La defensora general de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, presentó ayer ante el Congreso el informe de gestión de 2020 del Ministerio Público de la Defensa (MPD). Se trata de un documento que expone la labor de la institución durante ese período, marcado por la pandemia por COVID-19 que provocó una crisis sanitaria, económica y social que afectó de manera especialmente grave a los grupos más vulnerables de la sociedad.
Luego de realizar un repaso de las características institucionales del MPD, el informe da cuenta de la necesidad de rediseñar las formas de trabajo, desarrollar nuevas actividades y adaptar procesos existentes, a través del trabajo remoto con el complemento de guardias en las dependencias, con el objetivo de continuar prestando el servicio de defensa pública de manera eficaz en el contexto del aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio.
Frente a ese contexto, también se destaca que el MPD buscó reforzar los vínculos con la comunidad, a través de formas de comunicación fluida y al alcance de todos y todas, para difundir con lenguaje claro y llano las actividades del MPD. De ese modo, se subraya la labor de promoción, a través las redes sociales de la institución, de actividades, comunicados y diversas campañas dirigidas a la comunidad con el fin de garantizar el más amplio acceso a la justicia, como medio fundamental para proteger los derechos humanos. En ese marco, también señala como “un avance de gran utilidad” a la campaña “Defensa Pública. Garantía de Acceso a la Justicia”, al Plan de Comunicación Institucional y a la nueva identidad del organismo, que quedó plasmada en su sitio web.
Algunos hitos señalados de las relaciones institucionales a nivel internacional del organismo durante 2020 son la elección de Stella Maris Martínez, por segunda vez, como coordinadora general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) por un período de dos años; y, en el marco de esa misma asociación, la creación de una Red regional de asistencia jurídica a personas migrantes y refugiadas. Asimismo, se menciona un proyecto, con financiación de las Naciones Unidas, para capacitar a médicos y psicólogos forenses en el uso de los Protocolos de Estambul y de Minnesota para casos de violencia institucional que resulten en lesiones y/o muerte de individuos.
El informe califica al año 2020 como “de enorme trascendencia para el Ministerio Público y para los derechos de las víctimas, ya que se designaron por primera vez a los/las defensores/as público/as de víctimas, en cumplimiento de la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delito.” También hace mención al desarrollo de acciones vinculadas a la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en la Jurisdicción de Salta y a su futura implementación en Mendoza y Rosario; y a la recomendación emitida a las/os magistradas/os y/o defensoras/es coadyuvantes para que promuevan la aplicación de las normas del CPPF que se implementaron durante 2020.
Acerca de la actividad parlamentaria vinculada con la defensa pública, en el Informe Anual del MPD se destaca la participación de sus integrantes en los debates sobre el proyecto de ley de organización y competencia de la justicia federal con asiento en CABA y en las provincias; asimismo, la realización de un análisis crítico de la ley de drogas (23.737) y de propuestas de modificaciones; además, el diálogo fluido con la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación.
Otras iniciativas destacadas en el documento se vinculan al diseño y ejecución de políticas institucionales que realizaron los programas y comisiones de la DGN para permitir el acceso pleno a la justicia de sectores especialmente vulnerables. Algunas de las políticas que se nombran son el relevamiento de casos de Covid-19 en diferentes instituciones de Niños, Niñas y Adolescentes; acciones para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia de género; la intervención de la DGN a raíz de los incidentes ocurridos en la Unidad de Detención de Devoto, durante el mes de abril de 2020, que dieron origen a una mesa de diálogo interdisciplinaria con los detenidos; las 214 querellas que se tramitaron durante el 2020 en patrocinio de víctimas de delitos; la participación en mesas de resolución de conflictos territoriales con los pueblos originarios; el comienzo de la implementación de un sistema de registro, comunicación y atención a víctimas de violencia institucional carcelaria; el control legal sobre las internaciones por salud mental y la intervención en institucionalizaciones que se prolongan debido a problemáticas de índole social y habitacional; y las tareas de orientación legal, acceso a la información y derivación que realizó el Equipo de Trabajo en Acceso a Justicia (Acceder) en más de 20 Centros de Acceso a Justicia, parroquias y centros cívicos.
También se hace referencia a logros obtenidos durante 2020 en el ámbito internacional. Allí se incluye la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino, a partir de denuncias realizadas por la DGN, en el caso “Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina”, por violación de los derechos a la libertad personal, a la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial. También se menciona un Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana en el caso “Ramos Rocha y familia vs. Argentina”, para garantizar una vivienda que resulte adecuada a la situación de discapacidad que posee una de las hijas de la familia; y la suspensión de una orden de expulsión contra una mujer migrante, en resguardo de los derechos de sus hijos, que se logró a partir de una medida provisional adoptada por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Donde el balance resulta negativo para el MPD es en el aspecto presupuestario. El informe asegura que en 2020 sufrió una “pérdida equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de los recursos operativos” por no contarse con una Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos, sino con una prórroga del presupuesto 2019. Según el informe, la asignación de recursos “no reflejó las necesidades de este Ministerio Público, sumado a mayores gastos por la prevención del coronavirus, fue uno de los años más difíciles desde el punto de vista presupuestario.” También se informa que se ejecutó el 99 % del crédito asignado y que gracias al refuerzo presupuestario se llevaron adelante licitaciones para la adquisición de equipamiento informático; asimismo, se informa que finalizaron varias obras de reciclado y ampliación de los inmuebles del interior del país y en CABA.
Sin embargo, el contexto económico sumado a la emergencia sanitaria no redujo los esfuerzos de la institución en brindar capacitación permanente de sus integrantes. Las actividades educativas presenciales se reemplazaron por cursos virtuales a través del Web Campus institucional, en el que se organizaron 172 encuentros, destinados al personal de las dependencias de todo el país, que tuvieron 8945 inscritos. Dos hitos importantes de 2020 en materia de capacitación fueron el lanzamiento de un curso sobre género con el que se dio cumplimiento a la Ley Micaela dentro del MPD, y varias actividades relacionadas a la implementación del CPPF.
Finalmente, el organismo resalta “la labor encomiable que desarrollan las distintas defensorías de todo el país, en base al compromiso que se renueva diariamente de cara a la protección de los derechos de sus asistidos” y se compromete a continuar brindando un servicio de defensa eficaz y de calidad para todos y todas.
Haga clic en el siguiente enlace para acceder al documento completo: https://www.mpd.gov.ar/index.php/biblioteca-mpd-n/memoria-institucional