A partir del interés manifestado por las personas víctimas de una causa penal, el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) a cargo de la Dra. María Azul Romero Beery, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, propuso la intervención del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría General de la Nación, a cargo de la Dra. Silvana Greco, para llevar a cabo un proceso de diálogo restaurativo entre la persona condenada y las dos personas damnificadas.
Un hombre había sido condenado a la pena de dos años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de robo en tentativa agravado por el uso de arma de utilería y escalamiento, habiendo ingresado junto a otra persona al domicilio de la pareja damnificada de la cual era vecino lindero. Tras los forcejeos, tanto la persona condenada como una de las personas víctimas resultaron lesionadas.
En una audiencia ante la jueza de ejecución Dra. Vilma Bisceglia, a cargo del Juzgado Nacional de Ejecución Penal No 2, en el marco de la Ley de Víctimas No 27.372, las dos personas damnificadas expresaron su voluntad de encontrarse con su agresor.
El equipo del CENAVID realizó un intenso trabajo con los operadores jurídicos intervinientes a fin de darle viabilidad al interés de las personas damnificadas. La iniciativa fue finalmente recepcionada por la Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal No 2, a cargo de la Dra. Flavia Gabriela Vega, y su asistido privado de la libertad, y luego puesta en práctica durante la libertad condicional por la Unidad de Letrados Móviles N° 2 para la Asistencia de personas no privadas de libertad ante los Jueces Nacionales de Ejecución Penal, a cargo del Dr. Juan Ignacio Álvarez.
Facilitado por el equipo de mediación interdisciplinario del PRAC, se realizó un complejo proceso de múltiples reuniones previas individuales -con las partes y sus abogados- que culminó con un encuentro entre las tres personas en conflicto, con fuertes efectos sobre ellas y sus vínculos.
Luego del encuentro, las personas víctimas solicitaron el cese del dispositivo dual de protección (botón antipánico y tobillera), y así fue ordenado por la jueza de ejecución.
Para así decidir, la jueza ponderó el informe en el que el CENAVID señaló que “las víctimas (...) han manifestado de manera fehaciente y contundente en reiteradas oportunidades su voluntad de devolver tanto el botón antipánico como el dispositivo dual oportunamente otorgado como medida de protección. El botón antipánico ya fue regresado. Todo ello en virtud de las audiencias celebradas en el marco de lo ordenado por V.S. en la resolución del 15 de septiembre que indicó la intervención del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos del Ministerio Público de la Defensa...”.