Hoy se conmemora un nuevo aniversario de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El organismo regional se creó de forma definitiva el 30 de abril de 1948, cuando se subscribió en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA, que entró en vigencia en diciembre de 1951 y luego tuvo cuatro enmiendas.
El objetivo de esa fundación fue, como lo estipula el Artículo 1 de la Carta, lograr en sus Estados Miembros (35 en la actualidad) "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia". Según afirma el organismo, para conseguir ese propósito “se basa en sus principales pilares que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo.”
Desde el año 2011, la defensa pública de la región, a través de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), estableció con la OEA una relación fluida en búsqueda de la consecución de la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos. Ese vínculo se materializó en un conjunto de actividades entre las que se destacan los siguientes hitos:
- la realización de sesiones especiales ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP), que se desarrollan de manera ininterrumpida desde el 2012 (para acceder haga clic AQUÍ);
- la aprobación hasta la fecha de nueve resoluciones que refieren a la defensa pública como garante de acceso a la justicia (para acceder haga clic AQUÍ);
- la suscripción, en noviembre de 2011, de un Acuerdo de Cooperación General entre la AIDEF y la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA;
- la inscripción, en el año 2012, de la AIDEF ante la OEA como Organización de la Sociedad Civil, lo que posibilitó la realización de actividades de capacitación sobre protección de derechos humanos y acceso a la justicia de grupos vulnerables en la región;
- el trabajo de la AIDEF con el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, que dio lugar a la elaboración de los “Principios y Directrices de la Defensa Pública” y al proyecto de otro próximo documento vinculado con la defensa de los derechos de personas en contexto de movilidad humana.
Novena sesión especial
En coincidencia con la fecha del aniversario, hoy la CAJP del Consejo Permanente de la OEA realizó de manera virtual la “Novena sesión especial sobre buenas prácticas destinadas a garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en defensa de sus derechos humanos que realiza cada institución de defensa pública oficial de la región”.
En ese marco, representantes de las instituciones públicas oficiales de asistencia jurídica de los Estados Miembro, integrantes de la AIDEF, expertos del sector académico y de la sociedad civil, así como de las organizaciones internacionales trataron sobre los desafíos para garantizar el acceso a la justicia con un abordaje intercultural para el goce efectivo de todos los derechos humanos de los pueblos indígenas, en especial sus derechos económicos, sociales y culturales.
La defensora general de la Nación, doctora Stella Maris Martínez, en su calidad de coordinadora general de la AIDEF, participó del panel de expositores. Allí Martínez identificó a los pueblos indígenas como “un grupo en situación de vulnerabilidad social que requiere de medidas de protección especiales que garanticen y hagan efectivos sus derechos humanos” y repasó distintas iniciativas de la defensa pública de Guatemala y Argentina destinadas a proteger los derechos humanos este sector de la población.
En su exposición, la coordinadora general de AIDEF sostuvo que “la negación y/o el desconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas deriva en el incumplimiento de sus derechos y en su marginación social y jurídica.” En ese sentido, alentó a “asumir la necesidad de la interculturalidad, del reconocimiento de los derechos a la propiedad comunitaria, a la consulta y participación, a la diversidad cultural, y a un acceso a la justicia culturalmente adecuado.” “Para ello, el trabajo de las defensorías públicas de la región es decisivo, con el añadido fundamental de que esa labor no puede limitarse al litigio: debemos perseverar en la transformación de nuestras propias estructuras mentales, ajustar nuestras propias perspectivas y comprometernos en la difusión, concientización y puesta en práctica de los derechos que la Ley Fundamental de cada uno de los países y el Derecho Internacional les garantiza”, concluyó.