El 16 de diciembre pasado, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón dictó una resolución en la que se impulsan alternativas para agilizar la ejecución de la sentencia “Mendoza y otros” (causa del Río Matanza Riachuelo), que ya lleva trece años. En su fallo, el juez de primera instancia Jorge Ernesto Rodríguez reconoció los aportes que realizó el Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) al proceso de ejecución de la sentencia a través las actuaciones del Equipo de Trabajo Río Matanza Riachuelo de la Defensoría General de la Nación (DGN) y de la Defensoría Pública Oficial Nº2 de Morón.
El 8 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) condenó, con igual responsabilidad, a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y a los Estados Nacional, de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires a la ejecución de un programa que tiene tres objetivos: la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, la recomposición del ambiente y la prevención de daños.
En ese contexto, en 2010 se firmó el Convenio Marco para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, en el que los intendentes de cada municipio de la cuenca se comprometieron otorgar una solución habitacional para 17.771 familias.
Desde hace años, el MPD ha cuestionado el atraso en el cumplimiento de este convenio y ahora el juez Rodríguez, en su resolución, remarcó que “como son parte del diagnóstico profundo desarrollado por las defensorías, las demoras en el cumplimiento del Convenio Marco de 2010 resultan inaceptables y, en definitiva, desnudan una falencia del sistema ideado que –por falta de análisis de variables o por diagnósticos poco realistas- constituye una barrera en el camino del cumplimiento”.
Por estos motivos, el juzgado autorizó a los condenados a explorar alternativas para realizar obras, adquirir obras finalizadas o en construcción, o introducir cambios normativos que aseguren la finalización de los compromisos asumidos tras el fallo de la CSJN. En ese sentido, el juez reconoció una demanda histórica de los vecinos y vecinas de la cuenca, que también estuvo siempre presente en los planteos de la defensa: “Hoy la tarea de urbanizar parece la más adecuada a la luz de los beneficios que aquella tarea otorga: permite abordar a mayor cantidad de familias, sostener el tejido social de los barrios y permite la integración urbana de los mismos”.
Finalmente, la resolución también da curso a un reclamo que la defensa oficial impulsó en los últimos años: la aplicación de la tarifa social de servicios públicos para todas las familias relocalizadas en complejos de vivienda social en el marco de esta causa.
Villa Inflamable, Avellaneda. Crédito: Equipo de Trabajo Río Matanza Riachuelo DGN