Durante la mañana de hoy se realizó una reunión (virtual) de validación entre representantes de la Defensoría General de la Nación (DGN) y del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, además de defensores públicos de víctimas, con el fin de establecer un protocolo de funcionamiento y un reglamento para la futura implementación del Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional (SIRCAIVI).
Se trata de un diseño institucional que surge de la “Guía regional de atención integral a víctimas de violencia institucional en las prisiones de América Latina”, elaborada por los expertos internacionales del Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, Profs. Iñaki Rivera Beiras y Alejandro Forero Cuéllar -ambos presentes en la reunión-, en el marco de un proyecto de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) que contó con el apoyo para su ejecución del Programa EUROsociAL+.
Dicha guía -adoptada por la defensa pública argentina en mayo de 2020- apunta a fortalecer las capacidades institucionales de los organismos de defensa pública de la región para garantizar el acceso a la justicia ante casos de violencia institucional.
El SIRCAIVI, tal como está planteado en la Guía, permitirá: “fortalecer a la institución de la Defensoría Pública; documentar la violencia institucional carcelaria; diagnosticar el fenómeno de manera general, así como detectar problemáticas específicas; hacer un seguimiento de los casos y de los procesos administrativos y judiciales; reforzar la colaboración interinstitucional; solicitar medidas de protección y de responsabilización; reforzar el acceso a la justicia y mantener informada a la víctima; y elaborar Informes periódicos según múltiples categorías y variables”.
Durante el encuentro, y antes de validar formalmente el proyecto de reglamento y de protocolo de funcionamiento del Sistema, la defensora general de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, destacó que “sin el apoyo de Eurosocial este programa tan ambicioso no hubiera llegado a buen puerto. Es un proyecto que creo que va a ser importantísimo para nuestro país y que seguramente se va a replicar a nivel provincial y regional”.
Martínez expuso que, dentro de una problemática tan compleja como la violencia institucional carcelaria, se ha avanzado bastante a partir de la habilitación de las y los defensores públicos de víctimas, y planteó como desafío la formación de “un entramado para lograr la atención integral de las víctimas de violencia institucional” en la que se entrelacen recursos federales y provinciales.
“El Sistema”, complementó el Dr. Luciano Hazán, a cargo del Programa Contra la Violencia Institucional de la DGN, “va a mejorar la respuesta del Ministerio Público de la Defensa (MPD), permitiendo que los pasos que en el Programa registramos internamente para cada caso sean más fácilmente visibles para todos los ámbitos del MPD”.
En la reunión, además de la validación y del intercambio de ideas acerca de los siguientes pasos a seguir, hubo lugar para palabras elogiosas tanto de parte de la defensora general como de parte de los expertos para las y los integrantes del equipo de trabajo de la DGN. Además del mencionado Hazán, el equipo está compuesto por: el defensor público oficial (DPO) a cargo de la Defensoría Pública Oficial Adjunta N° 2 ante la Cámara Federal de Casación Penal y co-titular de la Comisión de Cárceles, Guillermo Todarello; por el DPO a cargo de la Coordinación General de Programas y Comisiones, Gustavo Iglesias; por el DPO Adjunto (Int.) y co-titular del Programa Contra la Violencia Institucional, Nicolás Laino; por el secretario letrado integrante de la Comisión de Cárceles, Leandro Destéfano –quien intervendrá en el desarrollo del proyecto en caso de ausencia de Todarello–; por la secretaria letrada a cargo de la Comisión sobre Temáticas de Género, Raquel Asensio; por el secretario letrado a cargo de la Unidad de Relaciones Institucionales en el Ámbito Internacional, Sebastián Van Den Dooren; por la jefa de departamento a cargo del Programa de Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad, Analía Alonso; y por el prosecretario letrado a cargo del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos, Pablo Rovatti.
Con la validación tanto del protocolo de funcionamiento como del proyecto de reglamento, el escenario queda listo para llevar adelante la siguiente etapa del proyecto, que implica la creación del Sistema y sus elementos estructurales, la elaboración de los materiales que conformarán los módulos de formación, una posible prueba piloto en una jurisdicción a determinar y la organización y realización de jornadas de presentación pública del Sistema en Argentina.
