En el Día internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niños y Niñas, la Defensoría General de la Nación reitera su compromiso con las víctimas de esos delitos y convoca a todos los poderes del Estado a elaborar políticas públicas específicas para la protección de sus derechos, la promoción de su autonomía y su participación en la adopción de medidas de prevención y erradicación de la trata y de asistencia a las sobrevivientes.
La explotación sexual y la trata de personas son graves violaciones de derechos humanos, en especial de mujeres, niñas, migrantes y de las personas de los grupos más vulnerables. De acuerdo con el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de febrero de 2020, de cada 10 víctimas detectadas a nivel mundial, cinco son mujeres adultas y dos son niñas. Además, los migrantes representan un significativo porcentaje de las víctimas detectadas en la mayoría de las regiones.
En América del Sur, las mujeres representan la mayoría de las víctimas de trata, mientras que una de cada cuatro víctimas es un hombre. La mayor parte de las víctimas son objeto de trata con fines de explotación sexual, y datos compilados en ocho países muestran que la inmensa mayoría (96%) de estas víctimas son mujeres.
En su Recomendación General N° 38, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sostuvo que esto ocurre porque no se comprenden las dimensiones de género de este delito en general, y de la trata de mujeres y niñas en particular. El informe explicó que “un análisis de género del delito revela que sus causas fundamentales radican en la discriminación por razón de sexo, que incluye la inacción frente a las estructuras económicas y patriarcales imperantes y las consecuencias negativas y diferenciadas en función del género de los regímenes de trabajo, migración y asilo de los Estados partes”.
A su vez, la pandemia de Covid-19 aumentó las desigualdades y los problemas económicos a nivel mundial y agudizó la situación de vulnerabilidad de diversos grupos sociales. Como consecuencia, más personas se encontraron expuestas al riesgo de ser víctimas de trata.
Recientemente, el CEDAW observó con preocupación el creciente uso de las redes sociales para captar a las víctimas en el contexto de la pandemia de Covid-19, y evaluó que las leyes nacionales e internacionales son insuficientes para detener la trata de personas cuando se extiende de los medios convencionales al espacio virtual. En el mismo sentido, UNODC, en su último informe, señaló que los tratantes aprovecharon “la pérdida de medios de vida de las personas durante la pandemia y la mayor cantidad de tiempo que tanto adultos y niños pasaban en internet”, para captar nuevas víctimas a través de las redes sociales y otras plataformas en línea.
El estudio detectó que las niñas y los niños son cada vez más el objetivo de los tratantes y resaltó el deterioro de la situación de los migrantes en general. Expuso que, en muchos casos, los servicios esenciales que brindaban el apoyo y la protección a las víctimas se redujeron o incluso se desarmaron, exponiendo a las personas sobrevivientes a ser víctimas del delito nuevamente.
Por ello, la Defensoría General de la Nación considera fundamental el desarrollo de políticas de género y migratorias, de protección especial y de asistencia integral de las víctimas de trata de personas.
A través del Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas, y el trabajo de los defensores y defensoras públicos/as de víctima, el Ministerio Público de la Defensa reitera su compromiso para la erradicación de la trata de personas y se compromete a continuar colaborando en la promoción de derechos, el asesoramiento y la representación legal de las víctimas.
