinio Especializado en Violencia de Género, ella denunció a su ex pareja en la Oficina de Violencia Doméstica por violencia intrafamiliar y obtuvo medidas de protección. Además, el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la DGN asumió su representación en la causa penal contra el agresor. También la Comisión sobre Temáticas de Género colaboró en algunas gestiones y, en el marco la causa por violencia de género, el equipo Acceder tramita una solución habitacional para la señora y su familia. 

Con la prueba recolectada, las constancias de las diversas intervenciones vinculadas a la situación de violencia y una pericia elaborada por una licenciada en Antropología Social, se logró acreditar la condición de apátrida de la asistida y la grave afectación a sus derechos que le genera la falta de documentación. 

Por todo ello, la CONARE consideró que correspondía reconocer a la mujer como apátrida y que “la situación de violencia de género de la que es víctima (…) constituye un factor agravante que la convierte en una persona especialmente vulnerable”.