El pasado 20 de marzo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó el Protocolo de la Esperanza en la sede de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación.
El documento es la primera herramienta internacional que promueve una respuesta efectiva a las amenazas contra las personas defensoras de los derechos humanos. Producto de cinco años de investigación y elaboración, el protocolo honra la memoria de Berta Cáceres, reconocida defensora hondureña de los derechos humanos de los pueblos indígenas asesinada luego de, precisamente, sufrir intimidaciones durante años.
“Las amenazas contribuyen a numerosas violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras, sus familias, comunidades y organizaciones -sostiene el Protocolo en su prólogo-, así como a la reducción del espacio cívico. Por ello, las amenazas a las personas defensoras son un problema acuciante de derechos humanos”. “Sin embargo”, explica el texto, “estas no suelen recibir una respuesta adecuada por parte de quienes tienen la responsabilidad de prevenir los daños y proteger los derechos de las personas defensoras”. Para promover una respuesta adecuada a esta problemática, que incluya su investigación, persecución penal y sanción, el Protocolo proporciona directrices basadas en el derecho internacional de los derechos humanos dirigidas principalmente a los gobiernos y a los/as operadores/as de justicia.
El Protocolo de la Esperanza busca derrotar la impunidad producida por la inacción de quienes deben intervenir frente a las amenazas de los defensores y defensoras de derechos humanos. Para ello, hace hincapié en la necesidad de “una estrategia robusta e innovadora” que mejore las distintas respuestas estatales, enfoque que debe formar parte de una política pública integral “que garantice un entorno propicio para las personas defensoras”.
La presentación del Protocolo estuvo a cargo de Jessica Ramírez Moreno, abogada mexicana del CEJIL. También participó de la actividad Mariángeles Misuraca, abogada argentina codirectora del Programa de Brasil y Cono Sur (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) del organismo, además de miembros del Ministerio Público de la Defensa de la Nación y operadores del sistema de administración de justicia.
