Durante la tarde ayer se presentó vía Zoom el estudio “Muerte de mujeres por razones de género - experiencias gubernamentales contra el femicidio/feminicidio en la región”, realizado conjuntamente por la Reunión Especializada de Defensorías Públicas Oficiales del Mercosur (REDPO) y la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del Mercosur (RAADH).
Al dar inicio al encuentro, la defensora general de la Nación y presidenta pro tempore de la REDPO, Dra. Stella Maris Martínez, describió al libro como “un estudio compilatorio que expone una visión panorámica de algunas de las políticas públicas de los países del Mercosur en materia de prevención, asistencia, acceso a la justicia, persecución y erradicación de la violencia hacia las mujeres, en particular la muerte por razones de género. El trabajo presenta algunos desarrollos recientes en materia de combate a la violencia basada en el género en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, introduce el enfoque de derechos humanos e interseccionalidad, e incorpora un capítulo específico sobre acceso a la justicia elaborado por la REDPO”.
Luego de las palabras introductorias de Martínez, la secretaria ejecutiva del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), Dra. Ariela Peralta, sostuvo que “el objetivo de la publicación es aportar a la discusión sobre políticas que buscan modificar una realidad urgente”. “La Convención de Belem Do Pará -afirmó- reconoce de manera expresa algo propio de esa Convención, que es el derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencia. Esa debe ser nuestra premisa fundamental”. Retomando algunas de las conclusiones que surgen de la publicación, Peralta subrayó que es necesario “subir la vara de exigencia de las respuestas estatales para combatir la situación de discriminación y promover la igualdad de género”.
La Dra. Raquel Asensio, coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación (DGN), explicó cuáles son las iniciativas que se han implementado desde la defensa pública para colaborar en la lucha contra la violencia de género y, en particular, contra su máxima expresión, el femicidio.
Antes de detallar esas iniciativas, Asensio especificó que el desafío para la defensa pública era y es “asegurar el acceso a la justicia sin discriminación”. “En ese reto -elaboró- la defensa pública se instaura como actor central a la hora de pensar el acceso a la justicia sin discriminación de mujeres víctimas de violencia. Y esto implica un desafío bastante importante: cuando hablamos de femicidio hablamos de violencia de género; cuando hablamos de violencia de género, hablamos de discriminación; y eso es lo que está atravesando todas las instituciones y ese es el problema que está detrás de estos problemas que son identificados”.
Para asegurar el acceso a la justicia sin discriminación, Asensio explicó que desde la defensa pública se generaron diversas estrategias institucionales, entre ellas: el patrocinio a víctimas de violencia de género para querellar en trámites penales (y la posterior sanción de la Ley de Derechos de las Víctimas con la creación del cargo de Defensor/a de Víctimas); la creación de la Comisión sobre Temáticas de Género y Programa de Trata de Personas; el patrocinio en causas civiles para la obtención de medidas de protección; la capacitación obligatoria en temas de género a partir del 2009; la elaboración y difusión de material sobre el tema; la colaboración en trámites legislativos y estrategias de defensa a víctimas de violencia de género acusadas en causas penales. “Se generó institucionalidad con una mirada bien precisa sobre necesidades de mujeres”, resumió.
Por último, la Dra. Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación repasó las lineas prioritarias de trabajo vinculadas a la prevención y a la erradicación de las violencias con motivos de género que lleva a cabo el organismo. Además, compartió los principales ejes de las políticas públicas llevadas a delante por el ministerio en materia de violencias, con especial énfasis en las violencias extremas. “La creación del ministerio -afirmó- implica una jerarquización de la agenda de género. El ministerio tiene como misión formular, coordinar y llevar adelante políticas públicas para garantizar el derecho de las mujeres y las personas del colectivo LGBTI+ a una vida autónoma, libre de violencias y desigualdades”.
Para ver la presentación completa de “Muerte de mujeres por razones de género: experiencias gubernamentales contra el femicidio/feminicidio en la región”, ir al siguiente enlace: https://youtu.be/fD-mzA6F6Fo
