La defensora general de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, presentó ayer ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público el informe de gestión de 2020 del Ministerio Público de la Defensa (MPD). Se trató de una exposición que describió la labor de la institución durante ese período, marcado por la pandemia por COVID-19 que provocó una crisis sanitaria, económica y social que afectó de manera especialmente grave a los grupos más vulnerables de la sociedad.
EXPOSICIÓN DE LA DRA. STELLA MARIS MARTÍNEZ
Durante su exposición, la defensora general dio cuenta del modo en que debieron rediseñarse las formas de trabajo y adaptarse procesos existentes, a través del trabajo remoto con el complemento de guardias en las dependencias, con el objetivo de continuar prestando el servicio de defensa pública de manera eficaz en el contexto del aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.
La titular del MPD señaló algunos hitos de las relaciones institucionales a nivel internacional del organismo durante 2020, entre los que se destacan su elección, por segunda vez, como coordinadora general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) por un período de dos años; y, en el marco de esa misma asociación, la creación de una Red regional de asistencia jurídica a personas migrantes y refugiadas, con el apoyo del programa Eurosocial+ de la Unión Europea. Asimismo, se menciona un proyecto, con financiación de las Naciones Unidas, para capacitar a médicos y psicólogos forenses en el uso de los Protocolos de Estambul y de Minnesota para casos de violencia institucional que resulten en lesiones y/o muerte de individuos.
Desarrolló también la Dra. Martínez los aspectos más relevantes de la ejecución presupuestaria del organismo, las obras realizadas para readecuar dependencias y la compra de nuevos inmuebles. Por otra parte, destacó que “aún está pendiente desde 2019 la entrega por parte del Ministerio de Justicia de los servidores que nos iban a ser provistos con la implementación de nuevo Código Procesal. Sin servidores no podemos almacenar todas las audiencias que se celebran", destacó. Ante ello, el senador Doñate le aseguró que desde la Comisión se intercederá para que el Ministerio de Justicia cumpla con su compromiso, a través del envío de una nota formal.
Además, manifestó que "el presupuesto vigente para 2021, si bien no satisface todas las necesidades reales de nuestro organismo, subsanó el déficit generado en 2020 por falta de presupuesto. Y permite continuar con la adquisición de inmuebles para reemplazar alquileres".
Sobre la estructura y los recursos humanos, sostuvo que el MPD se encuentra en una situación crítica dado que, del total de defensorías habilitadas, hay 43 sin magistrados o magistradas titulares. “Hay provincias como Santiago del Estero donde no hay magistrado/a titular y las dependencias están a cargo de funcionarios/as, eso no es bueno. Necesitamos que se acelere el nombramiento de los cargos que aún siguen vacantes", señaló Stella Maris Martínez.
En cuanto al techo de cristal que existe para que las mujeres puedan acceder a cargos de liderazgo, la defensora general señaló que 8 de cada 10 ternas que el MPD envió al Poder Ejecutivo fueron mixtas, sin embargo, solo fueron designadas las mujeres en el 33% de las oportunidades.
"Sería interesante que el Ministerio de Justicia, al elevar las ternas al PEN, también le elevara al presidente un mapa de género de los magistrados de cada jurisdicción. Y el presidente puede autolimitarse diciendo que evaluará esa circunstancia", analizó Stella Maris Martínez
Otras iniciativas destacadas en su presentación se vincularon con diseño y ejecución de políticas institucionales que realizaron los programas y comisiones de la DGN para permitir el acceso pleno a la justicia de sectores especialmente vulnerables. Algunas de las políticas que se nombran son el relevamiento de casos de Covid-19 en diferentes instituciones de Niños, Niñas y Adolescentes; acciones para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia de género; la intervención de la DGN a raíz de los incidentes ocurridos en la Unidad de Detención de Devoto, durante el mes de abril de 2020, que dieron origen a una mesa de diálogo interdisciplinaria con los detenidos; las 214 querellas que se tramitaron durante el 2020 en patrocinio de víctimas de delitos; la participación en mesas de resolución de conflictos territoriales con los pueblos originarios; el comienzo de la implementación de un sistema de registro, comunicación y atención a víctimas de violencia institucional carcelaria; el control legal sobre las internaciones por salud mental y la intervención en institucionalizaciones que se prolongan debido a problemáticas de índole social y habitacional; y las tareas de orientación legal, acceso a la información y derivación que realizó el Equipo de Trabajo en Acceso a Justicia (Acceder) en más de 20 Centros de Acceso a Justicia, parroquias y centros cívicos.
También hizo referencia a logros obtenidos durante 2020 en el ámbito internacional. Allí se destacó la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino, a partir de denuncias realizadas por la DGN, en el caso “Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina”, por violación de los derechos a la libertad personal, a la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial.
A su vez, en lo que hace a la actividad de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia, la defensora general informó a la Comisión que en el contexto de pandemia las actividades educativas presenciales se reemplazaron por cursos virtuales a través del Web Campus institucional, en el que se organizaron 172 encuentros, destinados al personal de las dependencias de todo el país, que tuvieron 8945 inscritos. Dos hitos importantes de 2020 en materia de capacitación fueron el lanzamiento de un curso sobre género con el que se da cumplimiento a la Ley Micaela dentro del MPD, y varias actividades relacionadas con la implementación del CPPF.
Finalmente, la titular del organismo resaltó “la labor encomiable que desarrollan las distintas defensorías de todo el país, en base al compromiso que se renueva diariamente de cara a la protección de los derechos de sus asistidos” y se compromete a continuar brindando un servicio de defensa eficaz y de calidad para todos y todas.
PREGUNTAS EFECTUADAS POR PARTE DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN BICAMERAL A LA DEFENSORA GENERAL DE LA NACIÓN
La diputada nacional Mara Brawer fue la que comenzó con el ciclo de preguntas para la Dra. Martínez. En el marco de la pandemia, Brawer quizo saber ¿Cuáles fueron las acciones que se hicieron o se van a hacer para facilitar la comunicación entre los detenidos y los defensores?".
"En general, no tenemos problemas de comunicación porque los defensores se pueden comunicar por videoconferencia o por teléfono. Además, también se ha habilitado el correo electrónico", respondió la doctora Stella Maris Martínez.
Al momento de usar la palabra, la diputada Vanesa Siley hizo referencia a la denuncia presentada por el Ministerio Público de la Defensa ante en el Consejo de la Magistratura sobre los magistrados Anzoátegui y Rizzi, así fue que consultó cuál fue la necesidad y el objeto de la denuncia.
“La sentencia tiene gravísimos errores, hay un abuso de poder de los jueces porque se expiden sobre un tema que no estaba sometido a su jurisdicción, nada tenía que ver la interrupción del embarazo. No pueden utilizar una sentencia para emitir opinión sobre algo que no era llevado a su conocimiento”, respondió Martínez.
Además, detalló "los jueces incurrieron en prácticas revictimizantes, constitutivas de un trato cruel, inhumano y degradante, además de discriminatorio" y calificó la actitud de los jueces como "una falta de respeto a la víctima" y sentenció: "esto no puede dejarse pasar".
A partir de ello, la diputada Graciela Ocaña consultó si a partir de la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿ha habido actuaciones por parte de la defensoría con respecto a la negación a este derecho?", a lo que Martínez respondió que "en el ámbito provincial no tenemos intervención, pero en CABA no tuvimos noticias de obstáculos o negación a la ley", argumentó Martínez.
La diputada Ocaña, también hizo referencia a la situación de las personas adultas mayores y consultó cómo era la intervención que ejercía el MPD en esa temática. “El MPD tiene competencia federal en temas vinculados a la salud de las personas adultas mayores y para eso están los defensores públicos oficiales representándolos en la etapa administrativa y luego, en la medida que sea necesario en sede judicial”, contestó la defensora general.
A su turno, la senadora Silvia Elías de Pérez, consultó sobre cuáles han sido los delitos que han aumentado desde la pandemia". "Nuestra percepción es que en el año pasado disminuyeron mucho los delitos en general. Pero aumentaron claramente los casos de violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia sobre niños y violencia de los hijos sobre sus padres ancianos", advirtió la doctora Martínez.
Para finalizar, la diputada nacional por la provincia de Salta, Alcira Figueroa, quiso saber cómo es el trabajo que desarrolla la DGN en relación con los pueblos originarios. “Tenemos un programa de diversidad cultural de intervenimos e interactuamos con todas las comunidades originarias. Me parecería extraordinaria de posibilidad de contar facilitadores, no solo del lenguaje, algo que es obligatorio, sino también de sus costumbres”, dijo Martínez.
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