El día de ayer se llevó a cabo virtualmente la presentación del “Protocolo modelo para la recolección, resguardo, preservación y cadena de custodia de evidencia biológica en casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes” elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) con el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
En palabras de los organizadores, y como su nombre lo indica, el protocolo tiene como objetivo “promover prácticas de protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes (NNyA) víctimas de abuso sexual a través del fortalecimiento de los estándares de levantamiento y cadena de custodia de evidencia genética, biológica y no biológica vinculada a delitos de abuso sexual que sirva de apoyo a los profesionales de salud y a fiscales en la investigación de ese delito”.
La Dra. Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación, formó parte de la presentación y celebró la elaboración del protocolo.
Durante un conversatorio que tuvo como disparadores las preguntas acerca de cómo llevar el protocolo a la práctica y cómo coordinar entre el sector salud, justicia y el ámbito pericial, la titular del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) sostuvo que “una de las grandes deudas del sistema de administración de justicia se vincula con la ineficacia que ha mostrado para investigar, esclarecer y sancionar hechos de violencia sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Las enormes dificultades que existen para denunciar estos abusos coexisten con prácticas deficientes, revictimizantes y discriminatorias en la gestión judicial de los casos que llegan a conocimiento de las autoridades judiciales”.
La defensora general señaló una serie de obstáculos que llevan a descreer de la palabra de las niñas, niños y adolescentes que manifiestan haber sufrido violencia sexual, entre ellos una mirada adulto céntrica, “que confunde la menor edad o la falta de madurez con incapacidad para diferenciar la realidad de la fantasía” y la persistencia de estereotipos de género que “generan sospechas sobre las madres que denuncian los abusos cometidos contra sus hijas o hijos por considerar que, seguramente, denunciaron a sus parejas o ex parejas por despecho, revancha o venganza”. “El colmo de este escenario”, explicó Martínez, “ocurre cuando existe prueba biológica o genética del abuso pero por negligencia, fallas técnicas, falta de articulación o capacitación esos elementos probatorios no logran ser incorporados a los procesos penales, o son incorporados pero son cuestionados por no asegurar ciertos recaudos o garantías. El resultado final es una altísimo número de hechos de violencia sexual infantil no denunciados y una cifra también escandalosa de casos impunes”.
En este contexto, Martínez celebró la elaboración de un protocolo modelo. “Por un lado”, afirmó, “porque es una buena oportunidad para fijar criterios que eviten la revictimización durante la revisación médica y la recolección de la evidencia biológica; segundo, porque promueve líneas de coordinación y articulación institucional que son necesarias para asegurar que las muestras sean tomadas correctamente, preservadas y efectivamente incorporadas en los procesos penales; tercero, porque también es una forma de honrar los compromisos internacionales y constitucionales asumidos”.
“Como Ministerio Público de la Defensa, nos comprometemos a divulgar el protocolo; y con los defensores públicos de menores e incapaces, los flamantes defensores de víctimas y todos los defensores federales que trabajan en los temas de trata en el ámbito federal, a instar su acabada aplicación”, finalizó Martínez.
El protocolo modelo se puede consultar en https://bit.ly/3EGreEB.
