El día de ayer se llevó a cabo por videoconferencia el segundo y último encuentro de la capacitación “Mujeres imputadas en contextos de violencia o vulnerabilidad. Hacia una teoría del delito con enfoque de género”, organizada de manera conjunta entre el Ministerio Público de la Defensa de Argentina y la Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur (REDPO).
El segundo módulo, cuyo tema fue la criminalización de mujeres por delitos contra las personas, estuvo a cargo de la coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación (DGN), Dra. Raquel Asensio, y la Dra. Cecilia González, integrante de la comisión. Al igual que en el primer módulo realizado la semana pasada, se tomó de base la investigación que lleva el nombre de la capacitación, publicada el año pasado y realizada con el apoyo de EUROsociAL+.
Asensio centró su intervención en el contraste entre la teoría del delito tradicional y una dogmática que asuma y utilice una perspectiva de género. Sobre la primera, la magistrada afirmó que “al igual que el derecho, se presenta así misma como neutral en términos de género, como eminentemente objetiva y justa, pero esto es falso: hay un sujeto tácito normativo masculino”.
Con eso en mente, la investigación realizada por la Comisión de Género junto a otras áreas de la DGN buscó dos objetivos prioritarios, que en palabras de Asensio fueron “tratar de conocer cuáles son los sesgos de género en la teoría del delito en las causas que tienen a las mujeres como imputadas para poder luego elaborar una doctrina, poder hacer los ajustes necesarios que se adapten a las vivencias de las mujeres y de esta forma poder tener una dogmática que asegure un enfoque de género y que asegure un acceso a la justicia no discriminatorio”.
“Un hallazgo que encontramos en la investigación -compartió Asensio- fue el rol decisivo que tiene la permanencia de preconceptos sobre cómo se deben comportar las mujeres para ser consideradas “buenas madres” o “buenas esposas” o para ser consideradas una víctima real de violencia, y de qué forma esos prejuicios hacen que las investigaciones se orienten a comprobar la hipótesis que parte del pre-concepto en lugar de indagar cuáles fueron los hechos, qué rol le cupo a la mujer, qué margen de acción tuvo y cuál es la respuesta jurídica justa”.
Frente a eso, a la sacralización de la dogmática penal y a la falta de herramientas teóricas que incluyan una visión de género, Asensio subrayó que “nuestra propuesta es trabajar con un enfoque de género y aplicar una metodología legal feminista que nos da herramientas para posicionarnos y hacer dos cosas: detectar si hay sesgo de género en el abordaje de la cuestión y así ofrecer una respuesta más justa y no discriminatoria”.
En la misma línea González destacó que “Mujeres imputadas en contextos de violencia o vulnerabilidad. Hacia una teoría del delito con enfoque de género” puede ser utilizada, además de como un diálogo abierto sobre la temática, como una caja de herramientas para la defensa de casos de mujeres imputadas por delitos contra las personas. “No para hacer una aplicación automática ni acrítica, pero consideramos que los argumentos que presentamos -si bien están en construcción- son los más idóneos para realizar una defensa eficaz”, aclaró.
González subrayó que “los contextos de vulnerabilidad y de violencia son planteos idóneos para evitar la criminalización de las mujeres. No solo para cuestionar la mensuración de la pena o la modalidad de la ejecución de la pena (en donde tradicionalmente han radicado estos argumentos) si no también para cuestionar la tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad, porque en definitiva de lo que se trata no es de pedir una aplicación benévola del derecho penal sino que se trata de una discusión sobre la igualdad ante la ley”.
Al considerar esos contextos de vulnerabilidad y de violencia, González afirmó que “estamos pasando de una propuesta de defensa pasiva, que resiste la acusación fiscal, a una defensa activa que propone una teoría del caso y una interpretación de los hechos propia. Esto viene de la mano, por lo tanto, de la necesidad de construir cuál es la prueba que vamos a acompañar para acreditar esos contextos”.
El encuentro culminó con una intervención de la Dra. Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación y presidenta pro tempore de la REDPO, quien destacó que “este tipo de capacitaciones para nosotros es sumamente importante porque tienen como objetivo fundamental la incorporación de todos estos insumos en el trabajo cotidiano de defensoras y defensores. Tener los instrumentos para poder plantear sistemáticamente determinado tipo de visiones es lo que logra el cambio de la jurisprudencia”. “No es lo mismo”, reflexionó Martínez, “que un defensor particular, aislado -por mejor profesional que sea- introduzca ideas novedosas y trate de hacer cambiar una jurisprudencia (como en este caso, tradicionalmente antropocéntrica) a que lo hagan muchas defensoras y defensores que pertenecen a una institución determinada”.
“Insto a defensoras y a defensores a que apliquen estas nuevas visiones, porque un defensor público tiene que ser como la gota que horada la piedra: muchas veces pedimos algo y nos dicen que no; volvemos a hacerlo y nos dicen que no; pero poco a poco se van abriendo ventanas en la jurisprudencia y se logran cambios fundamentales”, finalizó la defensora general.
Los dos módulos de la capacitación se pueden ver en los siguientes enlaces:
