El 30 de agosto ha sido establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. La decisión, tomada en 2010, coincidió con la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y se basó en la preocupación que los estados expresaron por el aumento de las desapariciones forzadas en todas las regiones del mundo; y por actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por familiares y testigos de las desapariciones.
El objetivo es el de visibilizar un crimen que los propios Estados buscan invisibilizar, porque se trata precisamente de un crimen de Estado. Y reforzar en las sociedades la necesidad de seguir buscando a los desaparecidos. Y muy especialmente, de apoyar a las familias en esa búsqueda, un verdadero suplicio.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sostuvo en este sentido que “la impunidad agrava el sufrimiento y la angustia. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, las familias y las sociedades tienen derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido. Hago un llamamiento a los Estados Miembros a asumir esta responsabilidad”.
En el marco de la observancia del Día Internacional en 2020, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas hicieron un llamado a los estados a continuar con la búsqueda de los desaparecidos a pesar de la pandemia del Covid-19. "Los Estados del mundo entero deben seguir actuando con urgencia para prevenir e investigar las desapariciones forzadas durante la pandemia de COVID-19, y la búsqueda de las víctimas debe continuar sin demora. Estamos particularmente alarmados por las denuncias de desapariciones forzadas recibidas en el contexto de la pandemia COVID-19. Esta situación es aún más preocupante dada la frecuencia con la cual la búsqueda y la investigación de las desapariciones forzadas están siendo suspendidas debido a las restricciones adoptadas como resultado de la pandemia. A menudo las víctimas quedan olvidadas y las familias sufren, sin saber nada sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos”.
Los mecanismos de protección también expresaron su preocupación por el hecho de que la suspensión de visitas a lugares de detención haya dado lugar, en algunos casos, a una ausencia total de contacto entre personas detenidas y sus allegados o representantes, lo que favorece las detenciones incomunicadas y puede dar lugar a desapariciones forzadas. En ese contexto instaron a garantizar “un contacto continuo, por ejemplo, mediante llamadas telefónicas o medios electrónicos”, a “continuar el monitoreo de las detenciones”, a “considerar alternativas a la detención” y a prestar la atención médica y asistencia adecuadas.
Este año, y ante la continuidad de la pandemia, focalizaron su mensaje en la necesidad de prestar atención a la conexión entre las desapariciones forzadas y los derechos económicos, sociales y culturales, a fin de llevar adelante políticas de prevención y abordar el problema de manera más integral. En este sentido, expresaron que “la falta de protección efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales es también un factor que contribuye a las desapariciones forzadas. Las personas que viven en la pobreza son más vulnerables y están expuestas a un mayor riesgo de desapariciones forzadas”.
El Grupo de Trabajo y el Comité hicieron especial hincapié en la necesidad de garantizar el acceso a la justicia: “En algunos casos, al enfrentarse al sistema de justicia penal, se ven privadas de asesoramiento y asistencia jurídica para impugnar las condiciones de su arresto, juicio, condena y detención, y así desaparecen dentro del sistema. Las víctimas de las desapariciones forzadas son también en su mayoría personas marginadas. Cuando viven en zonas con escasa o nula presencia de las instituciones del Estado, sus familiares y allegados tienen poco acceso a la justicia y a medios eficaces para buscarlas”.
En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, desde el Ministerio Público de la Defensa renovamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las víctimas, incluyendo a los familiares y allegados; y mantenemos el compromiso de promover el acceso a la justicia de las víctimas de desaparición forzada para garantizar que se lleven adelante investigaciones independientes, exhaustivas y prontas, y que se las busque de manera eficaz, siguiendo los estándares internacionales.
La asistencia a víctimas de desapariciones forzadas perpetradas durante la democracia ha sido una prioridad para el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación. La puesta en funcionamiento de las defensorías públicas oficiales de víctima, instaladas progresivamente en las provincias del país para delitos federales de especial gravedad, como lo son las desapariciones forzadas y la trata de personas, brinda mejores herramientas para lograr estos objetivos, gracias a su cercanía a las víctimas y especialización.
