Durante la tarde noche del viernes 3 de septiembre, la defensora general de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, expuso en el seminario Internacional “Estrategias de litigio ante penas ilícitas. Desafíos para la Defensa Pública”, que organizó la Escuela de la Defensoría Pública del Estado de San Pablo, Brasil.
Martínez participó del cierre del encuentro en la mesa titulada “Derecho penal y penas ilegales en el contexto de la pandemia”. Al iniciar su exposición, la defensora general afirmó: “Yo creo que, a esta altura, nadie que sea honesto puede afirmar que la cárcel sirve para el propósito supuesto de reintegrar a las personas a la sociedad y garantizarles una vida liberada de los problemas que genera la delincuencia; esa es una falacia que ya nadie puede sostener.” Y agregó, “la supervivencia de las penas privativas de libertad obedece a que penalistas y criminólogos no hemos tenido la creatividad suficiente para encontrar otra solución; entonces hacemos como que funciona algo que no funciona y causa daño no solo a las personas privadas de libertad, sino que también al resto de la sociedad. Porque cuando una persona pasa por cualquiera de estas prisiones de nuestra región, donde el hacinamiento es infamante y donde, además, las priva de otros derechos fundamentales como la salud, sale con odio, con amargura y con deseos de venganza.”
En relación a la situación crítica producida por la pandemia de COVID-19 que se sumó al panorama de emergencia carcelaria anterior, Martínez relató que “lo que pasó en Argentina describe cuál es el sentimiento de la sociedad respecto de los privados de libertad: al principio se pidieron arrestos domiciliarios y excarcelaciones para todas las personas que tenían alto riesgo de contraer la enfermedad y morir en consecuencia (…) Los jueces comenzaron a otorgar estas medidas alternativas y entre las personas beneficiadas, a manera de excepción, se incluyó a una que había cometido delitos sexuales graves. Cuando esto trascendió la reacción de la opinión pública y de los medios fue feroz y los jueces empezaron a negar en general las solicitudes por temor a perder sus cargos.” “Se valoró más el riesgo hipotético que podrían generar para la sociedad las personas que eran excarceladas que la posibilidad cierta de que murieran en la cárcel por el COVID-19 y se aceptaban esas muertes como un daño colateral; esta es la ideología que lamentablemente todavía existe en nuestra sociedad”, explicó.
Martínez destacó la importancia de que se incorpore la perspectiva de derechos humanos en la etapa de la ejecución de la pena de manera efectiva y no como un discurso vacío y, al referirse al rol de los defensores públicos frente a esta problemática, señaló: “Tenemos que ser muy firmes en poner frenos y exigirle a la justicia que no siga abusando en la imposición de la pena de prisión, porque ese encarcelamiento exagerado destruye vidas que después no se pueden reconstruir.” Y concluyó: “debemos litigar sin bajar los brazos, tenemos que ser la gota que orada la piedra; coordinando estrategias comunes, tenemos que reclamar y demostrar permanentemente que lo que pasa en la realidad de las cárceles no tiene nada que ver con la teoría; y que día a día, ante la mirada complaciente de jueces, fiscales y otros órganos de control, se violan los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
El mismo panel también estuvo integrado por los/as académicos/as Bruno Rotta Almeida, de la Universidad Federal de Pelotas, y Marília de Nardin Budó, de la Universidad Federal de Santa Catarina; y por la defensora adjunta general del Chaco, Gisela Gauna Wirz.
El evento, que abrió el miércoles 1 con una conferencia del juez de la Corte IDH Eugenio Raúl Zaffaroni, contó con la participación de académicos/as, magistrados/as y funcionarios/as de la defensa pública, tanto nacional como provincial, de Argentina y Brasil. A lo largo de las tres jornadas que duró el seminario, se abordó la temática de las penas ilícitas desde la perspectiva de la dogmática penal, los estándares probatorios en materia de trato arbitrario, el litigio estratégico, el control de convencionalidad y la ejecución penal, entre otras.