Este día invita a la reflexión acerca de la condición pluriétnica de nuestro país, promoviendo el respeto a la identidad cultural y el reconocimiento a los pueblos originarios, afrodescendientes y grupos sociales con diversidad étnica, como dispone el artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional.
El último Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010 brinda el dato que 955.032 personas se auto perciben como perteneciente a alguno de los pueblos indígenas existentes, lo que representa aproximadamente el 2.5 % de la población total del país. El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO) elaboró un Mapa de los Pueblos y Naciones Originarias donde reivindica la presencia actual de 39 pueblos, los cuales, de acuerdo al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuentan con más de 1600 comunidades sitas en todas las provincias, en ámbitos tanto rurales como urbanas, con diferente volumen poblacional y distintas pautas de organización, y con necesidades no siempre adecuadamente visibilizadas y atendidas. Por otra parte, también existe el mapa de Idiomas indígenas, que da cuenta del estado actual de esas lenguas en el territorio argentino, promovido desde el Centro Universitario de Idiomas.
Estos pueblos han sido objeto de una discriminación histórica y estructural, como deriva de la fórmula decimonónica y etnocéntrica de la falsa dicotomía civilización o barbarie, que aún persiste, y jerarquiza las culturas como superiores e inferiores. La comprensión de las culturas como procesos históricos, inacabados y en constante mutación y mestizaje, se aleja de la noción ahistórica y estática de las mismas. La valorización de su identidad en el actual paradigma constitucional del respeto a la diversidad cultural lleva a la comprensión de la igualdad entre todas las culturas, entendiendo que los sistemas normativos propios de los pueblos originarios no son meras costumbres, sus idiomas no son dialectos, sus expresiones artísticas no son simples artesanías, ni sus medicinas y filosofías supersticiones, sino cosmovisiones con derecho a desarrollarse.
Este escenario de desigualdad nos exige a quienes formamos parte de la defensa pública un mayor esfuerzo en procura del reconocimiento de sus derechos, en especial los de la propiedad comunitaria, la consulta y participación, y al acceso a la justicia culturalmente adecuado. En este sentido, destacamos el derecho de toda persona hablante de un idioma indígena a contar con intérpretes lingüísticos cuando se encuentren involucrados en un proceso judicial o administrativo. El Programa sobre Diversidad Cultural presta especial colaboración a las Defensorías Públicas Oficiales de todo el país, para promover la asistencia lingüística y el derecho a expresarse en su propia lengua, conforme lo regula la Resolución DGN N° 1400/2016.
