En el marco del XIV Congreso sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se realiza de manera virtual, pero centralizado en la ciudad de Kioto, Japón, y que organiza la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la defensora general de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, participó ayer del evento especial “Acceso igualitario a la justicia para todos y todas”. Allí afirmó que “el rol de la defensa pública en la construcción de la democracia es lograr el respeto de los derechos humanos de todos y de todas.”
Este congreso, que se realiza cada cinco años en distintos países integrantes de la ONU desde 1955, es la mayor conferencia internacional en el ámbito de la prevención del delito y la justicia penal. En él la ONU reúne a representantes de alto nivel de organizaciones gubernamentales, internacionales, de la sociedad civil, así como a profesionales de la justicia penal y académicos para discutir, compartir experiencias y buscar soluciones concernientes a la prevención del delito y a la justicia penal. Si bien la defensora general había sido invitada a exponer de manera presencial en Japón en la fecha inicialmente establecida (abril de 2020), la situación de pandemia provocó que se pospusiera el evento hasta marzo de este año y que su modalidad fuera remota.
En esta oportunidad, el encuentro contó con la presentación de Ghada Fathi Waly, directora ejecutiva de ONUDD, quien durante la inauguración del evento afirmó que “la globalización ha agravado las vulnerabilidades locales”.
En su intervención, Martínez, quien en la actualidad es también la coordinadora general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), expuso sobre la función del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina y el rol que cumplen, con sus diversas características, las defensorías públicas de América para lograr el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables.
“Nuestro trabajo, es muy grande y muy importante […] trabajamos en el ámbito tanto de la justicia penal como en el ámbito no penal (civil, administrativo, laboral)”, señaló. Martínez detalló: “ante la justicia penal, siempre que un acusado precisa un abogado y no nombra a un abogado particular, automáticamente va a ser asesorado por un defensor público en todas las instancias, desde el inicio de la causa hasta la etapa del cumplimiento de pena, si hay pena.”
Sobre el trabajo de la defensa pública en el ámbito de la justicia no penal, la defensora dijo que, si la persona asesorada se encuentra en situación de pobreza, “el Estado le garantiza el patrocinio mediante nuestra institución.” “Este patrocinio es sumamente activo sobre todo cuando se refiere a personas especialmente vulnerables (adultos mayores, personas que tienen algún tipo de jubilación o pensión estatal). Este es un trabajo que, para preservar la vida, la salud y los ingresos de las personas más vulnerables, realizan con gran esfuerzo todos nuestros defensores.”
Para el caso de la Defensa Pública de Argentina, Martínez describió el sistema que se aplica para abordar los casos de las personas en situación de vulnerabilidad: “Esto se organiza mediante un modelo de programas y comisiones que funcionan dentro del ámbito de la Defensoría General de la Nación, que es el órgano rector del Ministerio Público de la Defensa, y allí trabajamos de manera especializada con migrantes, refugiados, refugiadas y también con apátridas. También trabajamos con personas con problemas de salud mental, con niños, niñas y adolescentes, tenemos un trabajo especializado para las víctimas de violencia institucional, para los pueblos aborígenes y también trabajamos fuertemente en la protección de las víctimas de delitos.” La defensora general resaltó especialmente el compromiso de la defensa pública con los derechos de las mujeres y con garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia género.
Al hablar del trabajo de la defensa pública a nivel regional, Martínez afirmó: “para nosotros es sustancial el modelo de trabajo en red.” De ese modo, destacó la importancia del intercambio de buenas prácticas, información, ayuda y capacitación que refuerce el trabajo de la defensa.
“Otra característica que tiene la Defensa Pública de la República Argentina y algunas de las defensas del resto de los países es que […] podemos llevar los casos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Sistema universal de protección de los derechos humanos”, explicó. Y agregó que esta facultad de poder demandar al propio Estado en el ámbito internacional “permitió conseguir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sumamente claras en punto a fijar estándares en temas que hacen al respeto de los derechos humanos.” La defensora contó que este panorama llevó a que la Organización de Estados Americanos reconozca a las defensorías públicas como garantes de los derechos humanos en la región.
Para concluir, Martínez instó para que se concrete la conformación de una red internacional de prestadores de asistencia jurídica, lo que, según dijo, “es definitivamente fundacional para una defensa pública de alta calidad.”
Participaron del evento, junto a la Dra. Martínez y a la Directora de la ONUDD, el Procurador General de la República de Sudán, Hon. Tag I-Sir el-Hibir; la ex Procuradora General y Ministra de Asuntos Exteriores de Bahamas, Hon. Allyson Gibson; el Lord Chancellor y Secretario de Justicia del Reino Unido, Hon. Robert Buckland; y la Presidenta del Grupo de Expertos sobre Personas Afrodescendientes, Dominique Day, entre otras/os especialistas en la materia.
Se espera que, tras las deliberaciones entre los/as representantes de los estados, se adopte la Declaración de Kioto, en cuyo proceso de elaboración el Ministerio Público de la Defensa realizó aportes en las cuestiones referentes al acceso a la asistencia jurídica gratuita y a la justicia. Dicha Declaración fijará las prioridades de la agenda de las Naciones Unidas en lo que hace a la prevención del delito y la justicia penal para los próximos cinco años.
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