El encuentro fue convocado por la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental para tratar problemáticas en torno a la declaración de inimputabilidad ante un supuesto de discapacidad. Contó con la participación de presidentes de Cámaras Civiles y Penales, de magistrados/as y funcionarios/as del Poder Judicial, de la defensa pública y del Poder Ejecutivo Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental convocó a una reunión para tratar las problemáticas que se presentan en los ámbitos judiciales, de la defensa pública y del Poder Ejecutivo a partir de la declaración de inimputabilidad de personas con discapacidad.
A lo largo del encuentro se abordaron los conflictos de competencia entre los fueros Penal y Civil, la importancia de establecer pautas de trabajo entre ambos fueros, y la necesidad de contar con dispositivos de atención intermedios para evitar vulnerar el derecho a la atención en salud y a la integridad de las personas declaradas inimputables. Del intercambio surgió, entre otros aspectos, la voluntad de intervención para generar los ajustes razonables que permitan que las personas con discapacidad tengan dignidad en el marco de lo que dispone la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las Reglas Mandela.
En el intercambio se hizo referencia a la importancia de generar acompañamiento y acciones de prevención para las personas con discapacidad declaradas inimputables. También se habló del abordaje de las personas en situación de calle y la necesidad de mecanismos de derivación para su atención.
Además, se puso en foco la importancia de la intersectorialidad y la reunión evidenció el compromiso de los y las participantes de dar cumplimiento al espíritu de tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en la normativa nacional.
Del encuentro participaron, por el Poder Judicial, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos; el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Alberto Seijas; la presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Marcela Pérez Pardo; y el coordinador de Psiquiatría del Cuerpo Médico Forense, Esteban Toro Martínez. También estuvieron presentes los jueces y las juezas de Ejecución Penal, María Jimena Monsalve, Marcelo Peluzzi y Vilma Bisceglia; y el juez civil Alejandro Siderio. Asimismo, el juez de primera instancia Sergio Delgado y la prosecretaria de cámara, Lucía Gallagher.
Por el Poder Ejecutivo Nacional participaron la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, María Laura Garrigós, y su jefa de Gabinete, María Victoria Alcoba; y el director nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la misma secretaría, Leonardo Gorbacz. También estuvieron la coordinadora del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), Ana Latorraca; y el director nacional de Salud Mental y Adicciones, Hugo Barrionuevo. Del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvo presente el director general de Salud Mental y Adicciones, Humberto Persano.
Por la Defensoría General de la Nación (DGN) estuvieron presentes el secretario general de Política Institucional, Javier Lancestremere; el coordinador general de Programas y Comisiones, Gustavo Iglesias; la defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional Nro. 18 y cotitular de la Comisión de Cárceles, Julieta Mattone; la defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional Nro. 10, Marina Soberano; la defensora pública oficial adjunta ante la Cámara Federal de Casación Penal Nro. 4, Florencia Hegglin; los funcionarios de la Comisión de Cárceles, Leandro Destéfano y Eugenia García Sigilli; y el coordinador de la Unidad de Letrados Art. 22 ley 26.657, Mariano Laufer Cabrera.
Por la defensa pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participó la secretaria letrada de Coordinación y Apoyo Jurisdiccional, Iris Garzón; por el Ministerio Público Tutelar participó la secretaria general de Gestión, Pilar Molina.