El pasado 3 de agosto, la Defensoría General de la Nación (DGN) participó de la jornada de trabajo "Hacia una nueva ley de Responsabilidad Penal Juvenil”, convocada por la defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNyA), Dra. Marisa Graham. La actividad tuvo la finalidad de elaborar consensos sobre los estándares mínimos de derechos humanos para un futuro Régimen Penal Juvenil.
En el encuentro estuvo presente el Dr. Damián Muñoz, defensor público oficial ante los Tribunales Orales de Menores Nº2 y cotitular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la DGN. También participaron de la reunión la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la Defensoría del Pueblo de Nación, el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles y la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación.
Entre otros puntos que se abordaron en la reunión, se destacan la creación de un fuero penal juvenil con sus instancias necesarias para resguardar las garantías constitucionales de las y los adolescentes punibles infractores a la ley penal; el abordaje de NNyA desde los organismos de prevención, protección y promoción de sus derechos; la prohibición de imposición de penas altas y prisiones perpetuas por delitos cometidos por personas menores de edad; y la aplicación de medidas alternativas al proceso y a la pena, como la justica restaurativa (suspensión de juicio a prueba, conciliaciones).
Estos temas también fueron incluidos en una Recomendación Conjunta sobre la necesidad de una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que derogue el Decreto-Ley 22.2782, emitida en el mes de mayo de este año por la Defensoría de los Derechos de NNyA con las Defensorías de las Provincias de Córdoba, Santa Fe, Misiones, La Pampa y Santiago del Estero; así también, en el documento “Directrices de Justicia Juvenil”.
Durante la segunda quincena de agosto tendrá lugar un nuevo encuentro de trabajo para plasmar estos puntos en una futura Declaración Conjunta Interinstitucional que se presentará en un acto, previsto para septiembre, con la participación de las autoridades de cada uno de los organismos que lo suscriban.
La necesidad de dar impulso a una reforma legislativa en la República Argentina en materia penal juvenil, sin bajar la edad de punibilidad, se sustenta en la persistencia de la práctica discrecional de privar de libertad a niños y adolescentes por protección y no por la comisión de un delito; asimismo, en las condiciones de detención en los centros de privación de libertad y el alejamiento de NNyA de sus familias y comunidades.
Además, vale recordar que la imposición de penas altas a personas que cometieron delitos siendo menores de edad, incluidas condenas perpetuas, le valieron al Estado condenas y recomendaciones emitidas por instancias internacionales por no cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos de NNyA.
Un caso en el que el Estado fue condenado por esos motivos es Mendoza y otros vs. Argentina, en el que las víctimas fueron representadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la DGN. En la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia de este caso, del 23 de septiembre de 2021, el tribunal regional, si bien señaló el cumplimiento de algunas de las medidas de reparación ordenadas, remarcó, con especial importancia por haber transcurrido ocho años desde la sentencia, el incumplimiento de la orden de adecuación normativa dirigida a compatibilizar el régimen penal juvenil del país con las obligaciones convencionales y con los estándares de la sentencia internacional, lo que posibilita que hechos de esta naturaleza puedan reiterarse.
Crédito foto: Defensora de los Derechos de las NNyA